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La ley franquista en la que se escuda Moncloa para ocultar cuánto cuestan los viajes del presidente

El Gobierno apela a la seguridad para no dar datos de ningún traslado de Sánchez en contra del criterio de los expertos

Pedro Sánchez, en un viaje oficial a la inauguración de los Juegos Mediterráneos. En vídeo, declaraciones de Sánchez en una entrevista con EFE difundida hoy.

Los viajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son materia clasificada. Secretos. No se puede saber cuánto cuestan al erario sus desplazamientos, ya sean estos oficiales o de índole privada. Tampoco quién le acompaña en los aviones Falcon del Grupo 45 del Ejército que transportan a las autoridades. El Gobierno se escuda en una norma franquista, la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, para ocultar estos datos. Sin embargo, los juristas especializados en acceso a la información aseguran que el celo en proteger la seguridad del presidente no justifica la opacidad en el coste de sus desplazamientos.

En resumen, lo que plantean dos catedráticos de Derecho consultados por EL PAÍS es que una cosa es dar información sobre la composición o el diseño del dispositivo de seguridad del presidente (cuántos policías le acompañan, por ejemplo) y otra conocer el coste global de esos traslados o el motivo que lleva al presidente a visitar una determinada ciudad. “Resulta coherente”, asegura Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, "que se considere secreto oficial, como se hizo [en referencia a un viaje a Castellón, durante el que el presidente acudió a un concierto del festival de Benicàssim], la información sobre los movimientos y los planes de protección porque, en efecto, pueden dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado”.

Ese secreto, sin embargo, no cubre la factura pública total del viaje “si se da en global y no desglosado”, puntualiza Guichot, “de forma que no pueda extraerse información que pueda ser utilizada para poner en riesgo la seguridad”. Sería el caso, por ejemplo, de informar sobre las jornadas de trabajo o las horas extra del personal de seguridad, porque con una sencilla división se podría saber cuántos agentes viajan con el presidente.

En contra de lo publicado en algunos medios de comunicación, el viaje de Sánchez a Castellón no fue declarado secreto de forma específica (según la ley de 1968, solo el Consejo de Ministros puede clasificar así una materia, y  no ha ocurrido). El Gobierno se ampara en un acuerdo ministerial de hace más de treinta años (noviembre de 1986, durante la presidencia de Felipe González) que, de forma genérica, consideró, en virtud de la ley de 1968, secretos “tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma”.

Respuesta de Presidencia a una solicitud de información presentada por EL PAÍS. ampliar foto
Respuesta de Presidencia a una solicitud de información presentada por EL PAÍS.

“Es un problema de articulación de dos regulaciones”, explica Juan Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. “Debe tener preferencia, en términos generales, la transparencia. Si no fuera así, todo lo que hace el presidente podría ser considerado secreto, porque todo puede estar relacionado con su seguridad”. Mestre considera “un despropósito” la declaración genérica y abstracta de todos los desplazamientos como secretos. “Hay un gasto objetivo, que es cuánto cuesta fletar un avión, y no es ningún problema de seguridad, vaya en él el presidente o cualquier otra persona”, añade.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha aplicado en varias de sus resoluciones ese criterio. Por ejemplo, cuando instó al Ministerio del Interior a informar sobre el coste diario del alquiler de los barcos utilizados para el despliegue policial en Cataluña por el referéndum del 1 de octubre de 2017. El CTBG, el organismo público especializado en transparencia, consideró que dar ese dato no implicaba acceder a información que pudiera afectar a la seguridad pública, que estaría considerada secreto oficial, más cuando el operativo ya se había llevado a cabo.

Después de negar la información a varios medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, que solicitó en virtud de la ley de transparencia conocer el coste del viaje a Castellón poco después de que se produjera, el Gobierno respondió a un asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, con una cifra: 282,92 euros. Precisó, eso sí, que se trataba únicamente del gasto en protocolo. En la agenda de Sánchez de ese día no figuraba la asistencia al concierto de The Killers, uno de sus grupos favoritos, en Benicàssim.

El CTBG se ha pronunciado en dos ocasiones sobre este polémico viaje de Sánchez, que se discutirá en el Congreso después de que el PP haya solicitado la comparecencia de la vicepresidenta, Carmen Calvo, para dar explicaciones en la comisión de Gastos Reservados. El PP lleva meses arremetiendo contra Sánchez por este viaje, con distintas preguntas parlamentarias y declaraciones en medios de comunicación, pero de los viajes de Mariano Rajoy tampoco se supo nada durante su mandato. También el PP se escudó en esta interpretación de la Ley de Secretos Oficiales para no informar sobre ellos.

Ni el Gobierno de Rajoy ni el de Sánchez han revisado ni la norma ni el acuerdo de Consejo de Ministerios, pese a que es su competencia, para poder adoptar decisiones más favorables a la transparencia. El Ejecutivo del PSOE llevaba en el programa electoral "obligar a la rendición de cuentas de todos los cargos públicos" para conocer, entre otras cosas "viajes que realizan con dinero público y su cometido".

En las resoluciones del CTBG, dictadas a instancias de peticiones de información de Servimedia y El Confidencial, el órgano que vela por la transparencia ha instado al Gobierno a dar la información sobre el coste global del viaje a Benicàssim. "Los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los presupuestos generales del Estado; es pues dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía”, asegura una de ellas. De momento, el Ejecutivo ha decidido ignorar ambas.

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