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La Fiscalía de Madrid no recurrirá el archivo de la trama del ‘caso máster’

La juez Rodríguez Medel decidió sobreseer la investigación principal después de que el Tribunal Supremo rechazara investigar al líder del PP, Pablo Casado

Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC, sale el pasado septiembre de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Ampliar foto
Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC, sale el pasado septiembre de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).

La Fiscalía de Madrid no recurrirá el auto de la jueza Carmen Rodríguez Medel que archivó las diligencias de la trama del caso másterordenado el pasado lunes 1 de octubre. El texto de la magistrada, que ocupa el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, terminó con la investigación que trataba de esclarecer si se habían cometido delitos de prevaricación y cohecho impropio y exoneró a 19 personas. La decisión de Rodríguez Medel llegó después de que el Tribunal Supremo rechazara investigar al líder del PP, Pablo Casado. La única pieza de este caso que queda abierta es la que afecta a la falsificación del acta del trabajo de fin de máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. 

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), sin embargo, anunció hace unos días que sí impugnará el fallo al estar en contra de la interpretación de la jueza del auto del Tribunal Supremo que daba carpetazo a la petición de investigar a Casado.

Carmen Rodríguez-Medel decidió el pasado lunes 1 de octubre archivar la investigación principal del caso máster y levantó todas las imputaciones por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho que se atribuían a 19 personas. Según se desprende de un auto de 18 páginas, la magistrada se consideró obligada a seguir la línea del Supremo y solo mantiene ya abierta la instrucción por la presunta falsificación del acta del TFM de Cifuentes. A través de su escrito, Rodríguez-Medel dejó claro que esta decisión derivaba exclusivamente de la resolución del Supremo —"es obligado resolver a la luz de su argumentación"— y del informe del teniente fiscal de dicho tribunal, Luis Navajas.

Tanto el Supremo como Navajas argumentaron que no existen indicios suficientes para abrir una investigación contra Casado y afirmaron que no se aportaron datos que avalen las sospechas de que el posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos, impartido por el Instituto de Derecho Público (IDP), se usaba "como regalo" a alumnos "con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama.

El sobresiemiento de la causa afectó a 19 personas: no solo a los compañeros de Cifuentes y Casado que estaban siendo investigados, sino también a otros profesores como Pablo Chico, Susana Galera, Amalia Calonge, Clara Souto o Laura Nuño, o el propio exrector Fernando Suárez.

En la supuesta falsificación del acta del TFM de Cifuentes continúan imputados la propia expresidenta madrileña, el catedrático y exdirector del IDP de la URJC Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora del Gobierno regional Teresa Feito Higueruela. Todos están investigados por un delito de falsedad documental.

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