Los protagonistas de hace un año están ahora presos o fugados

Carles Puigdemont encabezó como president la ofrenda floral del Govern al monumento de Rafael Casanova de la Diada de 2017. Le acompañaban el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros de su Ejecutivo. Un año después, ninguno de ellos figuró en la foto oficial. Cinco, entre ellos el propio Puigdemont, están huidos de la justicia española; seis se encuentran en prisión preventiva; y los tres restantes (Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás) han abandonado la política tras estar encarcelados.

La causa por rebelión abierta en el Tribunal Supremo dinamitó a la cúpula independentista que había impulsado el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia. Tras 11 meses, el alto tribunal se prepara para juzgar a los procesados que se quedaron en España. Estas son algunas de las claves que marcarán los próximos meses del calendario judicial y del independentismo.

No antes de diciembre. El alto tribunal quiere celebrar cuanto antes el juicio y aspiraba a hacerlo este otoño, pero ya ha asumido que difícilmente podrá empezar antes de diciembre. Fuentes del caso trabajan con el escenario de hacer antes de Navidad la vista de cuestiones previas y dejar el juicio para el inicio de 2019. Serán varios meses, con sesiones de mañana y tarde para intentar que no se eternice. Tras la vista del Supremo se celebrará la de la Audiencia Nacional, donde están procesados por sedición el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y otras tres personas.

La estrategia de la defensa. Los abogados de los líderes independentistas encarcelados han asumido que sus clientes no van a salir de prisión antes del juicio. Los propios interesados parece que también. A todos ellos les convendría que la vista oral se celebrase cuanto antes. Esa perspectiva, sin embargo, no va a marcar su estrategia. Las defensas denuncian, de hecho, que la causa sobre el procés ha pecado de “aceleraciones indebidas” y que esa rapidez les ha generado “indefensión”. Por eso, anuncian que, antes de que se abra juicio oral, van a plantar batalla. Y van a solicitar, entre otras cosas, la admisión de pruebas que creen “fundamentales” y que no se han tenido en cuenta. De cara al juicio, van a intentar coordinar una estrategia conjunta, aunque admiten que habrá matices: mientras algunos pondrán el acento en el trasfondo político, otros atacarán los detalles más técnico-jurídicos y rebatirán, por ejemplo, la existencia de los delitos de rebelión o sedición.

Las causas catalanas. En paralelo, en Cataluña se mantienen abiertas otras dos causas por el procés. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe decidir si investiga al vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés y los diputados de Esquerra Lluís Salvadó y Josep Maria Jové. Los indicios contra ellos surgen del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que mantiene investigadas a decenas de personas —políticos de segunda línea, empresarios, técnicos— en un proceso que comenzó con las declaraciones del exjuez Santiago Vidal sobre las supuestas irregularidades cometidas por el anterior Govern. De ese juzgado han salido la mayor parte de las pruebas —como un documento denominado Enfocats y considerado la hoja de ruta de la secesión, o la agenda personal de Jové, arquitecto del referéndum del 1-O- que han servido para nutrir la causa del Supremo.

Tras la sentencia. En cualquier caso, lo previsible es las acusaciones pidan para los principales encausados elevadas penas de prisión y una condena en ese sentido previsiblemente abriría un nuevo escenario de incertidumbre. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que el Govern no obedecerá una posible sentencia condenatoria contra los líderes independentistas procesados, aunque no ha explicado cómo piensa hacerlo.