Una transparencia distinta según el que la pida
La ley aprobada hace cuatro años ha calado de forma desigual en las comunidades autónomas
El derecho a saber, a acceder a información pública en España ha calado de manera desigual desde que entró en vigor la Ley de Transparencia hace cuatro años. En comunidades como Castilla y León y Cantabria los ciudadanos exigen ese derecho hasta siete y ocho veces más que en La Rioja y Baleares, según la tasa de reclamaciones presentadas en los organismos independientes que velan por su cumplimiento. Muchos de ellos apenas tienen personal ni fondos para darse a conocer a la ciudadanía.
La queja del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo estatal, en su última memoria publicada bien se puede aplicar a muchos consejos autonómicos: la dotación de medios humanos es “insuficiente” para la carga de trabajo y las competencias que asume. Seis comunidades (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Madrid) y las dos ciudades autónomas encargaron al CTBG que atienda las reclamaciones de sus ciudadanos sobre transparencia: desde el Ayuntamiento que no contesta a una petición hasta el Gobierno regional que deniega el acceso a un documento.
El CTBG ha asumido esa carga extra de trabajo —ya se ocupaba de las reclamaciones contra la Administración General del Estado— con dos personas. “Somos un administrativo y yo”, resume la situación Enrique Orduña, director de la Oficina de Reclamaciones Territoriales del CTBG. Después de muchas quejas al Ministerio de Hacienda, finalmente, les acaban de resolver un concurso y se va a sumar una tercera persona. Todos son funcionarios trasladados desde otros puestos.
Ante la altura que alcanzó la ola de la corrupción hace un lustro, el Gobierno aprobó la Ley de Transparencia a finales de 2013 y, aunque con retraso, se sumó a la pauta europea. El objetivo era paliar la sensación de impunidad, inacción del Ejecutivo y desafección de la política que había calado en la sociedad, y de paso airear muchas Administraciones acostumbradas al oscurantismo. Hoy la clase política sabe que la transparencia vende, pero mientras presume de impulsarla, a menudo, impide que los juristas dispongan de medios para implantarla y desempolvar armarios. Un buen termómetro para ver cómo se desarrolla este aún reciente derecho ciudadano son los 11 consejos de transparencia, en ocasiones bien dotados de personal y medios y otras maltratados. El caso más sangrante es el de Murcia, cuyo consejo estuvo paralizado desde el pasado mayo hasta diciembre tras sus resoluciones críticas con el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez (PP), que dimitió acosado por la corrupción.
Mientras, en la Comunidad Valenciana el Gobierno del PP generó una ley con amplias competencias y escaso personal. Resultado: las peticiones tardan hoy 10 meses en resolverse. Tras las elecciones de 2015, el Gobierno formado por PSOE y Compromís prometió un vuelco que no ha llegado. “Se pretendía que no funcionase. Una cosa es lo que dice la clase política y otra cosa es la realidad. La mayoría de consejos tienen problemas, pero lo nuestro es exacerbado. Tras 10 meses, la información no es igual de útil que después de un mes”, denuncia Ricardo García, presidente del órgano valenciano.
El Gobierno central litiga, las regiones, no
Los expertos muestran su sorpresa ante el alto grado de judicialización que ha alcanzado la aplicación de la Ley de Transparencia en España. En cuatro años se han presentado 77 recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la gran mayoría por parte de los ministerios o de empresas públicas para evitar dar información a los ciudadanos.
Sin embargo, esa litigiosidad del Gobierno central contrasta con la de los Ejecutivos autonómicos, que casi por norma evitan recurrir cuando pierden un caso. En total, se han presentado 30 recursos judiciales contra consejos autonómicos (Madrid y Andalucía lideran el listado con 8 cada una; Cataluña tiene 5), pero la mayoría están promovidos por ciudadanos u organizaciones, disconformes con las resoluciones.
En Castilla y León, la comunidad donde más reclamaron los ciudadanos ante su consejo en 2017, la propia ley autonómica indica que no se pueden incrementar los medios. De hecho, las atribuciones de transparencia son del Procurador del Común (el defensor del pueblo castellanoleonés). “Con los mismos medios que se atienden las quejas ciudadanas, se vela por la transparencia”, explica una portavoz, que califica de “lento pero imparable” el ritmo que va tomando. Entre 2016 y 2017 se han duplicado las reclamaciones ciudadanas (de 102 a 202). Aún están muy lejos de las 4.000 quejas admitidas en un año como defensor del pueblo, pero es un inicio. La mayoría de consejos autonómicos han aumentado el número de reclamaciones que tramitan; de media se han doblado en solo un año.
En el otro extremo de Murcia y Valencia, el consejo catalán disfruta de personal y mantiene una cifra alta de reclamaciones ciudadanas, resueltas de media en 54 días. Muchas de estas peticiones provienen de concejales de pequeños Ayuntamientos en la oposición, que desde 2016 han aprovechado esta vía ágil y gratuita para reclamar todos los informes que los alcaldes deniegan. Su presidenta, Elisabet Samarra, describe el impulso de esta medida: “En dos meses la vía política todavía está activa y ha sido un efecto llamada por el boca oreja”. El aumento de reclamaciones entre los concejales —vía que prohíbe los órganos estatal y andaluz, por ejemplo— coincide con varias sentencias penales que han condenado a alcaldes por negar información a los ediles de la oposición municipal en provincias como Burgos.
Samarra subraya su sorpresa ante el poco uso de esta herramienta de transparencia por parte de periodistas y ONG. “Hemos tenido preguntas sugerentes, pero anecdóticas, solo entre el 2 y 3%. Sorprende que no hagan uso de este canal, porque yo como periodista preferiría la información en crudo frente a una nota de prensa cocinada”, resume.
