El Gobierno traslada a la Generalitat que forzar un cambio de la fiscalía sería “contraproducente”

Hasta ahora no se hablaba mucho del asunto en público, pero el posible cambio de posición de la fiscalía en el inminente juicio del procés sí estaba en las conversaciones dentro del Gobierno y entre el Ejecutivo y los independentistas. En todos esos análisis, el Gobierno ha concluido y ha trasladado a los independentistas que no es viable forzar la posición de la fiscalía no solo por el escándalo interno que provocaría en el mundo judicial y político, sino porque sería “contraproducente” y podría provocar una sentencia aún más dura. El Gobierno está pidiendo calma precisamente para no complicar aún más el ambiente entre los jueces.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestó este lunes en la Cadena SER a la petición expresa que había hecho en EL PAÍS el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para que fuerce un cambio de posición de la fiscalía si quiere que ERC le apoye los Presupuestos. Sánchez se limitó a la explicación clásica de todos los gobiernos: “El Gobierno de España va a respetar la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado que está recogida en la Constitución”.

Sin embargo, en España hay una larga tradición de polémicas por la supuesta intervención directa del poder político en la fiscalía a través del fiscal general, un cargo nombrado directamente por el Ejecutivo. El Gobierno de Sánchez ha elegido para este puesto a María José Segarra.

Por eso los independentistas insisten en que “la fiscalía y la Abogacía del Estado siguen la orientación del Gobierno”, y piden al Ejecutivo que fuerce un cambio para retirar al menos la acusación de rebelión, la más dura y la que más dudas jurídicas ha generado entre los expertos, ya que algunos creen que no se dan las circunstancias de “alzamiento público y violento” que señala el artículo 472 del Código Penal.

En privado, la respuesta del Gobierno a los independentistas no se basa en esa independencia total de la fiscalía, algo que no sería creíble para ellos. De hecho miembros del Gobierno señalan que esa posibilidad de buscar un cambio de posición se llegó a estudiar aunque solo fuera como hipótesis, pero se descartó inmediatamente por un motivo fundamental, que es el que trasladan a los independentistas: el riesgo de que esa compleja operación política acabara muy mal para los propios presos es enorme. Si hay algún cambio, señalan en el Ejecutivo, tendría que venir de los propios fiscales y no forzado, algo muy improbable. E incluso así sería peligroso por la reacción que podrían tener los jueces del Supremo, un mundo dominado por el sector más conservador y que también tiene presiones en sentido contrario desde el mundo del PP, Ciudadanos y algunos medios.

Varios dirigentes consultados tanto del Gobierno y del PSOE como de los independentistas recuerdan un caso reciente y paradigmático. En marzo, el fiscal general elegido por Mariano Rajoy, Julián Sánchez Melgar, ordenó un cambio de la posición de la fiscalía del Supremo y forzó que se pidiera la liberación bajo fianza de 100.000 euros del exconseller Joaquim Forn por “motivos humanitarios”. Ese movimiento político no sirvió de nada. Los magistrados del Supremo Alberto Jorge, Francisco Monterde y Miguel Colmenero rechazaron la petición de la fiscalía y Forn aún sigue en prisión.

El cambio de la posición de la fiscalía podría ser inútil porque no es la única acusación, también está Vox como acusación popular. Aunque la fiscalía eliminara el delito de rebelión, Vox lo mantendría y los jueces podrían mantener esa acusación de rebelión sin problemas si quisieran. Si Vox no estuviera, la posición de la fiscalía sería mucho más determinante.

Los miembros del Gobierno y dirigentes independentistas consultados insisten en que este es el mensaje que se está trasladando a la cúpula de la Generalitat en múltiples reuniones.

De todo este tipo de cuestiones se habla sobre todo en privado, pero este lunes el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, apuntó expresamente esta idea en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido. “El Gobierno no puede dirigirse a la fiscalía para influir, y tendrían que agradecerlo los que lo piden, porque podría ser contraproducente y utilizarse en sentido contrario. No debe presionar ni para que [la sentencia] sea un escarmiento ni para que haya menos penas”, explicó.

Tanto Ábalos como el presidente admitieron que este juicio tiene consecuencias políticas claras y puede complicar la negociación de los Presupuestos, ya que los votos de los independentistas son imprescindibles. Por eso el Ejecutivo está pidiendo al independentismo, especialmente a Quim Torra y a Carles Puigdemont, que no sigan la escalada verbal porque también eso puede influir en los jueces y ser contraproducente para los presos.

Ahí el Gobierno está encontrando más comprensión en ERC, que tiene a su líder en la cárcel y trabaja para sacarlo cuanto antes, ya sea con sentencias más suaves o con un futuro indulto, otra hipótesis que también tendría enormes dificultades políticas y de la que nadie quiere hablar aún en el Gobierno. Sin embargo, Torra y Puigdemont parecen haber optado por la estrategia de choque. Nadie sabe qué consecuencias tendrá eso en el juicio que condiciona toda la política española de los próximos meses e incluso puede forzar un adelanto electoral.