El PP lleva a una ley la protección de símbolos en su pugna con Ciudadanos

El PP no quiere entrar en la pugna de los lazos amarillos en la calle en Cataluña, como sí ha hecho Ciudadanos, pero no está dispuesto a dejar esa bandera al partido de Albert Rivera. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, registró este martes una proposición de Ley de la Convivencia Social, la Neutralidad Institucional y los Símbolos Nacionales.

A pesar de que los principales objetivos de esa propuesta de ley, es decir la definición de las obligaciones y las posibles sanciones a los que no respeten los llamados "símbolos nacionales u oficiales", ya están definidos en la existente Ley de Transparencia y Buen Gobierno, para los altos cargos, y en el Estatuto del Empleado Público, para los funcionarios. El PP cree que, con la creciente tensión y polémica de los lazos amarillos en Cataluña, hacía falta acotar y precisar más con jurisprudencia del Tribunal Supremo la protección al "Rey, las banderas de España y las Comunidades Autónomas, el escudo constitucional y el himno nacional".

Los propios promotores de esta proposición aceptaron que en realidad no estaban aportando ninguna gran novedad sino estableciendo en un texto más moderno y cerrado una serie de recordatorios ya vigentes. Y, sobre todo, recogiendo la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y la aún más cercana del Defensor del Pueblo sobre la neutralidad de los espacios públicos.

La iniciativa popular pretende fijar un mandato por ley del Congreso para todos los altos cargos y los empleados públicos de todas las administraciones y de los entes públicos "de respeto a los símbolos oficiales, fomento de las actitudes de respeto a la unidad de España y a la diversidad de las nacionalidades y regiones que la integran en el uso de los símbolos en los espacios públicos". Con ese principio de convivencia, la norma fijaría que las autoridades públicas tendrían el deber de promover las condiciones para que ese clima democrático fuese real y efectivo y deberían remover "los obstáculos que dificulten su plenitud".

En las medidas concretas se precisan los llamados y citados "símbolos nacionales" y se añade que también se debería amparar y proteger las banderas, el himno y el escudo de la Unión Europea. La ley señala que los símbolos oficiales deben ser respetados y tratados con neutralidad institucional y sin fines partidistas y se establecen como nulos los que "sean contrarios" a esos fines.

En el apartado de obligaciones es donde la norma se centra en las autoridades públicas (altos cargos y funcionarios) para fijarles la tarea de "abstenerse de realizar y corregir en el acto cualquier tratamiento ilegal o cualquier ofensa, demérito, vilipendio o desprestigio hacia los símbolos nacionales y oficiales". Y se especifica que se entendería como tratamiento ilegal "la colocación o reproducción, gráfica o audiovisual, de símbolos, lemas, enseñas de naturaleza partidista y que vulneren la neutralidad institucional".

Las autoridades, si esa ley llegase a pasar el filtro de la Mesa del Congreso, cuando el PP la proponga en su cupo de propuestas, y obtuviese respaldos suficientes para ser aprobada, algo no sondeado aún, deberían además de abstenerse de exhibir e impedir que se exhiban en los espacios públicos ese tipo de símbolos, lemas o enseñas". Toda la proposición está contaminada por la creciente polémica y tensión en Cataluña por la aparición y colocación en plazas, rotondas, playas y otros lugares públicos de lazos amarillos para reivindicar la libertad de los políticos presos por haber promovido o liderado determinadas acciones ilegales en el proceso independentista.

La ley se vuelca en limitar y prevenir en ese sentido las posibles acciones de las autoridades y en los espacios públicos o institucionales, porque se comprende que no tendría ninguna viabilidad intentar hacerlo con las personas en su ámbito privado. Tampoco se plantea restringir las acciones de los diputados, en sus diferentes ámbitos y espacios de trabajo o de acción, por su propia situación de inviolabilidad. Pero sí requiere a las autoridades que deberían "corregir de inmediato" el uso que los posibles particulares pudieran hacer de esos símbolos ilegales o contra los oficiales.

El capítulo de las obligaciones trae consigo un régimen de sanciones por las posibles infracciones de esas restricciones, que rescatan las ya estipuladas en su momento en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y en el Estatuto del funcionario. Ahí se fijaba que si la infracción se consideraba leve conllevaría una amonestación; si era grave supondría una declaración del incumplimiento y la publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y la no percepción de indemnización de cese en el cargo; y, finalmente, si llegase a ser muy grave se añadirían a todas las sanciones anteriores, el cese en el cargo y no poder ser propuesto ni nombrado para alto cargo o asimilado entre cinco y 10 años.

Los dirigentes del Grupo Popular que explicaron el contenido de esta propuesta aceptaron que su aplicación podría ser complicada y difusa en algunos casos pero defendieron que ante la creciente tensión en la calle en Cataluña se hacía necesario una clarificación del panorama ante la superación del pacto de respeto a esos símbolos en muchas ocasiones implícito desde la formulación de la Constitución de 1978. En el apartado de ejemplos que no deberían ocurrir si esa ley prosperase el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, incluyó que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendría prohibido entrar en La Moncloa para ver al presidente, Pedro Sánchez, con un lazo amarillo en la solapa o un médico operar con el mismo adorno en un hospital público.