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Vox, una enmienda a la totalidad de la Constitución

El programa de la formación de extrema derecha desafía el sistema político surgido de 1978

Javier Ortega, secretario general de Vox, y Santiago Abascal, presidente, durante una reunión en Madrid.

Vox ha llegado a las instituciones con un discurso ultraespañolista tildado de xenófobo y machista. Unidad de España, reconquista, banderas, tradiciones, seguridad. Valor, dignidad, decoro y honor. Pero además de las palabras, la formación de extrema derecha ha puesto sobre la mesa un ideario que, según los expertos, choca con la Constitución y el pacto de la que esta surgió hace 40 años. Que dinamita el Estado de las autonomías, promete ilegalizar los partidos soberanistas, prohibir el islam en las escuelas públicas e instaurar la cadena perpetua.

La formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal, que se presentó en un mitin multitudinario en Vistalegre (Madrid) en octubre pasado y ha logrado 12 escaños en las elecciones andaluzas, desgrana su ideario en un documento de 24 páginas titulado 100 medidas para la España viva. Además de las citadas, el documento, redactado en un lenguaje llano, incluye medidas como suspender la autonomía catalana “hasta la derrota sin paliativos del golpismo”; la derogación “inmediata” de la Ley de Memoria histórica y de la de violencia de género; la deportación de los inmigrantes que llegan de forma ilegal y de los que tengan papeles y cometan algún delito; el cierre de mezquitas “fundamentalistas”; levantar un muro en Ceuta y Melilla; suspender el espacio Schengen; defender la vida “desde la concepción”; que los padres decidan la educación sexual de sus hijos; ampliar el concepto de legítima defensa para que los españoles puedan “hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar”; suprimir el Tribunal Constitucional; crear una agencia “para ayudar a las minorías cristianas amenazadas” y “suprimir los organismos feministas radicales subvencionados”.

Algunas de esas medidas son contrarias a la Constitución, a los tratados internacionales y hasta a la Convención Europea de Derechos Humanos, según diferentes juristas consultados.

“En la Constitución todo es reformable”, explica Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y editora de Agenda Pública, “pero, aunque se iniciara un proceso de reforma, algunos de los cambios que propone Vox son tan profundos que suponen un cambio de sistema político, de las reglas del juego, de los valores básicos y de las instituciones”. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, asegura que “la Constitución tuvo un gran consenso, fue muy necesaria para España, pero estuvo condicionada por los separatistas”. “No digo que no hubiera buena voluntad”, continúa, “pero es que además no se cumple. Por ejemplo, en materia de igualdad, con la ley de violencia de género, o con respecto a la unidad de España, que está cuestionada y discutida y sometida a un golpe de Estado. Necesita una reforma profunda para que se garanticen la unidad de España, la igualdad de derechos de todos los españoles y la división de poderes. Eso sí, siempre por los cauces constitucionales”.

Para que la España autonómica de la que reniega Vox fuera sustituida por un Estado unitario tipo el francés habría que reformar la Constitución, algo que solo ha sucedido en 1992 y 2011. Además, debería ser por el procedimiento agravado, que exige mayorías cualificadas en el Parlamento, nuevas elecciones y la ratificación por parte de las nuevas cámaras y en referéndum. Para Queralt las autonomías son “uno de los pilares del modelo constitucional” por lo que su modificación no es una simple reforma sino un cambio de sistema que “convertiría a España en un Estado diferente”.

En cuanto a la ilegalización de las organizaciones soberanistas, Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea de la Universidad de La Rioja, cree que esta propuesta atentaría “contra la idea de España como democracia no militante, justo la misma idea que hace posible que las propuestas de Vox no sean ilegalizadas”. Y añade: “El procedimiento para ilegalizar partidos políticos está contemplado en la ley y, en modo alguno, podría impulsarse por el mero hecho de que apoye un ideario independentista”.

Otra de las propuestas que critican los juristas es la recuperación de la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales que “supondría expulsar a España de las comunidad internacional de garantía de los derechos fundamentales de las que forman parte todos los Estados de nuestro entorno democrático”. “Renunciar a estas instancias supondría salir de la ONU del Consejo de Europa y de la propia UE”, opina Queralt.

Para Urrea, la opción de un Estado unitario es tan legítima como su contraria. “De hecho, nadie discute como válida la condición de Francia como un Estado unitario. En España, sin embargo, discutir el Estado de las autonomías es algo más que discutir una iniciativa política de ordenación territorial del poder. En realidad es discutir una de las paredes maestras sobre las que se asienta nuestra convivencia democrática en virtud del pacto de 1978. Pretender un cambio como el que sugiere Vox es tanto como suscitar un proceso constituyente. Hacerlo no es ilegal. Tampoco lo es cuestionar la forma política del Estado. Lograr imponer tales tesis requiere, con todo, impulsar los procesos de reforma constitucional y disponer de las amplias mayorías requeridas, lo que no parece estar al alcance de Vox. Al menos por ahora”.

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