El PP endurece su política migratoria y pide un “plan de choque” para repatriar niños
El partido asegura que lo mejor para el menor es volver con sus familias y mantiene que su propuesta es una vía para luchar contra las mafias
Apenas 24 horas después de firmar un pacto en Andalucía con Vox, partido que ha hecho bandera de la lucha contra la inmigración ilegal, el PP presentó este jueves una proposición no de ley (PNL) en el Congreso que reclama “un plan de choque” para “acelerar” la devolución a sus países de los menores que migran solos. El PP considera que “como mejor” están esos niños es con sus familias, independientemente de las causas y de quiénes los han empujado a irse. El partido asegura que su propuesta es una vía para luchar contra las mafias.
El líder del PP, Pablo Casado, ya había sugerido la semana pasada durante su visita a Ceuta y Melilla dejar de abordar la llegada de menores inmigrantes exclusivamente desde una perspectiva social para poder devolverlos a sus países. La propuesta presentada este jueves por el PP, ahonda en esa idea y busca una “llamada de atención” al Gobierno sobre un “sistema que no funciona”, mantiene su autor, el diputado Carlos Rojas.
El documento afirma que las mafias apartan a los menores de sus familias y los utilizan como “reclamo para conseguir la repatriación familiar”. El texto, sin embargo, no cita las diversas circunstancias que llevan a los menores a huir solos. Son muchos los padres que pagan el pasaje de sus hijos en patera porque entienden su partida como un proyecto migratorio colectivo y una forma de prosperar en su país. Otros niños, en situación de exclusión social, se marchan a escondidas de su familia. Y otros huyen de sus padres. Rojas entiende que “como mejor está el menor es en su país con su familia”.
El PP insta al Gobierno a potenciar los convenios con los países de origen para “asegurar una buena reagrupación familiar” y pide una mayor dotación para las delegaciones de Gobierno y el ministerio fiscal para trabajar en las repatriaciones. La propuesta demanda también el diseño de un “registro nacional” que recoja toda la información de los menores extranjeros no acompañados, un sistema que ya existe.
En 2017, con el PP en el Gobierno, el número de menores inmigrantes atendidos en España creció un 60% y llegó a 6.414 niños, el mayor aumento desde 2012. Pero ha sido en 2018 cuando la migración infantil ha expuesto las carencias de los servicios de protección, especialmente en Ceuta y Melilla y en Andalucía, por ser las principales puertas de entrada de los inmigrantes. El 31 de septiembre de 2018 se contabilizaban unos 11.100 menores extranjeros en España, de los que cerca de un 70% son marroquíes. El número, según las organizaciones que trabajan con estos niños, está sobredimensionado.
En 2017 la fiscalía ejecutó apenas cinco retornos de menores no acompañados, un dato que revela la dificultad para ejecutarlos. La ley y la jurisprudencia ofrecen las máximas garantías al menor y los países de origen no colaboran en las readmisiones.
El Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en promover la reagrupación familiar de menores de Marruecos, país con el que existe un acuerdo de cooperación para el “retorno concertado” de los niños. El convenio se firmó con un Ejecutivo socialista en 2007 y se aprobó en 2013 cuando gobernaba el PP, pero nunca se aplicó por la falta de colaboración de las autoridades marroquíes.
La Secretaría de Migraciones negocia con Marruecos la activación del acuerdo para comenzar a devolver niños a sus familias. En el propio organismo se asume que si esta iniciativa arranca su resultado será más simbólico que cuantitativo. Servirá, entienden, como mensaje, pero reconocen que no resolverá la situación de los centros saturados.
Tras la divulgación de la propuesta del PP, la ONG Save the Children ha defendido la necesidad de estudiar el interés del menor caso por caso. “La realidad nos muestra que para muchos de los niños volver a su país no es una solución posible, al haber tenido que huir de persecuciones o situaciones de violencia”, afirmó la organización. “En estos casos su protección deberá de ser garantizada en España”. El popular Rojas coincide en estudiar cada caso individualmente, pero apuesta por promover “el mayor número de repatriaciones posibles”.
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