Vox arranca al PP compromisos sobre familia, educación, inmigración y el fin de la ley de memoria histórica

El PP asume parte del discurso de Vox. Y Vox rebaja sus posiciones de máximos, que habían provocado el rechazo de los populares y Ciudadanos. El acuerdo entre las dos formaciones, firmado este miércoles por la tarde, permitirá la investidura de Juan Manuel Moreno y garantiza el pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos.

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Con un lenguaje deliberadamente ambiguo, como suele suceder en este tipo de pactos políticos, el Partido Popular asume buena parte del discurso de la formación de Santiago Abascal en áreas como economía, educación, familia, cultura y memoria histórica —cuya ley acuerdan derogar para sustituirla por una de "concordia"—, pero a la vez rebaja el lenguaje inflamado y las medidas más excéntricas propuestas por Vox en los últimos días como la derogación de la ley de violencia de género y la de igualdad. El acuerdo no hace ninguna mención a la idea de celebrar el Día de Andalucía el 2 de enero para conmemorar la culminación de la Reconquista con la Toma de Granada y la expulsión de los musulmanes en lugar del 28 de febrero, fecha del referéndum del primer Estatuto de Autonomía. Tampoco se incluye la supresión de las subvenciones a las asociaciones islámicas, un punto que expertos en derecho consideran claramente inconstitucional. Se cae también la expresión de PIN Parental para referirse a la autorización expresa de los padres para que los hijos puedan recibir formación en aspectos “con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. Pero parte del discurso de Vox —y una fotografía para la historia— está ahí.

Educación. Las propuestas sobre esta materia apuestan por “garantizar el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos”, pero limitan esta medida a la formación no reglada. El documento afirma así que los progenitores podrán decidir que sus hijos no participen en actividades complementarias o extraescolares. Pero esa decisión contrasta con las pretensiones de Vox, que quería que los padres pudieran vetar que sus hijos participaran en la educación reglada en todo tipo de en enseñanzas, charlas, talleres o actividades que, según la formación de extrema derecha, tuvieran una “carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”.

Además, el partido de Abascal renuncia a que los “centros de formación no difundan ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”. Esa idea se esfuma del acuerdo. También desaparece la idea de que la Junta preste asistencia legal y económica a los andaluces que residan en otras comunidades y que “se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional”. Ambos aceptan, en cambio, eliminar las zonas educativas para “garantizar la libertad de los padres para escoger el centro educativo”, así como trabajar para “garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada —sin especificar si la segregación por sexos se defenderá también en el sistema público, como quería Vox—. A su vez, Vox y PP acuerdan impulsar el Bachillerato concertado.

Familia. Uno de los ejes centrales del discurso de Vox es la familia y eso se refleja claramente en el acuerdo, que prevé crear una Consejería de Familia y desarrollar un plan regional de adopción —como planteó la formación ultra—, así como fomentar la natalidad a través de la ampliación de la gratuidad educativa de los 0 a 3 años, la extensión de la red de guarderías y beneficios fiscales a las familias, “en especial a las numerosas”. Vox pretendía introducir "amplias desgravaciones fiscales proporcionales al número de hijos” y “promover de manera transversal en todos los organismos y políticas una perspectiva pro-familia y pro-natalidad”.

Inmigración. Vox rebaja el tono contra los inmigrantes irregulares en la versión final de su acuerdo con el PP. La formación de ultraderecha ha reducido sus exigencias a dos puntos genéricos, en los que se contempla el compromiso de “cumplir la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas”. En sus exigencias iniciales, Vox asociaba el efecto llamada a “ayudas a los inmigrantes”, una relación que “ni la literatura empírica ni las características del Estado del bienestar español” confirman, según mantiene el último Anuario de la Inmigración del centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. En Andalucía, en 2016, los inmigrantes, los refugiados y las minorías étnicas no suponían más del 7% de los beneficiarios de los servicios sociales, según estadísticas de la Junta.

Aun cuando la Junta de Andalucía no tiene competencias en materia migratoria, el acuerdo asume también el compromiso de “apoyar material, humana y documentalmente” a las fuerzas de seguridad del Estado en su tarea de protección de las fronteras, que garantice "una inmigración ordenada, legal, respetuosa" con la cultura occidental y vinculada siempre al mercado laboral. Vox y el PP acuerdan también, sin más detalle, luchar contra el turismo sanitario. El texto ya no contempla la exigencia de que la Junta colabore con la Policía Nacional para identificar y después expulsar a 52.000 inmigrantes irregulares. La medida, inocua pues la identificación de inmigrantes ilegales no supone su expulsión que es un procedimiento más complejo, asumía que el Sistema Andaluz de Salud debía delatar a los pacientes sin su documentación en regla.

La idea de Vox surgió de una petición del sindicato policial UFPOL que demandó en diciembre al nuevo Gobierno andaluz que facilitase las copias de los pasaportes de los 52.000 extranjeros irregulares que tienen la Tarjeta Sanitaria, a pesar de que ese documento no es imprescindible para acceder al servicio. “No se trata de expulsarlos, sino de que cualquier extranjero en nuestro país esté perfectamente identificado y facilitar nuestra labor”, detallan desde el sindicato, informa María Martín.

