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El Supremo se plantea llevar a Madrid a los presos en huelga de hambre

El objetivo es controlar de cerca la salud de los políticos para garantizar su presencia en el juicio que se va a celebrar en el alto tribunal

El presidente Quim Torra y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, este jueves en el Parlament.
El presidente Quim Torra y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, este jueves en el Parlament. EFE

El Tribunal Supremo se plantea trasladar a Madrid a los cuatro líderes independentistas presos que están en huelga de hambre. Fuentes del alto tribunal señalan que se está estudiando adoptar esta medida si los cuatro implicados (los miembros de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn) mantienen su negativa a comer y se constata que su salud se está deteriorando. El objetivo es controlar de cerca la salud de los presos para garantizar su presencia en el juicio que se va a celebrar en el alto tribunal.

El destino de los presos preventivos depende del Ministerio del Interior, que en julio ordenó el traslado a prisiones catalanas de los nueve líderes independentistas que estaban encarcelados en Madrid. En principio iban a permanecer allí hasta la víspera del juicio, aún sin fecha pero que el Supremo confía en iniciar a finales de enero o principios de febrero. Sin embargo, la huelga de hambre iniciada por cuatro de ellos el 1 de diciembre puede precipitar su traslado, según adelantó ayer El Confidencial y confirmaron fuentes del alto tribunal.

Esta decisión puede suponer que los presos sean llevados de Cataluña a Madrid antes o durante Navidad, lo que añadiría más tensión a las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat. Aunque es Interior quien tiene la competencia para decidir a qué cárcel van los presos, en el caso de los preventivos están a disposición del tribunal que les va a juzgar, por lo que el Supremo puede pedir el traslado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Este tendría que tramitarlo con la Consejería del Interior de Cataluña.

Controles médicos

De momento el tribunal no se ha dirigido a Interior ni ha deliberado sobre esta posibilidad, pero fuentes jurídicas admiten que esta opción será estudiada si se constata que la salud de los presos se deteriora hasta el punto de poner en peligro su presencia en el juicio, que se prologará durante varios meses en sesiones de mañana y tarde.

Rull, Turull, Sànchez y Forn, como cualquier preso en huelga de hambre, son sometidos a revisiones médicas diarias. El control de estas pruebas y de sus resultados lo tiene la Generalitat, que tiene transferidas las competencias sobre prisiones y no ha informado a Interior, según admiten fuentes penitenciarias. De ahí las dudas del Supremo sobre cómo está afectando la huelga de hambre a los reclusos.

Las fuentes consultadas señalan que si los presos mantienen la protesta y empeora su salud también será más arriesgado trasladarles desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) a Madrid cuando se acerque el juicio. Para entonces llevarán ya más de un mes y medio de huelga. Una vez en Madrid, el control dependería del Instituciones Penitenciarias y el Supremo podría examinar los casos y tener una información más detallada, señalan estas fuentes. Ni Interior ni el alto tribunal descartan que se llegue a aplicar el artículo 210 del reglamento penitenciario, que permite la alimentación forzosa caso de riesgo grave para la vida del interno. Esta alimentación forzada podría emplearse también para facilitar la asistencia de los presos en huelga a las sesiones del juicio, señalan estas fuentes.

El traslado, en principio, solo afectaría a los cuatro presos en huelga, pero el alto tribunal no descarta extenderlo al resto (al menos a los siete hombres, que comparten cárcel) para evitar activar dos veces el dispositivo de traslado. Fuentes penitenciarias recalcan que estos movimientos requieren tiempo —suele pedir a los jueces que los soliciten con, al menos, 30 días— ya que hay que hacer escala en otras cárceles, como ocurrió cuando fueron llevados a Cataluña. Entonces hicieron noche en la prisión de Zuera (Zaragoza). Un responsable de Interior admitía ayer que era necesaria al menos una semana para cumplimentar también la parte burocrática.

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