A diferencia de España, los modelos británico y alemán establecen la fusión entre las agencias que garantizan el derecho a la información y la protección de datos. En nuestro país la diferencia, tradición y relevancia entre la Agencia de Protección de Datos, con una plantilla de más de 200 empleados y dos décadas de historia, y el Consejo Estatal con una treintena de trabajadores y un lustro de recorrido, es clara. De momento, solo Andalucía mantiene la fusión de ambas facetas, pero el consejo no tiene sus competencias sobre protección de datos reguladas, a pesar de que lo establecen el Estatuto de Autonomía y la Ley de Transparencia andaluza. Hoy, dos años después, la Junta sigue sin mover ficha.
País Vasco se plantea ahora dicha unión. “La separación es mejor para impedir el control. La información es poder y eso te permite frenar las posibilidades de acceder a la información”, opina García. Discrepa la presidenta del consejo catalán, Elisabet Samarra, que alerta del riesgo de que la fusión suponga que prime el derecho a la protección de datos. “A mí me parece que la competencia [entre los dos organismos] es buena”.
Daniel Cerdán, presidente del comisionado canario, es positivo respecto a la evolución de la transparencia, aunque lamenta la escasa movilización de la sociedad: “En general se resuelve bien, pero echamos en falta que la ciudadanía no produzca tantas preguntas como cabía esperar porque no hay un gran activismo”. Una de las razones para esta parálisis y dejación de la ciudadanía puede ser el desconocimiento. Ninguna Administración ha invertido fondos públicos para difundir la tarea de estos órganos de control que debe tirarle de las orejas si incumplen su deber de transparencia. En paralelo, la difícil accesibilidad de algunos portales —también municipales— echa para atrás a ciudadanos que exasperados, abandonan sus reclamaciones, confirma un experto. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, lleva ya tres meses sin sede electrónica, a la espera de que se licite un nuevo concurso que no termina de convocarse por falta de presupuesto.
De momento, solo el Consejo andaluz posee potestad sancionadora además de inspectora, aunque puede proponer una sanción a un departamento de una consejería de la Junta, pero finalmente el consejero de turno fija la cuantía de la sanción. El andaluz también es el único consejo que admite denuncias de publicidad activa por parte de los ciudadanos, el resto controla de oficio la publicidad activa de las Administraciones.
Los pasos para avanzar en la transparencia son lentos y procelosos. El último de ellos es la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el próximo mes y que establece cómo cuando una Administración quiera omitir un anuncio de formalización de contratos, dicha excepción deberá contar con el informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Transparencia. “Hay que pensar en muscular esos órganos o van a morir de éxito. Hay que admitir que la transparencia tiene un coste, a veces no es barata. Eso sí, la corrupción siempre es más cara”, resume Samarra.
Trabas y poca independencia han lastrado un nuevo derecho
El de la transparencia es un nuevo derecho en España, y como tal aún está al inicio del camino a la normalización. Casos como el del consejo de Murcia ejemplifican las dificultades vividas. Varios dictámenes de sus juristas perjudicaron al Ejecutivo autonómico y poco después el consejo se paralizó. “Mi experiencia es muy lamentable. Como conmigo no se podían meter, fueron a por el débil y el Gobierno dejó 70 resoluciones en espera porque somos incómodos. Solo pude gastar el 7% del presupuesto y el 25% en nóminas el año pasado”, denuncia su presidente, José Molina, economista jubilado que trabaja sin remuneración y “por vocación”. Tras su nombramiento, Molina estuvo seis meses trabajando desde una cafetería hasta que el Gobierno regional le facilitó unas instalaciones.
La consejera murciana de Transparencia, Noelia Arroyo, niega la mayor: “Está faltando a la verdad, aquí no se ha paralizado nada al consejo, el problema lo tiene él [José Molina]”, arguye. La consejera acusa al presidente del consejo murciano de haber evitado contar con los funcionarios “porque quiere nombre y apellidos” para esos puestos, y “estamos viendo si eso es posible”. “Yo lo tengo todo desbloqueado con un presupuesto de 200.000 euros”, añade. El resultado de este enfrentamiento es el retraso de más de medio año que han pagado los ciudadanos murcianos con reclamaciones caídas en saco roto.
Mientras, el consejo valenciano cuenta con cuatro juristas y un periodista, ninguno de ellos con dedicación exclusiva y a los que remuneran las sesiones —no las resoluciones—, lo que exige el sacrificio personal de sus miembros. García subraya esta “situación anómala” y cómo la creación de la Consejería de Transparencia les ha perjudicado, ya que el consejo solo dispone de “una independencia funcional pero no orgánica”.
El consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz, admite el retraso que pagan los valencianos al carecer de respuesta a sus preguntas: “Reconocemos las insuficiencias, está muy mal que se tarde tanto en contestar. Hay una falta de recursos evidente”. Alcaraz alega que su Gobierno padece un déficit de personal y una infrafinanciación que afecta a todos los departamentos, y avanza que la la nueva ley, que aún tardará al menos un año en entrar en vigor, reforzará la independencia del consejo, que contará con un presupuesto propio.
En Andalucía, el presidente del consejo, Manuel Medina, subraya una clave para el éxito: “Es esencial el cambio de concienciación del funcionario. La transparencia no es una tarea adicional, sino que debe penetrar su tarea cotidiana. Pensar que un informe hay que hacerlo en pdf para poder subirlo a la web sin trabas”.
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