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Sánchez quiere quitar el aforamiento, pero solo para delitos ajenos al cargo

El presidente del Gobierno quiere que la medida entre en vigor en tan solo 60 días

Sonó como un anuncio impactante tras una semana difícil para el Gobierno, pero con el paso de las horas el impacto se suavizó. El presidente, Pedro Sánchez, aseguró por la mañana que promoverá una reforma exprés de la Constitución en dos meses para “eliminar” el aforamiento de los políticos. Pero a lo largo del día el Ejecutivo concretó que en realidad no se eliminará, solo se acotará. Se mantiene para los delitos cometidos “en el ejercicio estricto de su cargo” y se retira en los demás. La mayoría de los escándalos de los últimos años llegaron con delitos cometidos por políticos corruptos en el ejercicio de sus cargos. 

El debate sobre los aforamientos —hay 250.000 personas que gozan de ese privilegio en España, un récord europeo, aunque en realidad 232.000 no son políticos sino guardias civiles y policías nacionales y autonómicos— viene de lejos. Se trata de una protección que hace que diputados, senadores y miembros del Gobierno solo puedan ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo ante cualquier presunto delito cometido. En el caso de los diputados y gobernantes autonómicos, el aforamiento les lleva a los tribunales superiores de esa comunidad, compuestos en su mayoría por jueces que llegaron ahí a propuesta de órganos con fuerte influencia política: por eso existe el recelo de que estos tribunales sean, con excepciones, más suaves que otros con los posibles delitos de los políticos. Algunos partidos reclaman la eliminación total de los aforamientos, como sucede en otros países, y mantener solo la inmunidad parlamentaria; esto es, la necesidad de tener que pedir un suplicatorio o permiso a la Cámara.

El Gobierno ha optado por una vía intermedia. No elimina por completo el aforamiento, como pareció en un principio por las palabras del presidente en un acto de reivindicación de sus 100 primeros días de Gobierno, pero sí se reducirá considerablemente, según la interpretación del Ejecutivo, que insiste en que se trata de una reforma de fondo que pretende acelerar al máximo. El anteproyecto de ley se llevará este mismo viernes al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha descartado eliminar por completo los aforamientos porque cree que tanto los miembros del Ejecutivo como diputados, senadores, jueces y fiscales, que también se verán afectados por la reforma, tienen que mantener alguna protección para frenar la oleada de querellas a las que, si no existiese, tendrían que someterse por sus decisiones.

El Ejecutivo destaca que con la reforma exprés de la Constitución —una operación de alto calado político que solo se había hecho en plena crisis económica con un pacto PSOE-PP para dar más garantías a los inversores de que España pagaría sus deudas por encima de cualquier cosa— se pretende dar mucho más margen a los jueces. Ahora mismo, un tribunal ordinario no puede bajo ningún concepto investigar a un diputado ni siquiera por un delito de tráfico o fiscal. Tiene que enviarlo directamente al Supremo. Es lo que acaba de suceder con el caso de Pablo Casado. Con la reforma del artículo 71.3 y 102.1 de la Constitución, el tribunal podría argumentar que el delito por el que está investigando al político no está estrictamente relacionado con el ejercicio de su cargo y seguir adelante.

¿Y qué pasa con las causas de corrupción, en las que los políticos suelen ser investigados por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo, como concesiones arbitrarias, contratos falsos o sobrecostes fraudulentos? Según el Gobierno, si están claramente vinculados al ejercicio del cargo, seguirán siendo juzgados por el Supremo, pero si no, por ejemplo con un enriquecimiento ilícito o un lavado de dinero, se podrá seguir adelante en el tribunal ordinario.

Los jueces y fiscales también verían reducido su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, por lo que habría que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma de la Constitución es compleja, y requiere el apoyo de tres quintos de las dos Cámaras, con lo que depende del PP, que no ha recibido con buenas palabras la iniciativa.

Después de una semana complicada, con la segunda dimisión de su Gobierno, Sánchez logró con este asunto recuperar la iniciativa, monopolizar la agenda política y arrebatar el protagonismo a Ciudadanos, que este martes somete a votación su propuesta de eliminar aforamientos. Lo hizo además con el mayor impacto posible, en un acto con algunos de los hombres fuertes del Ibex 35 sentados en primera fila.

“El reto es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política”, sentenció el jefe del Ejecutivo en un discurso muy medido de reivindicación de su gestión y de la necesidad de hacer una moción de censura porque España “vivía una paralización generalizada” con Mariano Rajoy y “no podía aguantar dos años más de ese bloqueo”. Esta reforma, según Sánchez, mandaría “una señal relevante, inequívoca, de ejemplaridad, solidaridad y empatía” hacia los ciudadanos.

Lo que no está previsto tocar es el aforamiento de la Familia Real y en particular del rey emérito, Juan Carlos I. El Gobierno tampoco tocará, porque no es su competencia, el aforamiento autonómico, pero cree que, una vez cambiado el nacional, caerá por su propio. Sin embargo, hay Parlamentos como el de Murcia que ya están yendo más lejos que el Gobierno, y plantean eliminar por completo el aforamiento de sus diputados y miembros del Gobierno.

Los beneficios del aforamiento

El aforamiento es una prerrogativa por la cual las causas penales de diputados, senadores y miembros del Gobierno son investigadas y, llegado el caso, juzgadas por el Tribunal Supremo y no por los tribunales ordinarios como les ocurre al resto de ciudadanos. España es el país europeo que tiene más extendida esta figura. La mayoría de Estados de la UE no la contemplan para sus parlamentarios —solo para los miembros de los Gobiernos— y Alemania carece de ella.

Este privilegio procesal se ha extendido, con el paso del tiempo, a los parlamentarios y Gobiernos autonómicos a través de los diferentes Estatutos, así como a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. En abril de 2017, Murcia se convirtió en la primera comunidad que suprimía los aforamientos.

De los 250.000 aforados (en distintos grados) que existen en España, algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuerpos autonómicos, según los datos que ofreció el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en una comparecencia en marzo de 2017 en la Comisión de Justicia del Congreso. Otros cinco son miembros de la Familia Real y el resto (17.603) pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades.

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