Justicia atribuye la confusión sobre el respaldo a Llarena a mala información

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, achaca la confusión generada durante este pasado verano sobre la falta de respaldo del Gobierno al juez instructor del proceso independentista, Pablo Llarena, a un problema de mala información, unas explicaciones no bien precisadas y manipulaciones oportunistas. Delgado quiso ser prolija en sus explicaciones pormenorizadas y “jurídicas” del caso a los diputados, en una comisión del Congreso, para situar el embrollo y la posible rectificación del Gobierno en su apoyo a Llarena frente a la demanda civil presentada por el expresidente Carles Puigdemont y otros independentistas fugados de la justicia en el ámbito técnico y evitar reconocer ningún error político. Delgado descalificó esa demanda como meramente “instrumental” y evidenció que Bélgica no ha querido colaborar con España en la solución de este conflicto.

La larga exposición de la ministra de Justicia sobre las actuaciones llevadas a cabo desde su departamento sobre esta demanda civil en un juzgado de Bélgica contra Llarena evidenció hasta qué punto esta crisis ha preocupado en el Gobierno, al que se acusó de dejar tirado justo ahora al magistrado del Supremo. Y reveló también la cantidad de trabajos, informes, notas y reuniones que se tuvieron que realizar contrarreloj en los Ministerios de Justicia y Exteriores para contrarrestar esa actuación judicial con claras consecuencias políticas. La propia ministra admitió que el asunto era de la máxima “gravedad” y “complejidad” en el ámbito jurídico y por las secuelas que podría conllevar en el futuro. Pero nunca aceptó haberse equivocado, haber rectificado o haber contribuido a la falta de coordinación en el Gobierno.

Antes del verano se conoció una demanda civil que Puigdemont y otros cuatro políticos separatistas fugados interpusieron en un juzgado de Bélgica por falta de “imparcialidad” contra Llarena y que basaron en unas manifestaciones del magistrado del Tribunal Supremo en Oviedo el pasado 22 de febrero, durante unas jornadas financiadas por BMW, en las que recalcaba que los políticos independentistas encarcelados "no son presos políticos". Llarena, más tarde, pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial y durante el mes de agosto se produjeron varias intervenciones del Ministerio de Justicia, de la propia Delgado, de la vicepresidenta Carmen Calvo y hasta del presidente, Pedro Sánchez, que contribuyeron a asentar la idea de que el ejecutivo no sabía muy bien qué hacer para defender al juez que sigue en la sala segunda del Supremo la causa contra el proceso independentista en Cataluña.

El juzgado belga citó a declarar a Llarena primero el pasado 4 de septiembre y luego aplazó esa vista para el próximo día 25. La ministra Delgado pidió comparecer ante el Congreso para aclarar sus actuaciones y lo mismo le reclamaron partidos como el PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto.

Dolores Delgado ocupó de entrada una hora en detallar, con total minuciosidad y repitiendo citas literales con comillas de todo tipo de informes internos y técnicos, que el Gobierno y su Ministerio habían trabajado desde el primer minuto en que se desató esta crisis en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y en defensa de los intereses de España. Y se armó de esa “lectura técnica” para justificar que se habían realizado todas las acciones y trámites necesarios para asegurarse de que las actuaciones se hacían bien y no tendrían consecuencias negativas para España en el futuro. La ministra, eso sí, concedió de entrada que la demanda civil planteada por los políticos nacionalistas era “instrumental” y pretendía sobre todo “cuestionar la actuación y soberanía jurisdiccional de España y hacerlo en otro país”. Delgado sostiene que esa acción tendría que haberse planteado en su caso en un juzgado español.

La ministra pormenorizó todos los pasos, uno a uno, que Justicia, Exteriores, sus servicios técnicos y la Abogacía del Estado han efectuado internamente y también ante el Estado belga desde el 10 de julio, cuando el presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, le comunicó la situación y sus primeras gestiones. Delgado informó ahí de que aunque desde el comienzo tuvieron claro que la demanda lo que pretendía era “poner en cuestión las instituciones del Estado español” tuvieron que actuar con sumo cuidado ante “los riesgos” sobre los que se les alertaba por una intervención precipitada que pudiera cuestionar en el futuro “la inmunidad de jurisdicción” de España ante organismos e instituciones internacionales.

