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La Rey Juan Carlos recurre a la Audiencia Provincial el archivo del ‘caso máster’

La universidad defiende su actuación, pese a que la juez le reprochó su falta de colaboración

Logo de la universidad en una puerta de cristal del rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos en  Móstoles, Madrid.
Logo de la universidad en una puerta de cristal del rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles, Madrid.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid quiere “llegar hasta el final” del caso máster y, según ha anunciado este viernes, recurrirá a la Audiencia Provincial el archivo de la principal línea de investigación. “Estamos comprometidos para que se depuren todas las responsabilidades que corresponden respecto al Instituto de Derecho Público (IDP), cuyos hechos han causado un gran daño a la reputación de la universidad”, ha insistido el centro docente, que toma esta iniciativa después de que la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, acordase por segunda vez dar carpetazo a esta parte de la causa, a raíz de que el Tribunal Supremo decidiese que no podía investigar a Pablo Casado, líder del PP, por no existir indicios suficientes. La magistrada entendió que esta situación, por tanto, era extrapolable al resto de imputados.

“La URJC ha colaborado de manera activa con la investigación judicial siempre, superando los obstáculos y la opacidad que había en dicho instituto que ha sido clausurado”, ha apostillado la universidad a través de un comunicado, pese a que la juez cargó duramente contra la Rey Juan Carlos en uno de sus últimos autos. “Es necesario enfatizar que uno de los grandes problemas con los que se ha encontrado la presente instrucción judicial ha sido, precisamente, la dificultad de extraer conclusiones claras en relación a cómo funcionaba —en lo que aquí nos concierne, los másteres impartidos— la universidad”, subraya el escrito de la magistrada, donde se añade: “Su actuación, en opinión de esta instructora, no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos”.

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá ahora si acepta el recurso de apelación de la universidad o si mantiene el archivo de la principal línea de investigación de la causa, que consideraba que estos títulos de posgrado se usaban como “regalo” a alumnos “con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional” con el catedrático Enrique Álvarez Conde, calificado como el cerebro de la trama y director del IDP, epicentro del caso máster. “Desde la URJC no queremos pasar por alto las irregularidades detectadas que deben ser investigadas hasta el final y que nuestra obligación como institución pública es defender la honorabilidad y el buen hacer de los alumnos, profesores y resto de trabajadores de la universidad”, ha añadido este viernes la Rey Juan Carlos.

Pese al cierre de la principal línea de investigación, la juez mantiene abierta la causa por la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Por ello, continúan imputados la exjefa del Ejecutivo autonómico; Álvarez Conde; Cecilia Rosado, una de las profesoras que firmó el acta; y Teresa Feito, la exasesora del Gobierno regional que supuestamente acudió a la URJC cuando saltó el escándalo para presionar a los profesores.

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