El plan de Sánchez para limitar los aforamientos no tiene aliados en el Congreso

El plan anunciado y aprobado este viernes en el Consejo de Ministros por el Gobierno de Pedro Sánchez para limitar con una reforma de la Constitución el número y tipo de aforamientos en España no tiene el apoyo en estos momentos de ningún aliado político en el Congreso de los Diputados. Podemos, los partidos nacionalistas e incluso Ciudadanos desprecian esa oferta de reforma, que consideran limitada. El PP teme, por contra, el alcance de esta iniciativa si se abre el melón de una reforma constitucional.

El anuncio de esta reforma constitucional para recortar los aforamientos políticos formulado por el propio Pedro Sánchez en septiembre, en la celebración de sus primeros 100 días en La Moncloa, ha pasado así en poco tiempo de tener una vocación exprés, con el objetivo de ejecutarse en 60 días, a darse ahora un año de margen para realizar todos los cambios legales necesarios para acotar esta figura. El Gobierno pretende de esta manera limitar esa protección judicial a los miembros del Ejecutivo y los diputados y senadores en el caso de los “delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo”.

Pero ese cambio no cuenta por ahora con ningún aliado político en las Cortes. El único apoyo seguro es el del Grupo Socialista, que cuenta solo con 84 diputados. Y el Ejecutivo socialista necesitaría el respaldo del PP para sacar adelante cualquier modificación de ese tipo, ya que los populares son indispensables tanto para tener una mayoría (sea absoluta o de tres quintos) en el Senado como de dos tercios en el Congreso.

El PP ha anticipado este viernes su rechazo. "Pedro Sánchez propone eliminar los aforamientos... Si quiere regenerar España, que empiece por cesar a: Borrell, multado por usar información privilegiada; Calviño y Duque por sus sociedades instrumentales para pagar menos impuestos; Dolores Delgado, ministra de Justicia, por mentir", ha indicado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un mensaje en su cuenta de Twitter. En la misma línea ha profundizado la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, también en un tuit: "En septiembre, Sánchez propuso eliminar aforamientos para tapar su tesis. Hoy, en pleno caso Borrell, pone en marcha la reforma para eliminarlos. Este Gobierno funciona a golpe de cortinas de humo. Si quiere regenerar, que empiece por limpiar su Consejo de Ministros. #EleccionesYA".

Pablo Casado ya avanzó en septiembre que su partido no "mordería" ese anzuelo de la reforma de los aforamientos, que consideraba una trampa por parte del presidente, y para la que no veía ninguna urgencia.

Fuentes de la dirección de los populares han razonado ahora, además, que cambios en la Constitución sin consenso, con la actual situación política y social crítica en Cataluña y con Podemos pidiendo un referéndum, no les parece lo más apropiado. Y no van más allá, porque constatan como otros partidos que aún queda terreno para que el asunto llegue a la Cámara baja.

Desde Ciudadanos sí se ha asegurado este viernes tajantemente que votarán en contra. Su líder, Albert Rivera, lo ha ratificado: "Votaremos en contra de la estafa de Sánchez sobre los aforamientos. Lo que hay que hacer es eliminar por completo los aforamientos políticos, no blindar a los imputados por corrupción como él pretende. Es lo que piden los españoles y lo que aprobó el Congreso a propuesta de Ciudadanos", ha añadido en Isla Cristina (Huelva), informa Elsa García de Blas.

Los demás partidos ya avanzaron reparos el pasado 18 de septiembre, cuando Sánchez prometió que podría llevar a cabo ese cambio en dos meses.

La reforma tampoco convence al principal socio del Gobierno. Podemos quiere acabar con la condición de aforado del rey emérito, y defiende que se haga una consulta a la ciudadanía para efectuar la reforma de la Constitución, por mínima que sea. El partido de Pablo Iglesias y sus aliados en el Congreso (IU, En Comú Podem y En Marea) cuentan con 67 escaños, muy por encima de los 35 (10%) requeridos para promover ese tipo de consultas populares.

Por parte de ERC, que dispone de nueve diputados en la Cámara, se apuntó que tampoco refrendarán esa propuesta del Gobierno: "No nos sentimos interpelados por ninguna reforma constitucional, porque no nos sentimos representados por esta Constitución ni por la que salga con este nuevo parche de reforma que se propone". Fuentes de esta formación apuntan que ya expresaron su postura en un debate en el Congreso en septiembre, cuando dejaron claro que limitarlos solamente para diputados y senadores se quedaba como un objetivo corto. También apuntaron entonces que, en su opinión, habría que empezar por eliminar los aforamientos de la Casa Real.

El PNV también avisó, en el debate previo, que presentaría una enmienda por su cuenta para exigir que se eliminasen todos los aforamientos y también la inviolabilidad del Rey.

Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, reclamó entonces a Sánchez que hiciera una política "más efectiva que efectista". También señaló que no observaba ninguna demanda ciudadana que justificara la apertura de ese cambio en la Constitución. Y advirtió al presidente de que "una vez que se abre el melón debe saber que el conjunto de grupos políticos va a plantear sus propuestas al margen de las cuestiones de fondo sobre los aforos". El dirigente nacionalista añadió que su partido en ese escenario aprovecharía para insistir en que "la principal cuestión política que hay en relación a la Constitución del 78 en Cataluña es su absoluta falta de legitimidad desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el estatuto [catalán]".

"Nos damos el plazo de un año para hacer toda la transformación que tiene consigo", ha explicado este viernes la vicepresidenta Carmen Calvo tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la propuesta de modificación de dos artículos de la Constitución. Se realizaría mediante un artículo único que afecta a los artículos 73 y 102 de la Constitución, e incluye tres disposiciones para su entrada en vigor y la adecuación de las normas.

La Ley Fundamental contempla los aforamientos de diputados y senadores en el artículo 71.3, y los del presidente del Gobierno y los ministros, en el artículo 102.1. "Es una reforma cuantitativamente pequeña, por los dos artículos a los que afecta, pero desde el punto de vista político es muy grande", ha argumentado la número dos del Gobierno. El siguiente paso será enviar el anteproyecto de reforma de los artículos citados al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá un mes para emitir su dictamen.

El Gobierno no incluye en su reforma los estatutos de autonomía, que contemplan en su articulado  los aforamientos de los diputados regionales. Calvo ha señalado que no es competencia del Ejecutivo, sino de las Cámaras autonómicas. "Tenemos que respetar la estructura territorial de nuestro país y las autonomías. No podemos plantear qué tienen que hacer los Parlamentos autonómicos, aunque es evidente que con el inicio de esta reforma se marca un listón de ética muy alto" que tendría que conllevar una "revisión y armonización" de todo el sistema político.