Santander blinda su puerto contra los polizones albaneses

Cada vez que un ferri atraca en el Puerto de Santander antes de tomar rumbo hacia Reino Unido, grupos organizados de extranjeros, la mayoría de origen albanés, merodean por la zona hasta que encuentran el momento preciso para burlar la presencia policial. Saltan sin aparente dificultad la valla que separa el recinto portuario de la ciudad y tratan de infiltrarse entre la carga de un remolque o en un contenedor que acabará en las tripas del barco. La escena se repite a diario, aunque no siempre los intentos acaban con éxito. En lo que va de año se han detectado 546 casos de entrada con artes furtivas en los muelles santanderinos. “La preocupación es máxima. El intrusismo es reiterado, diurno y nocturno”, afirma el presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González. El puerto ha decidido elevar la altura de la valla hasta los cuatro metros para frenar el acceso ilegal, una medida que apoya el delegado del Gobierno de Cantabria, el socialista Pablo Zuloaga: “Debe hacerse cuanto antes”.

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El Puerto de Bilbao ya adoptó una decisión similar a finales de 2017. Construyó un muro de cemento de cuatro metros de altura, con una inversión de 230.000 euros, muy criticado desde algunos sectores como “el muro de la vergüenza” por su parecido con la política de fronteras de Trump. “En Santander estamos obligados a reforzar el aislamiento y hacer difícil el acceso de forma ilegal a los barcos”, explica González. El cercado que separa todo el perímetro portuario del centro de la ciudad, un obstáculo que los migrantes logran sortear con cuerdas y escaleras, ganará 1,5 metros de altura. “Es una buena medida que sin duda ayudará a evitar futuros saltos y es importante que se lleve a cabo cuanto antes”, dice Zuloaga.

El desmantelamiento en octubre de 2016 de los campamentos de migrantes irregulares que se habían instalado en torno al puerto de Calais (Francia) y el cerco que defiende ahora la dársena exterior de Zierbena (Bizkaia) han logrado ahuyentar en buena medida a los migrantes de estas zonas, y ponen el foco del problema en Santander, opina el responsable de esta Autoridad Portuaria. El servicio que presta la compañía Brittany Ferries desde la capital cántabra, con seis escalas semanales durante todo el año a Plymouth, Portsmouth y Cork, es la mejor oportunidad que muchos jóvenes migrantes encuentran para llegar a tierras británicas. “Están operando redes mafiosas que trafican con personas albanesas a las que ofrecen oportunidades de una vida mejor en una tierra diferente a la de su origen”, señala el delegado del Gobierno.

Guardia Civil y Policía Nacional, que desde mayo se ha reforzado en Santander con una Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC), han extremado las labores de control y vigilancia del recinto portuario, hasta frustrar 546 intrusiones este año, una cifra que “no coincide con el número de personas interceptadas, pues la mayoría lo intenta varias veces, incluso el mismo día”, comenta Zuloaga. La actuación de la BRIC, añade, ha permitido localizar entre mayo y octubre a 107 polizones dentro de la zona restringida, escondidos en camiones o en otras zonas del puerto.

La lucha contra este fenómeno se ha trasladado también a las localizaciones donde operan redes mafiosas, “pequeños grupos que no superan las 15 personas y que se han establecido en casetas y edificios de Montaña”, un barrio contiguo a uno de los extremos del puerto donde pernoctan los polizones. En marzo pasado, la Guardia Civil ya logró desarticular en Bizkaia una de estas organizaciones mafiosas que llegaba a cobrar hasta 3.000 euros por ayudarles a infiltrarse en buques de la naviera británica.

Las posibilidades de éxito son muy reducidas. La mayoría de quienes consiguen colarse y alcanzan las islas británicas suelen acabar detenidos en destino, apuntan fuentes de la naviera. En esos casos, el Gobierno británico multa a la compañía con 2.000 euros por cada uno de los polizones descubiertos y le obliga a asumir los costes de su repatriación, con un servicio de escolta incluido, que supone otros 4.000 euros por migrante. La Delegación del Gobierno de Cantabria asegura que este año el Reino Unido ha devuelto 44 ciudadanos albaneses, de los cuales 36 sucedieron entre enero y mayo y “tan solo” ocho, señala Zuloaga, desde junio, a partir de que la BRIC comenzara a actuar en el Puerto de Santander.