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El PSOE trata de que Podemos se sume a los ajustes de la reforma laboral

Los socialistas buscan el equilibrio entre PDeCAT, por un lado, y el partido de Pablo Iglesias , por otro

Manuel V. Gómez

El Gobierno lleva meses buscando apoyos políticos y sociales para derogar parte de la reforma laboral de 2012. En el diálogo social ha topado con CEOE. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos se entendieron pronto, pero sin los empresarios esa vía tiene las piernas cortas. En el Congreso, los socialistas buscan el equilibrio entre PDeCAT, por un lado, y Podemos, por otro. Con los primeros casi está, pero eso les aleja de la formación de Pablo Iglesias. Ahora el PSOE se afana en convencer a estos últimos y cambiar la ley que tanto atacaron en la oposición.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.Luis Sevillano

Con menos estruendo que los movimientos para sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero con el mismo esfuerzo e igual resultado, el Gobierno no acaba de cerrar la reforma (parcial) de la reforma laboral. Está de acuerdo con los sindicatos en devolverles a estos poder en la negociación colectiva: dándole prevalencia a los convenios sectoriales sobre los de empresa en todos los temas (salarios, jornada, categorías laborales, destinos...), aplicando las mismas condiciones laborales a los trabajadores de las subcontratas que a los de la compañía contratante o recuperando la prórroga automática e indefinida de los convenios caducados hasta su renovación (ultraactividad). CEOE lo rechaza, y el acuerdo a tres no parece posible.

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Sin un pacto social pleno, el PSOE ha empujado en los últimos compases de 2018 una proposición de ley suya para cambiar la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas y tratar de introducir en ella más cambios en el Estatuto de los Trabajadores (prevalencia de convenios o control de jornada laboral).

En sus últimos movimientos, los socialistas han rebajado su punto de partida, más próximo a las tesis sindicales y Podemos, para atraerse a PDeCAT y otros grupos como el PNV. Pero esto les ha alejado del partido de Pablo Iglesias, apuntan fuentes parlamentarias de varios grupos. Y casi todos los apoyos que cosechó la moción de censura son necesarios para que los cambios salgan adelante.

Ahora los socialistas buscan convencer a Podemos de que no se puede ir mucho más lejos con la aritmética parlamentaria actual. “La postura es constructiva”, señalan fuentes parlamentarias. Y desde las partes implicadas no se descarta, en absoluto, que se pueda llegar al pacto.

La posición actual se encuentra, por ejemplo, en dar prioridad a los convenios sectoriales en asuntos concretos (salario, jornada), pero no en todos los temas (categorías laborales, organización de horarios). O, en el caso de las subcontratas, obligar a que se cumplan las condiciones de los convenios sectoriales y no las de la empresa subcontratada, poniendo dificultades a las firmas multiservicios que compiten rebajando el precio de la mano de obra con sus propios convenios.

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No obstante, estas conversaciones son sobre aspectos concretos del Estatuto de los Trabajadores. Un cambio en los equilibrios de la negociación colectiva (convenios) dando más peso a los sindicatos impulsaría los salarios y facilitaría que estos recuperaran parte del terreno perdido en los últimos años. Pero en estas negociaciones no se habla, por ejemplo, de cómo atacar al problema principal que el mercado de trabajo español ha tenido desde los ochenta, la temporalidad, que desde que comenzó la recuperación económica ha vuelto a crecer y ya está por encima del 27%.

Decenas de reformas que no han resuelto el problema

El Estatuto de los Trabajadores acumula decenas de reformas desde que nació en 1980. Aunque son menos las sustanciales y, entre estas, destaca la de 2012. Ninguna ha resuelto los graves problemas que aquejan al mercado de trabajo: paro y precariedad/temporalidad.

La tasa de desempleo, tras años de recuperación, sigue en el 14,5%. Los ajustes en épocas de crisis se hacen a base de despidos. Es verdad que este examen todavía no le ha llegado a la reforma de 2012, que, desde luego, no ha aprobado la de acabar con el abusivo uso de trabajadores temporales.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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