El abogado de Llarena cuestiona la jurisdicción belga y pide un aplazamiento

El proceso abierto en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se anticipaba largo y farragoso. Lleno de escritos de ida y vuelta. Este martes se ha escenificado el primer episodio de ese toma y daca. Una batalla judicial que se augura maratoniana. En una vista meramente procedimental que ha durado apenas unos minutos, el abogado defensor de Llarena, Hakim Boularbah, ha pedido el aplazamiento a las primeras de cambio. “He solicitado que se pospusiera el caso a la audiencia del 25 de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender la inmunidad de su jurisdicción y la del juez Llarena”, ha explicado a la salida del Palacio de Justicia de Bruselas. La entrada del edificio amaneció hoy con más de una decena de lazos amarillos colocados en solidaridad con los políticos presos, que fueron retirados por un operario a las 8.15 de la mañana.

Boularbah ha asegurado que la comparecencia de Llarena en los tribunales belgas no será necesaria en ningún momento del proceso, y ha dejado clara la principal línea argumental de la defensa del juez español. “El Reino de España y el juez Llarena contestan la jurisdicción de las Cortes y tribunales belgas”, ha señalado a la salida del tribunal de justicia francófono de primera instancia. En su sala séptima, casi llena, con los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig entre el público pero no el expresidente Carles Puigdemont, se ha celebrado la vista. Es la primera sobre Llarena desde que hace tres meses los exmiembros de la Generalitat huidos presentaran una demanda civil por unas declaraciones públicas del juez que consideran vulnera su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.

La defensa de Llarena ha pedido que el asunto sea analizado por un tribunal de tres jueces, en lugar de uno como es habitual, por ser "un caso excepcional". Gonzalo Boye, parte del equipo legal de Puigdemont y los exconsejeros, ha aceptado tanto el aplazamiento como la decisión de pedir tres magistrados, y ha advertido de que pasarán meses antes de tener un pronunciamiento sobre las motivaciones de la demanda. "Hoy era una audiencia procedimental. Se había instalado la idea de que hoy iba a haber una decisión sobre el fondo del tema. Eso no es así y no va a ser así en mucho tiempo", ha avisado. El abogado de Llarena tendrá así tres semanas para justificar la personación de España en la causa, y a partir de ahí se fijará la agenda para que se presenten las conclusiones escritas antes de convocar una vista oral.

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Boye ha resaltado también el clima de libertad que respira en Bélgica en contraposición con la situación que, según denuncian, sufren en España. "Hemos podido ejercer el derecho de defensa en plena libertad sin las coacciones, insultos y vejaciones que sufrimos en España". El letrado cree que han podido preparar el caso mejor que sus rivales, dado que han tenido meses para estudiarlo, mientras que los abogados de Llarena solo han dispuesto de días para analizarlo. Además, ha explicado que ya han subsanado el error de traducción, y le ha restado importancia. Christophe Marchand, otro de los letrados del equipo de Puigdemont, ha señalado que han realizado una nueva traducción jurada y se la han remitido a la defensa del juez Llarena.

Puigdemont y los exconsejeros pretenden que el juez que les ha investigado por rebelión sea condenado a indemnizarles con un euro simbólico por su supuesta falta de imparcialidad, aunque más allá de la cuestión económica, la victoria en los tribunales que busca el independentismo es de carácter política y judicial.

El Gobierno español anunció el pasado jueves que iba a destinar más de medio millón de euros para contratar los servicios del bufete belga Liederkeke, del que forma parte Boularbah. Ambas partes son viejos conocidos, y mantienen una buena relación. Marchand, letrado de Puigdemont, incluso reconoció que en caso de que necesitara un abogado algún día para sí mismo, no dudaría en recurrir a Boularbah.