Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Dos hermanos de Calatayud, a la espera de ser exhumados antes que Franco

La familia de los republicanos que abrieron la vía judicial de los desentierros en el Valle de los Caídos es informada por Patrimonio de que los forenses empezarán con el proceso

Manuel Lapeña Altabás.
Manuel Lapeña Altabás.

El pasado 10 de agosto, la familia de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fundadores de la CNT fusilados en Calatayud en 1936, recibió un burofax de Patrimonio Nacional que anunciaba que había encomendado ya al colegio de forenses los informes preliminares para la exhumación de estos dos republicanos en el Valle de los Caídos. Hace dos años y medio que un auto del juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial respaldaba la lucha de Manuel y Purificación Lapeña, hijo y nieta del abuelo Manuel, y ordenaba empezar el proceso de identificación y recuperación de los restos de estos hermanos en el tercer nivel de la Capilla del Santo Sepulcro. Pero los trámites que se llegaron a iniciar quedaron bloqueados por la oposición del prior de la abadía enclavada en Cuelgamuros y el consiguiente contencioso-administrativo que interpuso la congregación benedictina, encargada del culto en el Valle de los Caídos desde 1958. La familia de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás no era la primera que intentaba sacar de allí a sus fallecidos, pero sí la única que lo conseguía gracias a un abogado, Eduardo Ranz, que apelaba a un artículo, entonces en vigor y ahora ya no, de tiempos de la Guerra de Cuba sobre la perpetua memoria. Tras la retirada del recurso de la orden religiosa, a principios de este año, mucho tiempo antes de que se hablase de la de Francisco Franco, quedaba definitivamente abierta la puerta de la exhumación de los aragoneses. Pero a la maquinaria burocrática le ha costado meses ponerse en marcha y todavía está pendiente de papeleos y estudios.

Hoy Miguel Ángel Capapé, marido de Purificación y portavoz de Arico (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido-Memoria Aragonesa) no ve demasiado posible que los antepasados de su esposa salgan del gran mausoleo de Franco antes que el propio Caudillo. Mientras tanto, su suegro, Manuel Lapeña, que cuando tenía 12 años, el 27 de julio de 1936, vio salir por última vez a su padre de casa, continúa esperando su regreso a los 94 cumplidos.

Antonio Ramiro Lapeña Altabás.
Antonio Ramiro Lapeña Altabás.

"Bienvenida sea la exhumación de Franco, que es también lo que queremos para nosotros", dicen en casa. La familia entiende que para el Gobierno de Pedro Sánchez haya "prioridades", pero defiende su causa y compara su complicada batalla judicial, desde hace más de seis años, con una decisión política tan fácil que "en cuatro días, con un decreto ley, está hecha". Capapé, que también integra la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, insiste en que el hecho de que saquen de ahí a Franco no acaba con el oscuro, doloroso y humillante simbolismo que el enclave tiene para los descendientes de los, como mínimo 13.000, cuerpos de republicanos que desde 1959 fueron cosechados de fosas de toda España para "llenar" los huecos de un monumento megalómano "que se les quedaba vacío". "La mayoría ahí están contra la voluntad de sus familias", defiende, "no lo reconocemos como cementerio". "Nosotros queremos que cada represaliado descanse en su pueblo", pide, y los que no se puedan identificar o no sean reclamados "que al menos los quiten de ahí y vayan al cementerio de El Escorial".

Para el Valle de los Caídos, reclaman "desacralizarlo", "retirar la cruz" y hacer de él "un centro de interpretación de la Guerra Civil donde se cuente la verdad, lo que pasó realmente", de forma científica. Antes que su familia, otras "de distintas partes de España; Asturias, Valladolid, Madrid o Zaragoza", habían peleado en los juzgados para exhumar a sus parientes del mayor camposanto de la Guerra Civil, pero no lo lograron. "Tumbaron todos los casos en todos los sitios", lamenta el presidente de Arico Memoria Aragonesa, que siente aquel traslado forzoso de restos al Valle de los Caídos como un "robo".

Ellos tuvieron mucha más suerte, dice, por la espita legal que encontró el abogado. El juez del caso admitía en su auto que había una “alta probabilidad” de que el abuelo veterinario y el tío de Purificación Lapeña Garrido (que primero fueron enterrados, respectivamente, en un barranco y una fosa junto a la tapia del cementerio municipal de Calatayud) hubieran sido trasladados al mausoleo franquista y estuviesen entre una serie de columbarios correlativos del tercer nivel. “Los indicios determinan que los restos cadavéricos de los familiares de la solicitante se encuentran" allí "sin que se les haya procurado búsqueda, identificación y digna sepultura", decía el magistrado. Y concluía que "la única" forma de "acreditarlo", entre tanto hueso anónimo, era "por medio de la prueba de ADN".

Los estudios previos que llegó a hacer el Instituto Eduardo Torroja del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) revelaron que los osarios del tercer nivel se encontraban en buen estado, mientras que los del primero y el segundo, en posiciones inferiores, habían sufrido una humedad de décadas. Capapé recuerda que una microcámara mostró a los técnicos que las cajas de madera, que habían sido apiladas en los nichos colectivos, estaban totalmente aniquiladas por el tiempo. Al pulverizarse estos contenedores, los restos óseos se mezclaron y probablemente se perdió el topónimo escrito en el exterior con el que habían llegado al Valle de los Caídos. Otros enterramientos fueron "trasladados" de zona dentro del recinto funerario, y su identificación será más complicada.

Pero los restos de los hermanos republicanos de la CNT yacen probablemente en un sector que no se tocó. Aquellas cajas de madera se habían fabricado en cada pueblo "todas iguales, del mismo tamaño, según una instrucción que se envió" desde Madrid, cuenta Miguel Ángel Capapé. El telegrama que luego se remitió desde Calatayud, cuando se mandaron los restos de los republicanos en abril de 1959, informaba de que en el convoy iban 13 cajas colectivas y una individual. "Aquí siempre se habló de que en cada colectiva viajaban los huesos de nueve personas", comenta el portavoz de Arico. Sin embargo, después de un transporte de más de 240 kilómetros, en el registro de entrada del Valle de los Caídos ya solo se anotó la llegada de nueve cajas. Nadie sabe aún dónde está el fallo pero, según este segundo recuento, la familia calcula que los restos de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña se encuentran supuestamente entre unos 81 esqueletos. Esto hace que la lucha llegue más allá de las aspiraciones de la familia, porque en la exhumación se recuperarán todas aquellas cajas marcadas con el topónimo, y otros republicanos de Calatayud van a poder ser identificados y trasladados a Aragón.