La universidad admite que el instituto del ‘caso máster’ funcionaba sin control desde 2006

Una de las escenas que mejor describe cómo funcionaba el Instituto del Derecho Público (IDP) se produjo cuando la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) lo intervino tras saltar el escándalo, que ya ha acabado con una presidenta regional y con una ministra del Gobierno, que acecha al líder del principal partido de la oposición y que, en fin, ha marcado la política nacional desde hace casi medio año. El rector decidió destituir como director al catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama, y nombró al profesor Pablo Acosta para hacerse cargo del centro. Pero, cuando este aterrizó en sus despachos, se topó con muchas sorpresas. Lo primero, que la labor de administración la desarrollaba una "estudiante".

Más información

La universidad denuncia el borrado de 5.400 ‘e-mails’ de la cuenta del instituto

El cerebro del ‘caso máster’ se pagaba con las cuentas del instituto

También, que no tenían ni contabilidad ni presupuestos. Y que en 2006 habían dejado de presentar sus cuentas a la universidad, según relata Acosta en su declaración como testigo ante la juez, donde admite que había "una absoluta falta de supervisión" del instituto por parte de la universidad. Álvarez Conde había montado un centro docente que manejaba como quería y que no se controlaba desde la URJC, según se desprende de las pesquisas de los investigadores, de la instructora y del rectorado.  

El IDP empezó a funcionar en 2002 y la Comunidad de Madrid le dio el visto bueno en 2005, cuando ejercía como rector Pedro González-Trevijano, próximo al PP y actual magistrado del Tribunal Constitucional. En ese momento y sin que lo hubiese aprobado la universidad, según afirma Acosta, el catedrático decidió dirigirse a Hacienda para obtener un CIF para el instituto, lo que le permitió tener personalidad jurídica propia, abrir cuentas bancarias y firmar convenios de colaboración con entidades privadas y públicas con "total autonomía".

Eso suponía que los alumnos de los cursos no oficiales ingresaban el dinero de las matrículas —miles de euros— en las cuentas que manejaba Álvarez Conde. También el de unos convenios muy "problemáticos", según Acosta, porque habría recibido una contraprestación económica a cambio: "Y, si tiene una contraprestación, es un contrato y debería estar sujeto a la ley de contratos públicos".

"El instituto no debió tener nunca personalidad jurídica propia, independiente de la universidad. Sin embargo, operaba como si la tuviera. Y tenía un reglamento que nunca fue aprobado por consejo de gobierno y publicado en el boletín, pero se regía por este", admite el delegado del rector, que añade que Álvarez Conde "facturaba y firmaba" por su cuenta.

Miles de correos borrados

El profesor Pablo Acosta llamó alarmado a la policía el pasado 20 de junio: el rector le había nombrado máximo responsable del IDP tras intervenirlo cuando saltó el escándalo. Ese día, por primera vez, Acosta consiguió acceder a la cuenta de correo electrónico del centro docente. Lo que vio le pareció muy sospechoso: habían borrado miles de e-mails, según relató a la policía, a la que no pudo precisar el momento en el que fueron suprimidos "ni si fueron eliminados en bloque o en fechas distintas", según resaltan los investigadores en un informe.

Acosta decidió llamar a los agentes porque ya habían abierto pesquisas por las "irregularidades" detectadas en las cuentas bancarias del instituto, manejadas por Álvarez Conde. Este nuevo descubrimiento ahonda en el cúmulo de dudas que sobrevuelan la figura del catedrático. Citado posteriormente como testigo por la magistrada que instruye el caso máster, el delegado del rector también insistió en que la universidad cree que se han extraído documentos de los despachos del IDP. Porque se han "encontrado muy pocos papeles" y porque algunos de esos documentos "salieron publicados en la prensa y no estaban en el instituto".

“Sospecho que se han llevado documentación", apostilló Acosta el pasado 3 de agosto, durante su declaración ante la juez, cuando precisó —ante la sorpresa de la magistrada— que la Universidad Rey Juan Carlos aún no había entrado en el despacho de Álvarez Conde, al que se le despojó de la dirección del centro, pero que mantiene su plaza. Y el despacho seguía cerrado a principios de agosto: "No sé si hay documentación ahí. No sé si hay en su casa", admitió Acosta.

Toda esta nueva información estrecha más el cerco sobre Álvarez Conde, calificado por la instructora como el "urdidor" de la trama. Según la investigación, Álvarez Conde también ordenó al banco que enviara la correspondencia de las cuentas del instituto a su domicilio particular. Además, al revisar los extractos, se ha comprobado que se pagó sobresueldos de entre 10.000 y 22.000 euros al año; que se hizo transferencias a sí mismo y a sus dos hijos —que no tienen relación con la universidad—; y que usó la tarjeta asociada para todo tipo de gastos personales, comidas en restaurantes y compras en supermercados, entre otros.

La URJC ha denunciado al catedrático por malversación. Una causa que recayó en el Juzgado de Instrucción número 34, que se inhibió y la trasladó al 51, donde se lleva el caso máster. Pero la magistrada rechazó asumirla para evitar aumentar la “complejidad” del proceso y evitar dilaciones; y porque, según la juez, no se trata de un delito conexo a los investigados por ella.