Los intentos del PP para torpedear el ‘caso Gürtel’

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se encuentra en el ojo de la tormenta política. En unas conversaciones grabadas en 2009 y hechas públicas esta semana, el policía retirado y actualmente encarcelado, José Manuel Villarejo, adelanta a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, detalles de operaciones policiales relacionadas con el caso Gürtel—una extensa red de corrupción tejida en torno del PP durante años—. No es la primera vez que al partido de Mariano Rajoy se le acusa de haber entorpecido o torpedeado la investigación.

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Ataques al juez, fiscales y policías. Cinco días después de las primeras detenciones por el caso Gürtel, el por entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, lanzó una primera acusación: “Nunca, ni con el Gobierno de Suárez, González o Aznar se hizo un uso tan partidista de la fiscalía”. El ataque continuó, 24 horas después, con la recusación al juez instructor, Baltasar Garzón, por supuesta enemistad. El problema no era la corrupción que golpeaba a muchos dirigentes del PP, sino quienes investigaban el caso.

Un testigo crucial, despedido de su empresa. José Tomás, jefe de ventas en una tienda de ropa a la que acudía con frecuencia la trama corrupta, declaró ante Garzón el 11 de marzo de 2009. La red Gürtel, según contó a EL PAÍS cuatro días después, regalaba trajes al presidente valenciano Francisco Camps. La Administración que presidía Camps adjudicó a la trama corrupta decenas de contratos a dedo o amañados. El exministro Federico Trillo, autor intelectual de la defensa jurídica del PP en el caso Gürtel, visitó el 17 de marzo al dueño de la tienda donde trabajaba Tomás. Después, lanzó una campaña de desprestigio contra el vendedor de ropa: “Ni es testigo ni es sastre, está imputado por falsedad y estafa y ha sido despedido disciplinariamente de la empresa para la que trabaja”. Los compañeros firmaron una declaración contra José Tomás. Uno de esos empleados contó más tarde que le amenazaron con perder el trabajo si no firmaba. José Tomás recurrió su despido. Los tribunales le dieron la razón y obligaron a la empresa a indemnizarle.

El topo Villarejo entra en acción. El comisario José Manuel Villarejo era un viejo amigo de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. El agente entró por el garaje de Génova, 13, sede central del PP, en la tarde del 21 de julio de 2009. Durante hora y media, conversó con López del Hierro y Cospedal. Villarejo, que grabó toda la reunión, ofreció detalles del caso que tanto daña al PP. Durante las siguientes semanas, Villarejo avisó al marido de la dirigente popular de registros policiales y de investigaciones que afectan a cargos del PP.

El primer archivo a Camps. Villarejo presumía en septiembre de 2009 de que habían retrasado un informe policial sobre pagos en b que acreditaría el trato de favor a la trama Gürtel y la financiación ilegal del PP valenciano. El informe llegó el 31 de julio de 2009 al Tribunal Superior, pero los magistrados no lo tienen en cuenta el 3 de agosto cuando archivan la causa abierta a Camps por cohecho impropio. El recurso ante el Supremo de la fiscalía reabre la causa. Camps resulta absuelto por un jurado popular (cinco votos frente a cuatro).

Bárcenas pidió la baja, y dejó su escaño, pero siguió a sueldo del PP. El tesorero pidió la baja en el partido y dejó su escaño en el Senado en abril de 2010. Pero el PP, por indicación de Rajoy, le mantuvo el sueldo (uno de los más altos de la organización), la secretaria y el coche con chófer. La causa donde estaba imputado pasa del Supremo al Tribunal Superior de Madrid. El juez instructor era Antonio Pedreira. Un exdiputado del PP, Jorge Trías, abogado, conoce al magistrado y retomó ese contacto. Bárcenas se acercó a Trías y albergó esperanzas de que su causa acabe archivada.

Bárcenas, desimputado. El 29 de julio de 2011, el juez Pedreira archivó la causa contra Bárcenas por “falta de indicios sólidos”. El magistrado comunicó su decisión el 1 de septiembre cuando aún no había llegado de Suiza la información reclamada sobre cuentas del tesorero en ese país. Trillo acusa a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, de ser “director del montaje”, pide el cese de Juan Antonio González, el jefe policial que dirigía la investigación y cargó contra las dos fiscales —Concepción Sabadell y Miriam Segura— encargadas del caso. El PP ganó las elecciones dos meses después y recuperó el Gobierno.

