La presión interna en el PP rompió el pacto judicial

Los inoportunos mensajes con las injerencias políticas sobre la Justicia reenviados desde el móvil de Ignacio Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, fueron una espoleta. Y para muchos en el PP la perfecta justificación para romper el pacto judicial, el único gran acuerdo alcanzado en esta legislatura entre el Gobierno socialista y el nuevo PP de Pablo Casado. El PP esgrime oficialmente que se desligó del pacto por la “deslealtad” del Ejecutivo de Sánchez al filtrar el nombre de Manuel Marchena, el candidato conservador a presidente del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes populares implicadas en la negociación niegan esa versión y concluyen que el detonante fue la presión interna de la línea más dura en el partido y en sus apoyos mediáticos.

La intrahistoria de cómo se fraguó primero el pacto y de cómo se destrozó comienza con la única reunión que han mantenido Pedro Sánchez y Casado en La Moncloa el pasado 2 de agosto. Los dos líderes convinieron que procedía renovar en tiempo y formar el máximo órgano del poder judicial y que debían poner en la labor a alguien de su confianza. Así fue.

Al día siguiente Sánchez encomendó esa tarea a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Casado a Rafael Catalá, el exministro de esa área en el último equipo de Mariano Rajoy. Los dos se hicieron una primera llamada en verano y postergaron su primera cita, en el Ministerio, para los primeros días de septiembre. Desde entonces esas reuniones fueron casi semanales, con discreción, y sin excesivos problemas, creándose incluso un clima de cierta confianza entre ambos, como confirman en el entorno de los dos equipos.

La primera tarea que se pusieron fue confirmar que de verdad querían llegar a un acuerdo bilateral, sin incluir en las negociaciones ni a Podemos ni a Ciudadanos, y lo segundo que hicieron fue empezar a expurgar la lista de más de medio centenar de candidatos que se presentaron para ocupar los 20 codiciados puestos de vocales del Poder Judicial. Así llegaron hasta mediados de octubre, con el compromiso de no ponerse vetos. Y fue entonces Catalá el que exigió a Delgado hablar ya del aspirante a presidente y puso sobre la mesa el nombre de Marchena. No era una propuesta casual ni inocente.

Marchena ya había sido propuesto para ese cargo en diciembre de 2013 por el entonces ministro popular Alberto Ruiz-Gallardón a su interlocutor, Antonio Camacho, con el que negoció con el mismo sistema la anterior renovación del Consejo por delegación respectiva de Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Marchena ya estaba entonces en el Tribunal Supremo y se cayó de la lista en la recta final, como ha sucedido ahora. Su teórica querencia conservadora les pareció un mal menor frente a su contrastada independencia y su nivel profesional demostrado en el procesamiento de los líderes independentistas en Cataluña.

Delgado no hizo causa de ese nombre sino de recuperar una mayoría progresista en el Consejo. Catalá convenció por su parte a Casado de que su amigo Marchena era inmejorable y sobre todo de que el reparto (11 vocales progresistas y 9 conservadores más el presidente) era el mejor y único posible. Delgado y Catalá coincidieron en que la renovación facilitaría a su vez una cadena de más de 30 nombramientos en otros niveles judiciales. A finales de octubre el asunto quedó casi resuelto a la espera de hacerlo público. Sánchez y Casado recibían información permanente. Se llegó así al segundo fin de semana decisivo de noviembre. El periódico Abc publicó ese viernes 9 una información con todos los aspirantes conservadores propuestos por el PP, sin citar al presidente. EL PAÍS avanzó esa tarde en su web la candidatura de Marchena. Esa noticia molestó en el PP y en La Moncloa. Algunos medios la desmintieron. Ese fin de semana se volvieron a encontrar Delgado y Catalá: el pacto seguía adelante pese a esos inconvenientes.

En la noche del domingo 11 de noviembre la ministra citó para las 8.30 horas de ese lunes en su despacho a Marchena para confirmarle 15 minutos después que era su candidato a presidente. Ese lunes, tras ver a Delgado y avanzar al director de un medio de comunicación sus planes para el futuro Consejo, Marchena comprobó cómo desde La Moncloa se confirmaba su nombramiento, que poco después también ratificaban fuentes del PP. No puso pega alguna.

“Enorme malestar”

El problema con Marchena se desbocó por la reacción airada del sector más duro del PP y de los medios conservadores, no con el presidente sino con el aspirante a vocal progresista José Ricardo de Prada, uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que participaron en la redacción de la sentencia del caso Gürtel, según confiesan ahora dirigentes populares implicados en la negociación y de la dirección. En una reunión interna del grupo parlamentario uno de los miembros de su dirección llegó a reprocharle a Casado y su entorno esa “excesiva flexibilidad” y que no entendiera “el enorme malestar de las bases del partido a punto de explotar” por haber aceptado a De Prada.

Esa reacción y las duras críticas en periódicos y radios afines al PP se multiplicaron en los días siguientes hasta el punto de que la dirección del partido optó entonces por permitir que Carlos Rojas, su portavoz parlamentario en la comisión de nombramientos, le cuestionara a la cara la falta de independencia de De Prada y le espetara que podría estar mejor en el Consejo que firmando sentencias. Eso sí, el PP se tragó el sapo de votarle a favor. Fue una reacción pactada para calmar ánimos internos muy soliviantados. Pero no fue suficiente.

Entonces llegó, el lunes 19, la publicación en El Español del whatsapp de Cosidó. El martes 20, Marchena renunció. Y, a continuación, se suspende la votación en el Congreso de los vocales. En el PP se ha abierto una caza de brujas para averiguar quién redactó ese mensaje que permitió a Casado descolgarse de un pacto al que no ve ya suficientes beneficios.