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La fiscalía pide que no se admita la recusación contra Marchena por el ‘whatsapp’ de Cosidó

El ministerio público cree que las dudas de los soberanistas sobre la independencia de Marchena son "puras y gratuitas especulaciones"

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el pasado 20 de noviembre.
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el pasado 20 de noviembre. GTRES

La fiscalía ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que rechace la recusación planteada por seis de los acusados por rebelión en la causa del procés contra Manuel Marchena, el presidente del tribunal que enjuiciará los hechos y al que acusan de tener vínculos con el PP. El ministerio público considera que no hay razones para apartar a Marchena del tribunal y pide al Supremo que rechace de plano la recusación. La fiscalía considera que el escrito presentado por las defensas de los líderes independentistas es “extremadamente parco en argumentos” y no justifica “objetivamente” las dudas sobre la imparcialidad del presidente de la Sala Penal.

Las recusaciones fueron planteadas hace una semana por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tras la filtración de un mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de que el posible nombramiento de Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactado con el PSOE, permitiría al PP tener bajo control el Supremo. Los abogados de estos acusados, actualmente en prisión, denuncian los supuestos vínculos de Marchena con el PP, por lo que en caso de mantenerse la composición del tribunal aseguran que no se puede garantizar que sean juzgados con imparcialidad, algo que vulneraría sus derechos a un juicio justo.

El ministerio público cita jurisprudencia del Constitucional y del propio Supremo para recordar que no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del juez “surjan en la mente de quien recusa”, sino que es preciso determinar, caso a caso, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan “objetiva y legítimamente justificadas”. Y, en este caso, según la fiscalía, no lo están. Para el ministerio público, las dudas que denuncian los independentistas “constituyen puras y gratuitas especulaciones de un tercero que realiza un juicio de inferencia sobre el eventual comportamiento personal de quien con sus propios actos ha dejado patente no solo su propia y personal independencia intelectual, sino su defensa de la independencia judicial en general”.

La denuncia de parcialidad de Marchena es, según los fiscales, "inasumible" en tanto que no viene referida a ninguna acción, expresión o pronunciamiento del mismo en el ámbito público de sus funciones, ni en privado de su vida personal, que le aleje de "la absoluta imparcialidad y ajenidad respecto del objeto del proceso y las personas que en el mismo están afectadas o de algún modo intervienen”, señala el ministerio público, que considera que el mero procedimiento utilizado para expresar la supuesta vinculación del juez “con determinada ideología” es “constitucionalmente ilegítimo”. “Más allá de especular al margen del cauce procesal y sus reglas, se obvió el debate reglado y la debida contradicción a sus argumentos, poniendo así en peligro —sin fundamento objetivo— la confianza de los ciudadanos hacia sus tribunales”, reprocha la fiscalía a las defensas.

La fiscalía recuerda que los supuestos vínculos de Marchena con el PP que denuncian los procesados por rebelión no surgen de manifestaciones públicas procedentes del juez recusado, sino de mensajes emitidos por “personas no identificadas” que han sido reenviados por Cosidó a diversos senadores de su partido. “Al margen de cualquier valoración sobre su contenido y sobre si reflejan o no lo que ya se hallaba en la intención de los recusantes, dichos mensajes no pueden considerarse como elemento acreditativo del interés del referido magistrado en un resultado concreto del proceso”, señala el escrito, firmado por los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. “No es posible racionalmente atribuir al magistrado Marchena, de forma especulativa –y sin un mínimo de seriedad- concretas ideas políticas o afinidades ideológicas que él mismo nunca ha expresado con dichos o hechos, y mucho menos en su quehacer judicial”, afirman.

Las recusaciones planteadas por los acusados, según el ministerio público, no demuestran la supuesta afinidad ideológica de Marchena hacia el PP, pero aunque lo hicieran, no serían razón para la recusación porque ese partido no está implicado en la causa abierta contra el procés. Frente a los duros reproches que lanza contra los acusados, el escrito elogia la “digna y generosa renuncia” del magistrado “al más alto cargo judicial que se le proponía”. Esta actitud demuestra, según los fiscales “un absoluto distanciamiento con la vinculación que se le pretende atribuir, y una personal implicación en la defensa de la independencia judicial y en la apariencia pública de esa independencia”. “No cabe un gesto de mayor desvinculación con las afinidades políticas que se sospechan que la renuncia al más alto honor en la carrera profesional de un magistrado, en salvaguardia, no de una independencia real, incuestionable y públicamente incuestionada, sino de su mera apariencia”, concluye el ministerio público.

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