El Gobierno del PP destituyó al jefe policial que investiga el caso Gürtel. Enero de 2012. Juan Antonio González tenía una brillante hoja de servicios contra el crimen. Dirigía la investigación del caso Gürtel desde agosto de 2008 como comisario jefe de la Policía Judicial. Cuando el PP recuperó el poder en diciembre de 2011, tardó unos días en destituirlo. “En enero me llamó el señor Cosidó [entonces director general de la Policía, hoy portavoz del PP en el Senado] a su despacho y me dijo que me cesa porque no tengo su confianza (…) El señor Cosidó dijo en el Congreso que yo era el policía de Rubalcaba, que si hacía las pruebas preconstituidas… Después de oírle decir esas cosas, algo tendría que ver, pero no lo sé”, explicó González en la comisión de investigación correspondiente del Congreso, ya en noviembre de 2017. Manuel Morocho, inspector que investigó el caso, afirmó que el PP pretendió “desestabilizar la investigación” y presentó “siete denuncias” contra los policías encargados del caso; todas fueron rechazadas.

Presiones al ministro para cambiar a las dos fiscales. Rajoy nombró ministro de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón, quien a su vez eligió como fiscal general a Eduardo Torres-Dulce. Ambos recibieron llamadas de dirigentes del PP molestos con las dos fiscales, Miriam Segura y Concepción Sabadell, que investigan el caso desde 2008. Anticorrupción recurrió el archivo de la causa contra Camps y se reabrió el proceso. Ahora recurrió la desimputación de Bárcenas y el caso resucita el 15 de marzo de 2012. El ministro Gallardón recibió mensajes de su partido para que cambiara a las fiscales anticorrupción. Pero no puede. El escándalo sería mayúsculo. Bárcenas se quejó al entorno de Gallardón e intentó, sin éxito, hablar con el ministro. Ni Gallardón ni Torres-Dulce cedieron a las presiones. El proceso siguió.

El PP demanda a EL PAÍS por publicar la caja b. La publicación en EL PAÍS de la caja b del PP el 31 de enero de 2013 desencadenó una reacción similar a la que produjo la desarticulación de la trama Gürtel por Garzón. En aquella ocasión, el PP se querelló contra el juez. Ahora, el PP demanda en marzo de 2013 a EL PAÍS por una supuesta “vulneración del derecho al honor”. El PP llama a Bárcenas para exigirle que haga un desmentido. El tesorero acepta: “Esos manuscritos son una chapuza, es un libro de tenderos, un colmado del siglo pasado, no hay quien se lo crea”. Solo cuatro meses después, Bárcenas confiesa al juez que los papeles son suyos y ciertos: reflejan el funcionamiento de una caja b desde 1990 hasta 2009. El PP retira su demanda contra EL PAÍS.

El PP, expulsado por mala fe procesal. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decide expulsar al partido de la causa el 23 de abril de 2013. Sugiere que ha existido mala fe procesal del PP para tapar esa corrupción. Mientras desempeñaba la función de acusador popular, el PP defendía la inocencia de Bárcenas “negando los múltiples indicios de criminalidad que pesaban sobre el tesorero por delito fiscal, cohecho y blanqueo de capitales”, según Ruz.

Borrado y destrucción de los discos duros de Bárcenas. Entre mayo y junio de 2013, el PP borró y destruyó los discos duros de los dos ordenadores que usaba Bárcenas. El 19 de agosto, los dirigentes populares entregan al juez los ordenadores de Bárcenas, inservibles para la investigación. Uno, de marca Toshiba, carece de disco duro. El otro, Apple, guarda, según Bárcenas, algunos datos clave para la investigación. El disco duro de ese ordenador ha sido borrado a conciencia. “[El abogado y la tesorera del PP] acordaron la destrucción física de los discos duros con aplicación de técnicas drásticas”, escribió la instructora del caso. Nueve años después, el Estado de derecho sobrevive a casi todos los obstáculos y ha vencido de momento a las cloacas del PP que intentaron tumbar el caso Gürtel.