La titular de Justicia reconoció así que varios de los informes técnicos aconsejaron acudir en este conflicto de la mano del Estado belga, incluso a la comparecencia prevista de Llarena del 4 de septiembre, pero que el Gobierno de Bélgica hizo saber tanto en Exteriores, como en Justicia y a través de su embajador en Madrid que esa colaboración no estaba prevista en su funcionamiento y no se podría llevar a cabo. Los servicios técnicos también recomendaron ahí que el Estado español optase por contratar abogados locales belgas para que les representase en este contencioso. Y es lo que al final se hizo.

Muchas de estas gestiones se fueron informando a través de notas de prensa a la opinión pública entre julio y finales de agosto, aunque no con todos los detalles. También se informó al Consejo del Poder Judicial, a Lesmes, incluso a Eurojust. El gran temor del Gobierno español ante cualquier actuación era que no pudiese quedar comprometida, para este caso y para el futuro, el principio básico de inmunidad de jurisdicción y de soberanía de España y que por tanto otro Estado como el belga pudiese entrar a discutir y dilucidar sobre un asunto de competencia exclusivamente nacional. Varios informes alertaron ahí de que si al final España no se hubiese personado en este caso, y en la cita del 4 de septiembre, el tribunal belga pudiese interpretar que se renunciaba a esa inmunidad jurisdiccional.

En ese contexto, y tras múltiples reuniones internas y comunicaciones con los demás actores interesados, la ministra convocó el pasado 23 de agosto una cumbre en su despacho con altos cargos de Justicia para determinar las actuaciones a emprender. Y fue allí donde ella decidió que el Gobierno iba a iniciar los trámites para contratar a un bufete privado en Bélgica para defender “la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española” en esa causa pero también donde se añadió que "en ningún caso" se asumiría la defensa del magistrado del Tribunal Supremo español "por los actos privados que se le atribuyen". Entre esa nota y la del 30 de agosto, donde ya se precisa incluso que para esa minuta se proveerán hasta 544.982 euros, se suceden también una serie de declaraciones confusas entre la propia Delgado, la vicepresidenta Calvo tras una Consejo de Ministros y la posición final y firme del presidente Sánchez en apoyo a Llarena.

La ministra Delgado no quiso asumir en ningún momento, durante su exposición o en las réplicas, que el Gobierno y su Ministerio hubiesen tenido que rectificar y llegó incluso a afirmar que las expresiones en aquel acto de Oviedo de Llarena no eran privadas y había que entenderlas como “absolutamente imbricadas” en el asunto que sigue contra el proceso independentista. Delgado sí concedió que pudo haberse producido en su caso “un exceso de transparencia” y que en la citada nota y en sus “formas de expresión” pudo “faltar o sobrar algo” por “falta de claridad”. Delgado ha cambiado de jefe de prensa este verano.

La diputada del PP, María Jesús Moro, sí le reprochó que en su momento no fuese tan contundente “al aclarar conceptos y difundir una posición institucional” y que colaborase sin embargo “a echar leña al fuego de la estrategia torticera de los demandantes frente al Estado y el juez Llarena”. El diputado de Ciudadanos, Marcial Gómez, relacionó su inquietud por este caso con las constantes rectificaciones del ejecutivo de Sánchez y con las cesiones a los partidos nacionalistas que le auparon a La Moncloa. PDeCAT, ERC y hasta PNV rechazaron que el Estado tenga que arropar a Llarena por las presiones de la derecha en una defensa que ven solo en su ámbito privado.

Dolores Delgado acabó su intervención con toda una declaración de intenciones: “La transparencia es esencial, la comunicación es fundamental y la ciudadanía merece ese ejercicio de expresión. El problema no es de transparencia ni de comunicación sino de la manipulación partidista de la información de los datos sacados de contexto”.