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García Juliá vivía en São Paulo como conductor de Uber con identidad falsa venezolana

El condenado por la matanza de Atocha, detenido en Brasil, estuvo huido en otros cuatro países sudamericanos

Carlos Garcia Julia
Carlos García Juliá.

Genaro Antonio Materán, de 63 años, salió el miércoles pasado de su casa, en un barrio de clase media en São Paulo llamado Barra Funda, y al poner un pie en la calle le abordó la policía. Él intentó negar la avalancha de acusaciones que siguió. Que Genaro Antonio era un nombre falso; que no era venezolano como decía la documentación que usaba desde que entró en Brasil hacía casi 20 años; y que no era ni mucho menos un hombre inocente. Pero no hubo forma de convencer a la policía federal brasileña, que llevaba meses estudiando su caso. Su nacionalidad verdadera era española, su nombre real era Carlos García Juliá y su crimen había sido participar en la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en Madrid en 1977. Y este era el final de sus décadas de fuga.

El periplo de García Juliá había llevado a este asesino desde Madrid, donde en 1977 había sido condenado a 193 años de prisión, a Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. El salto a América Latina, en plena condena, lo había dado en 1994, tras tres años en libertad condicional. Logró una autorización judicial para irse al extranjero y, una vez allí, no cumplió con su parte del trato. En diciembre de 1994 se saltó un requerimiento formal y se le declaró desaparecido.

En Bolivia volvió a ser encarcelado, esta vez por un delito relacionado con narcotráfico, pero se fugó antes de que la Audiencia Nacional pudiese solicitar la extradición. Pasó años viajando de un país a otro, con varias identidades falsas, tan a salvo de las autoridades que se desplazaba en avión. Pasó por Chile, Argentina, Venezuela. En 2001 entró en Brasil a pie por la frontera con Roraima, asumiendo el papel de Genaro Antonio Materán, y –hasta donde saben las autoridades que le han detenido– en este país se quedó. Vivía con una mujer brasileña y trabajaba, según él, conduciendo un coche a nombre de ella para Uber.

El inspector de la Policía Nacional de España Jorge Garrigos; el comisario de la Policía Nacional de España Marcos Frías Barbens; el jefe de la Policía Federal brasileña en Sao Paulo, Disney Rosseti; Reinaldo Sperando, representante de la Interpol en Sao Paulo; y el adido policial de España en Brasil, el comisario José Luis Borges, en la rueda de prensa para explicar la detención de García Juliá. FERNANDO BIZERRA (EFE) / En vídeo, rueda de prensa de Marcos Frías en Brasil. EFE

En julio de 2018, la Policía Federal de Brasil detectó a García Juliá y comenzaron las gestiones para solicitar su extradición: cruzar datos con la base de fugitivos de Interpol y, finalmente, colaborar con la Policía Nacional española. El siguiente trámite es que el servicio de ejecutorias de la Audiencia Nacional, encargado de hacer cumplir las sentencias de este tribunal, solicite un informe a la fiscalía sobre si se debe cursar la petición de extradición de Juliá. En el informe, la fiscalía deberá pronunciarse sobre si ha prescrito la condena contra Juliá y si procede reclamar su entrega al país sudamericano. Cuando se pronuncie la fiscalía, la sección primera de la Audiencia Nacional, que fue la que le condenó a 193 años de cárcel, tendrá que emitir un auto en el que ordene, en su caso, que se inicien los trámites de extradición. Sobre la posible prescripción de la sentencia, fuentes jurídicas consultadas por Efe apuntan a que empezaría a correr el plazo desde que huyó de la justicia y que se aplicaría el actual Código Penal (más beneficioso que el de 1973, según el que fue condenado), que contempla la prescripción a los 30 años en condenas a más de 20 años de prisión.

Varios pistoleros irrumpieron el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha. Mataron a tres abogados laboralistas (Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo), al estudiante de Derecho Serafín Holgado y a un administrativo, Ángel Rodríguez Leal. Hubo además cuatro heridos graves.

García Juliá perpetró la masacre de Atocha junto a una milicia fascista de seguidores del fallecido notario Blas Piñar, fundador del partido ultraderechista Fuerza Nueva. José Fernández Cerra, que fue condenado a 193 años como ejecutor, y Francisco Albaladejo, sobre el que cayeron 73 como inductor, le acompañaron en el crimen. Fernando Lerdo de Tejada fue procesado, pero huyó antes de sentarse en el banquillo. En su fallo, la Audiencia Nacional consideró que, junto al también procesado Leocadio Jiménez Caravaca, constituían un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España".

Con la captura en Brasil de García Juliá se cierra una herida, pero también se abre la incógnita sobre el paradero del principal fugitivo de la matanza: Lerdo de Tejada, prófugo de la justicia española desde 1979, cuando se escapó de España antes de sentarse en el banquillo. EL PAÍS publicó que la última orden de busca y captura dictada contra este pistolero por el Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional cesó en 2015 y que el fugitivo era un hombre libre.

La matanza de Atocha se convirtió en uno de los símbolos de la transición a la democracia en España. Se produjo cuando quedaban dos meses para la legalización del Partido Comunista de España (PCE) y a cinco de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras cuatro décadas de dictadura.

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