El Supremo pide al Gobierno que defienda a Llarena en Bélgica
El presidente del alto tribunal reclama a Justicia y Exteriores que aseguren "la integridad de la acción del Estado" por la demanda presentada por Puigdemont contra el instructor
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha enviado una carta a los ministros de Justicia, Dolores Delgado, y de Exteriores, Josep Borrell, en la que les pide que aseguren "la integridad de la acción del Estado" ante la demanda civil presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y el resto de exconsejeros fugados contra el juez Pablo Llarena. Según Lesmes, esta demanda "pone en cuestión las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado". El presidente del Supremo pide a Exteriores que requiera al Gobierno belga para que comparezca ante sus propios tribunales "en defensa de la inmunidad de la jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo".
Lesmes, que ha conversado por teléfono con los dos ministros antes de enviarles la carta, señala en su escrito que ha tenido conocimiento de la demanda presentada contra Llarena y de que la justicia belga ha citado al juez del Supremo el próximo 4 de septiembre. En su denuncia, el expresidente y sus exconsejeros acusan al magistrado de "vulnerar su derecho a un juez imparcial y justo" y a la "presunción de inocencia". El juez decano de Madrid rechazó trasladar a Llarena la demanda y la cita con el tribunal belga al considerar que no es una demanda civil sino que pretende cuestionar y revisar las resoluciones judiciales del instructor del Supremo.
Según explica Lesmes en su carta, el gabinete técnico del Supremo ha realizado un primer análisis jurídico de la situación que coincide con el análisis que hizo el juez decano de Madrid. Según el presidente del alto tribunal, la denuncia de Puigdemont “se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia” de Llarena. “Ante esta situación, le pongo de manifiesto que, más allá de la necesidad de actuación para dispensar la debida protección de los servidores públicos que se ven perturbados en el ejercicio de su función, el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”, dice el presidente del Supremo.
Lesmes finaliza su carta señalando que, en estas circunstancias, estima “absolutamente necesario e imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica”, porque, según Lesmes, a pesar de que el decano de Madrid ha rechazado tramitar la petición, “las decisiones que puedan llegar a adoptar los tribunales belgas son una incógnita”.
Lo que pretende Lesmes, según explica en su carta, es que Borrell requiera al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica para que el Gobierno de ese país comparezca ante el tribunal belga, “en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado”.
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