Lo que no está claro en el máster de Casado

Las dudas sobre los trabajos exigidos a Pablo Casado en su máster de Derecho Autonómico en 2008-2009, con la sospecha de un posible trato de favor, se centran en dos aspectos diferentes. El primero es si debía hacer un trabajo final de máster o equivalente (entonces no recibía ese nombre). Casado dice que no, y de hecho no lo hizo, el problema es que a la mayoría de sus compañeros de clase, salvo a las otras tres alumnas que recibieron un trato similar y están imputadas, sí se les pidió y sí lo redactaron. Esas tres estudiantes fueron Alida Mas Taberner,  entonces subsecretaria de la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana, bajo la presidencia de Francisco Camps; María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito, mano derecha de Cristina Cifuentes; y María Dolores Cancio Álvarez, que estaba vinculada al polémico Instituto de Derecho Público (IDP), de Enrique Álvarez Conde, principal acusado del caso de la expresidenta madrileña.

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El resto de alumnos tuvieron que elegir un director o tutor de la tesina y también se les exigió presentarlo y defenderlo públicamente ante un tribunal de tres profesores. Fue convocado el día 29 de junio de 2009, tal como publicó este periódico, que tuvo acceso a los correos electrónicos enviados a los alumnos por la dirección de máster: “El examen del período de investigación se celebrará el día 29 de junio, a las 17:30 horas, en el Salón de Conferencias 167 (1ª planta del edificio departamental) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales…”. Aunque llegada la fecha de la convocatoria, cuando llegaron los alumnos les comunicaron que no era necesario porque los trabajos ya habían sido revisados y eran correctos.

Para explicar por qué no hizo trabajo final de máster, Casado argumenta que en aquel momento, de especial confusión por la entrada en vigor del Plan Bolonia europeo en 2009, la ley no lo exigía. En su opinión, la norma vigente en su caso era un real decreto de 2005 que no exigía trabajo final.  No obstante, en el curso anterior y en el siguiente del máster se pidió siempre el trabajo final y su defensa ante un tribunal. La universidad no ha aclarado aún qué real decreto regía el máster aquel año, ese de 2005 o uno posterior, de 2007, mucho más riguroso. En la rueda de prensa Casado dijo no saber lo que se exigió a los demás alumnos. “Hice lo que se me pidió”, repitió.

El segundo foco de interés se centra en lo único que hizo en ese máster, cuatro trabajos. A Casado le convalidaron 18 de las 22 asignaturas y para aprobar las cuatro restantes le bastó hacer un trabajo en cada materia. Reconoció que no fue a clase ni hizo exámenes. Esas fueron las facilidades que le dio Enrique Álvarez Conde, único interlocutor de Casado en el curso de posgrado. El líder del PP explicó en su rueda de prensa, tras las primeras informaciones de EL PAÍS, que pactó con Álvarez Conde que dejaría los trabajos en la secretaría. Admitió que ni siquiera conoció a los profesores. Aquí reside una de sus ambigüedades, pues la investigación judicial reveló luego que el profesor de tres de esas cuatro asignaturas fue el propio Álvarez Conde. Y en la cuarta la docente era Alicia López de los Mozos, colaboradora del director del IDP y también imputada en el caso del máster de Cifuentes, donde admitió haber falsificado el acta del trabajo final de la expresidenta madrileña.

Casado exhibió esos cuatro trabajos en su rueda de prensa, pero no dejó fotografiarlos ni reproducirlos. En total, sumaban 92 folios. El más extenso era de 55 páginas, pero los otros tres eran textos de pocos folios: 10, 11 y 16. Sus títulos eran los siguientes: Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia, 55 páginas; Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional, 10 páginas; El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro, 16 páginas; y El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Constitucional, 11 páginas.

Un aspecto llamativo es que ninguna de las otras tres alumnos imputadas, sospechosas de haber recibido un trato de favor, conserva trabajo alguno. En la exposición razonada de motivos de la juez, al remitir la causa de Pablo Casado al Supremo, no oculta sus sospechas de que el político conservador pudo haber realizado los trabajos después, a raíz del escándalo. Entre otras cosas, porque tuvo casi un mes para preparar su defensa desde que se destapó el caso de Cristina Cifuentes, en marzo. La juez sugiere pedir al líder del PP “que aporte sobre todo cualquier documento, como correo electrónico o acuses de recibo, que evidencien que fueron efectivamente elaborados en el curso académico 2008-2009 y remitidos o entregados en dicha fecha para su calificación". E incluso invita a "requerirle para que aporte el ordenador portátil antiguo en el que se encontraban archivados los trabajos presentados para su calificación en el máster, ordenador que según sus manifestaciones públicas del pasado 10 de abril de 2018, aún conserva, todo ello a fin de que por la policía judicial se informe de la antigüedad de los documentos informáticos archivados como tales trabajos y si han sufrido modificaciones a partir del 20 de marzo de 2018". El 20 de marzo de 2018 es el día que estalló el caso del máster de Cifuentes.