Cultura. PP y Vox han coincidido en “apoyar y promover las expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco o la Semana Santa. Al final del acuerdo un punto propone también una ley para apoyar la tauromaquia, “fuente de riqueza y empleo”, en su triple vertiente: “dehesa, patrimonio histórico y artístico”. En otro apartado se apuesta por reconocer la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento del medio rural y la conservación de la fauna y los espacios naturales. Cae aquí la exigencia de una “ley de protección de la caza” contemplada en las demandas iniciales.

Economía. El área económica y fiscal es el ámbito de mayor coincidencia entre Vox y PP, y también Ciudadanos, y no en vano es el aspecto del acuerdo firmado este miércoles que se parece más al documento de máximos presentado por Vox. Ambos partidos —y en esto Ciudadanos también está a favor— han pactado impulsar una reforma fiscal que contemple bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. También acuerdan rebajar, aunque sin dar cifras, el tramo autonómico del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio. La propuesta de Vox en este punto era reducir el IRPF de modo que la suma del tramo estatal y el tramo autonómico no alcanzase el 45% y bajar al 0% el Impuesto sobre el Patrimonio.

El pacto contempla “revertir la subida” del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La exigencia inicial de Vox era la reducción del tipo de este gravamen al 0,5% (en la actualidad es 1,5%). El resto de medidas económicas del pacto PP-Vox tienen un carácter genérico: dice que el “objetivo prioritario” de la Junta será crear “empleo de calidad” y expresa un “compromiso” inconcreto con “la estabilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia financiera”, como principios rectores de la gestión. También se habla de “abrir los planes de empleo a la colaboración público-privada”, apoyar a las pymes y “bonificar la cuota de autónomos”.

Sanidad. El pacto PP-Vox dedica seis de sus 37 puntos a la política sanitaria, con notables guiños al movimiento de la marea blanca de profesionales sanitarios que salieron a protestar contra las políticas del Gobierno socialista de Susana Díaz. El acuerdo habla de “despolitizar el Servicio Andaluz de Salud”, limitando la libre designación de mandos intermedios —jefes de servicio y directores de hospitales y distritos sanitarios— y generalizando su elección “por mérito”. Los partidos de derecha quieren “revertir el actual modelo de subasta de medicamentos”, una de las medidas estrella de la sanidad andaluza para rebajar el gasto sanitario, de modo que Andalucía se incorpore al sistema de compra centralizada del Gobierno central. Otra medida de recentralización es la idea de facilitar el uso de una “tarjeta sanitaria única” en todas las comunidades. Los partidos plantean, también de manera genérica, un plan de mejora de la sanidad pública, para reducir las listas de espera, acabar con el colapso en las urgencias y mejorar la atención primaria. El pacto incluye el único punto que Vox llevaba en su documento de exigencias en materia sanitaria: reforzar las unidades de cuidados paliativos y las unidades del dolor. Detrás de esta idea subyace un motivo ideológico: poner freno a los avances hacia la eutanasia.

Medios de comunicación. Vox hacía hincapié en “liberalizar” la concesión de licencias de radios y televisión, así como reducir, al menos, un 50% el coste de la Radiotelevisión Andaluza (RTVA) y eliminar tres de los cuatro canales televisivos “garantizando su neutralidad política e ideológica”. El pacto mantiene la línea marcada. Apuesta así por auditar que se cumplen los requisitos fijados en las concesiones de licencias ya dadas y se compromete a asegurarse que las nuevas siguen los criterios de “profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia del poder político”. A su vez, el acuerdo prevé reducir el gasto de RTVA, así como “garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa”.

Violencia de Género. La formación de ultraderecha ha rebajado sobre el papel sus pretensiones en cuanto al movimiento feminista y a los derechos de las mujeres. En su acuerdo con el PP no hay ni rastro de su intención de derogar la ley andaluza de violencia de género (aprobada con un amplio consenso y con el respaldo del PP) para sustituirla por una ley de violencia doméstica. La puesta en duda de la existencia de la violencia de género, y de la pertinencia de las leyes que la defienden, ha abierto una brecha en el partido de Pablo Casado, que llegó a ofrecer ayudas a hombres maltratados. El líder del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, entre otros, rechazó cualquier retroceso del partido en esta cuestión: “[La violencia machista] Existe y no se puede obviar”. Del acuerdo también desaparece la revisión de la supuesta “lluvia de subvenciones a asociaciones clientelares” feministas que ha indignado a los colectivos de mujeres o la petición de eliminar la ley de igualdad o la de no discriminación de las personas LGTBI. Pero el espíritu de Vox persiste en un punto concreto que podría terminar como algo simbólico o tener mucho peso: una Consejería de Familia. Queda por confirmar si eso supondría eliminar la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y el alcance que tendría en la aplicación de políticas efectivas para la igualdad de hombres y mujeres en la comunidad. La formación de Abascal considera que “la igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas”.

Por otro lado, PP y VOX han acordado habilitar un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados “que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas”. No citan el aborto ni la ley nacional que garantiza su práctica libre durante las primeras 14 semanas de gestación. También habrá que esperar para ver cómo se materializa esa búsqueda de “alternativas” ya que la práctica y las facilidades para acceder a un aborto libre y gratuito depende de cada Gobierno autónomo, informa Pilar Álvarez.