El Consejo de Transparencia sufre para ejercer su función de vigilancia del poder

La transparencia avanza con paso lento y renqueante en España. Los ciudadanos hacen un uso muy limitado de la posibilidad de demandar información (menos de 14.000 solicitudes en tres años y medio) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el encargado de vigilar que las administraciones públicas cumplan la ley, está asfixiado: su financiación ha vuelto a caer por segundo año consecutivo, lleva meses sin presidente, la plantilla no crece pese a que la carga de trabajo no deja de aumentar… El resultado es que el CTBG funciona pero a medio gas. “Estamos dejando de hacer cosas”, reconoce Javier Amorós, su actual responsable.

España fue el último país europeo en aprobar una Ley de Transparencia. Ocurrió a finales de 2013, cuando se le habían adelantado hasta las democracias poscomunistas. Un año después inauguró el Portal de Transparencia y con él la posibilidad de que los ciudadanos pidieran información al Gobierno y este tuviera que contestarles, tanto para dársela como para negársela. En paralelo empezó a funcionar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo que ejerce de juez cuando el ciudadano y la Administración no se ponen de acuerdo sobre qué datos deben ser públicos y cuáles no.

El comienzo fue discreto: el primer año apenas le llegaron 517 reclamaciones. Ahora ya gestiona el doble, pero con menos recursos. El anterior Gobierno propuso recortar su presupuesto para 2018 un 22%. Las organizaciones que trabajan a favor de la transparencia institucional llevan meses criticando la asfixia a la que está sometido este organismo. Reducir sus recursos supone en la práctica “limitar el trabajo importante del consejo y así minar el derecho de acceso a la información”, señala Helen Darbishire, directora de Access Info. Y eso es “grave” porque se trata de “un órgano que defiende lo que ha sido reconocido por el TEDH como un derecho fundamental: el derecho de cualquier ciudadano a saber lo que está haciendo la Administración y cómo se está gastando sus contribuciones”.

El problema no es solo de dinero; sobre todo es de personal. La plantilla del CTBG es de 21 personas (en realidad son 19 porque dos están de permiso). Todos son funcionarios trasladados desde otros puestos de la Administración. Las reiteradas peticiones al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que incorporara a 11 personas más resultaron infructuosas. “Seguimos funcionando. La situación no nos impide trabajar pero interfiere en nuestra actividad, que es de supervivencia”, apunta Javier Amorós, subdirector del consejo y máximo responsable desde que falleció la anterior presidenta, Esther Arizmendi, en noviembre pasado.

Han pasado ocho meses y no se nombra un nuevo presidente porque la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados no ha sido capaz de consensuar un candidato. Mientras tanto Amorós está en funciones, sin respaldo del Congreso y sin representatividad y puede ser cesado en cualquier momento. Sería necesario tener una mayoría en la comisión. “Ahora es complicado el consenso”, decía Amorós hace unas semanas.

Mientras tanto, el trabajo se acumula. Las resoluciones del Consejo, que serían el equivalente a las sentencias del tribunal de la transparencia, se emiten con retraso. Además de lidiar con las reclamaciones ciudadanas contra la Administración General, hay seis comunidades autónomas que han encargado al Consejo que resuelva las discrepancias con sus ciudadanos: Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y las ciudades de Ceuta y Melilla. Solo Madrid ha generado casi 400 reclamaciones (cada reclamación supone la apertura de un expediente) en menos de dos años.

Además el Consejo se ha encontrado con una carga que nadie imaginaba cuando se puso en marcha: los pleitos que inicia el Gobierno para no dar información a los ciudadanos. Frente a una resolución del Consejo que da la razón a un solicitante de información, la Administración tiene dos opciones: cumplirla o presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales. Y esta segunda opción, que se creía que iba a ser residual, se ha convertido en otro pozo de consumo de recursos. Ya hay 96 pleitos contra resoluciones del Consejo, de los cuales la gran mayoría los ha interpuesto el Gobierno o alguna empresa pública. El récord lo tiene RTVE, que no ha querido cumplir ni una de las resoluciones del Consejo que le instaban a divulgar cuánto gasta, por ejemplo, en Eurovisión, o el sueldo de sus directivos.

El CTBG se ve obligado, por tanto, a hacer seguimiento de todos estos pleitos, a presentar los expedientes en el juzgado, a redactar conclusiones… Y también a pagar asesoramiento legal. Porque, aunque tiene firmado un acuerdo con la Abogacía del Estado para que le represente, la otra parte también es Administración pública y acude al tribunal con abogados del Estado, lo que obliga al CTBG a contratar sus propios abogados externos. “Comparecemos en estos pleitos para defender nuestras resoluciones porque entendemos que es nuestra obligación, aunque si esto sigue así a lo mejor vamos a tener que dejar de hacerlo”, dice Amorós.

“No ha habido ningún interés en dar más recursos y presupuesto a un organismo que ha demostrado su independencia y dicta resoluciones incómodas para el Gobierno y la Administración que las están recurriendo ante los tribunales de Justicia en muchas ocasiones en que se da razón al ciudadano sobre temas sensibles como retribuciones o nombramientos discrecionales o gastos de todo tipo (con cargo al contribuyente por cierto)”, asegura Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. “Veremos si el nuevo Gobierno cambia de actitud y se lo toma más en serio”, añade. “Se abre una nueva etapa y esperamos que represente un nuevo impulso para la transparencia y que se vayan resolviendo nuestros problemas de medios”, coincide Amorós.

La Ley de Transparencia preveía un desarrollo reglamentario que tampoco se ha aprobado aún pese a estar previsto para 2015 y que tendría que resolver las diferencias en la interpretación de sus preceptos. Y la propia ley está pendiente de ser modificada en el Congreso de los Diputados, después de que Ciudadanos presentara hace dos años una proposición de ley contra la corrupción y para la protección de los denunciantes. Sigue en trámite de enmiendas (lleva 375) y paralizada.