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Marlaska destituye al coronel de la UCO de la Guardia Civil por “pérdida de confianza”

El ministerio considera que Manuel Sánchez Corbí ordenó la suspensión de actividades relacionadas con operaciones en marcha "sin tener autorización de superiores o autoridades judiciales"

El coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, en una foto de archivo.

El coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha sido destituido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debido a una "pérdida de confianza", según fuentes del Ministerio. El Gobierno considera que el coronel ordenó la suspensión de actividades relacionadas con operaciones en marcha "sin tener autorización de superiores o autoridades judiciales", aseguran esas mismas fuentes.

La decisión de destituir a Sánchez Corbí ha sido una propuesta del director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y la ha ratificado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tras considerar que ha podido poner en peligro operaciones en curso, según esas mismas fuentes. La medida ha sido tomada hace poco, por lo que Interior todavía no ha decidido un nuevo destino para el coronel ni ha elegido aún un sustituto para uno de los puestos clave de la Guardia Civil. La revocación de destino de Sánchez Corbí no afecta a otros cargos ni miembros de la UCO.

El cese es fruto de un mail que Sánchez Corbí envió a la UCO -la principal unidad de investigación de la Guardia Civil, que persigue de las más graves formas de delincuencia, corrupción y crimen organizado—, el 25 de julio, informando de que se había agotado la caja de fondos reservados de la unidad. "Se suspende cualquier actividad que requiera el uso de fondos de esa partida", explicaba.

Corbí comunicaba así "la imposibilidad de hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo". Y anunciaba que por ese motivo, y "hasta nueva orden", quedaba suspendida temporalmente "cualquier actividad de la UCO y sus unidades subordinadas que requieran obligatoriamente el uso de la partida de esos fondos reservados, así como los apoyos solicitados a las mismas por otras unidades". 

El Ministerio del Interior, donde se está produciendo una batalla entre la Guardia Civil y la Policía Nacional por las cuotas de poder con la reestructuración que está llevando a cabo nuevo equipo, interpretó el comunicado de Sánchez Corbí, que se filtró a la prensa, como un órdago. La secretaría de Estado había decidido analizar las grandes partidas de los fondos reservados, sin que eso supusiese una parálisis total de los mismos.   

Desde el Ministerio del Interior aseguraron en ese momento que no tenían constancia de que se hubiese paralizado ninguna actividad relacionada con la investigación en esa unidad. Fuentes del departamento que dirige Grande-Marlaska aseguran que se intervino a tiempo para evitar que se retuviesen operaciones en marcha.

Sánchez Corbí ha sido durante más de dos años el máximo responsable de la UCO, adonde llegó en 2013, procedente de la lucha antiterrorista. Con Jorge Fernández Díaz ya como ministro del Interior, Sánchez Corbí ascendió a coronel y optó a la plaza de jefe de la UCO en diciembre de 2015, después de que su antecesor ascendiese a su vez a general y cambiase de destino.

El coronel se dio a conocer a la población en general con el caso de Diana Quer. En una concurrida rueda de prensa, que se retransmitió en directo en la mayoría de las televisiones, Sánchez Corbí informó de la detención del asesino de la joven, José Enrique Abuín, sin escatimar en críticas al papel de la prensa en el caso. Su exposición en los medios sacó a relucir su pasado en la lucha antiterrorista, donde estuvo destinado 25 años.

En 1997, Sánchez Corbí fue condenada a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación por torturar en 1992 al etarra Kepa Urra. Posteriormente, el Supremo rebajó la pena a un año de prisión, pero mantuvo los seis de inhabilitación, lo que supone la expulsión del cuerpo. Un indulto parcial por parte del Gobierno de José María Aznar conmutó la inhabilitación de seis años por una inhabilitación simple de un mes y un día.