Los presos del ‘procés’ usan la dimisión de Marchena para cuestionar la justicia

Las recusaciones de Marchena se fundamentan en el mensaje enviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se felicitaba de controlar el alto tribunal y situar a Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. El magistrado dimitió el pasado día 20 e hizo una defensa de su imparcialidad, pero las defensas entienden que esa renuncia no se habría producido de no trascender lo que califican como “el whatsapp de la vergüenza”.

Las recusaciones consideran a Marchena el “protagonista” del acuerdo político que quedó desbaratado con su renuncia, así como que actuó como “correa de transmisión del PP” y que existe una “inequívoca coincidencia entre los intereses” del juez y los de ese partido.

El Tribunal Supremo aceptó ayer la recusación y queda por ver si se atiende su petición de que declare Cosidó. En el probable caso de que sea rechazada, después deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional y finalmente el TEDH, en el que las defensas tienen depositada más confianza, al entender que el frustrado pacto judicial y la dimisión de Marchena cuestionan el derecho a ser juzgado por “un tribunal independiente e imparcial” que prevé el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hasta llegar a esa instancia habrá que esperar unos años, pero las defensas confían en que entonces se produzca un pronunciamiento similar al que condenó a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y a la que hace unos días condenó a Turquía por el arresto del ex copresidente del Partido Popular Democrático, Salahaddin Demirtas, por haber violado su derecho a un juicio rápido.

Apariencia e imparcialidad

Argelia Queralt, profesora de derecho constitucional, explica que es discutible cuestionar la imparcialidad de Marchena a partir del pacto político del PSOE y PP, aunque comparte el análisis de Luis López Guerra, que fue magistrado del TEDH durante nueve años. “No hace falta una actuación específica del juez para que se vulnere la apariencia de imparcialidad, sino que también han de valorarse las condiciones y el contexto en el que se va a celebrar la vista”. En su opinión, resulta muy prematuro pronosticar si un juicio presidido por Marchena contra los líderes del procés vulneraría el Convenio Europeo. “Hay que esperar a conocer los argumentos de los recurrentes y, sobre todo, los pronunciamientos de la justicia española antes de que el caso llegue al Tribunal Europeo”, asegura.

Las defensas entienden que la dimisión de Marchena es un hecho más que se suma a la fragmentación de la investigación de los procesados o lo que llaman “relajación de las normas de competencias”, que ha llevado el caso al Tribunal Supremo y no al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“La estrategia de criminalización de los procesados sigue directrices políticas que se vinculan a ultranza con el principio de unidad territorial”, asegura en su escrito de recusación Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Por su parte, Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, así como de Jordi Sànchez, explica en su recusación, que aunque Marchena dimitiera, era “un medio de control en la sombra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.