El frágil blindaje de las leyes contra la violencia machista

Las pretensiones de Vox de eliminar las dos leyes en vigor que protegen a las víctimas andaluzas de la violencia machista afrontan diversos escollos antes de llegar a buen puerto. Su objetivo es derogar la Ley Integral contra la Violencia de Género estatal de 2004 y la correspondiente ley andaluza aprobada el pasado verano y que actualiza la de 2007. “Cuando tengamos diputados nacionales ya cambiaremos la ley estatal desde el Congreso”, avanza su secretario general, Javier Ortega, que propone sustituir la norma por otra de “violencia intrafamiliar”.

La ley andaluza introdujo la novedad de ampliar el concepto de víctima de violencia de género a personas mayores, con discapacidad o dependientes, además de proteger y ayudar a mujeres atacadas por personas ajenas al ámbito familiar, tal y como estipula el convenio de Estambul. Ante esta ley, aprobada por todos los grupos políticos andaluces salvo IU, que se abstuvo por considerarla insuficiente, el Gobierno de Juan Manuel Moreno tendría tres opciones: aplicarla, meterla en un cajón o derogarla.

Si Ciudadanos y PP cedieran a las exigencias de Vox, la opción más realista sería que ciertas novedades de la nueva norma andaluza no se apliquen. Y la vía más rápida y silenciosa para esta inacción sería no dotar de presupuesto las partidas claves para ejecutar las novedades. Desde el pasado verano, la Junta ha gastado 50 millones de euros en estas medidas, según la Consejería de Justicia. “Si las instituciones que tienen que implementar las medidas son descapitalizadas, en la práctica se llegaría a un incumplimiento”, alerta la abogada especializada en violencia de género, Amparo Díaz.

En caso de imponerse la opción extrema de derogarla, la decisión implicaría incumplir la ley orgánica estatal y el convenio de Estambul, alertan fuentes jurídicas consultadas: “La ley orgánica fija que las comunidades autónomas deben implementar las ayudas, servicios y recursos a las víctimas de la violencia machista”. Si se derogara la norma y por tanto se incumpliera la ley estatal de 2004, el Gobierno central podría “obligar a que lo aprobaran de nuevo mediante la aplicación del artículo 155, ya que se infringiría una norma orgánica de obligado cumplimiento”, apuntan dichas fuentes. A esta ley andaluza el Parlamento sumó el pasado septiembre la Ley de Igualdad de Género, dotada con 1.793 millones hasta 2021. En paralelo, el artículo 73 del Estatuto de Autonomía andaluz fija el papel de la Junta: “La planificación y ejecución de normas y planes en materia de políticas para la mujer, así como el establecimiento de acciones positivas para erradicar la discriminación por razón de sexo”, establece el estatuto, para cuya modificación sería necesario un referéndum.