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El Gobierno presenta una reforma de la Constitución para limitar los aforamientos

La modificación de la Ley Fundamental requiere en todo caso del apoyo del PP, y Podemos exige un referéndum

Pedro Sánchez, en el palacio de la Moncloa, el pasado 24 de noviembre.
Pedro Sánchez, en el palacio de la Moncloa, el pasado 24 de noviembre.

El Gobierno presentará este viernes la propuesta de reforma constitucional para limitar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores. La fórmula que empleará es la propuesta por el Consejo de Estado en su informe preceptivo de hace dos semanas. En su escrito, el órgano consultivo del Ejecutivo, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, plantea modificar la Constitución para limitar los aforamientos a los “delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 17 de septiembre que promovería una reforma de la Constitución para “eliminar” el aforamiento de los políticos en un plazo de dos meses. Ese mismo día, el Gobierno se corrigió y aclaró que su intención era limitar la figura de los aforamientos pero no eliminarlos. Al día siguiente, el Congreso aprobó una moción de Ciudadanos para impulsar una reforma constitucional con el fin de suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo. También se instaba a los Parlamentos autonómicos a revisar sus estatutos para hacer lo mismo con sus diputados regionales. A lo largo de las últimas semanas, el Gobierno se había comprometido a llevar su propuesta de reforma antes de que terminase noviembre.

En España hay alrededor de 250.000 aforados, de los que cerca de 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicos. Otros 17.000 pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Todos mantendrían su condición actual, ya que no se verían afectados por la modificación en caso de que fuera aprobada. La existencia en España de la acción popular, que no se da en otros países y permite que en un proceso penal la acusación pueda ejercerla toda persona interesada y no solamente la fiscalía o quien esté afectado de forma directa, hace que la aplicación de la limitación de los aforamientos a este colectivo sea muy compleja.

La Ley Fundamental únicamente recoge en su articulado los aforamientos de diputados y senadores (artículo 71.3) y del presidente del Gobierno y los ministros (artículo 102.1). Estos preceptos, al no estar incluidos en el Título preliminar, ni en el capítulo de los derechos fundamentales y libertades públicas ni en el Título II, referido a la Corona, se pueden modificar mediante el procedimiento ordinario de reforma de la Constitución del artículo 167. Este exige, inicialmente, la aprobación por tres quintos de ambas Cámaras, o si no se lograra esa mayoría, por la mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso. Esto significa que la supresión de los aforamientos solo puede prosperar si el PP está de acuerdo y lo permite con su aprobación en la Cámara alta, donde dispone de 148 de los 266 senadores.

Consulta de Podemos

La reforma planteada por el Gobierno le resulta insuficiente a Podemos, que pretende acabar con el aforamiento al Rey emérito, previsto no en la Constitución, sino en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El principal socio parlamentario de Sánchez defiende que toda modificación de la Ley Fundamental, por mínima que sea, debe ser aprobada en referéndum. El partido de Pablo Iglesias y sus aliados tienen la capacidad para convocar una consulta, ya que cuentan con 67 diputados. Para realizar la convocatoria se requiere una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

El PP es partidario de eliminar todos los aforamientos, según fuentes de la dirección. También se muestran a favor de suprimir “la acción popular” para evitar posibles abusos, informa Natalia Junquera. La propuesta del Gobierno excluye a los aforamientos recogidos en los estatutos de autonomía. El Consejo de Estado estima que o bien se podrían reformar los estatutos, lo que obligaría a un consenso político muy complejo, o a una disposición constitucional en la que se estipulase que los aforamientos autonómicos se limitarían a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

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