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El Gobierno negociará retirar recursos del Constitucional contra 14 leyes catalanas

La mayoría de los textos tiene contenido social y fueron impugnados debido al choque con la Generalitat, más que por su contenido.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, contesta a la pregunta de la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas (c), durante la sesión de control del Parlament después de la llegada de los presos independentistas a Cataluña.

Los 14 recursos presentados por Mariano Rajoy contra leyes de la Generalitat de Cataluña y aparcados por el Tribunal Constitucional, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, abren un terreno de negociación entre los Ejecutivos de Pedro Sánchez y Quim Torra. La mayoría de estas leyes tiene contenido social y fueron impugnadas debido al choque entre los dos Gobiernos, más que por su contenido. Caso distinto es el recurso presentado por el Gobierno de Sánchez contra la moción secesionista aprobada el jueves por el Parlament.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, anunció en su discurso de investidura, el pasado 14 de mayo, que intentaría recuperar leyes que fueron recurridas por el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y suspendidas por el Constitucional, la mayoría de ellas de contenido social. Sobre 11 de ellas se puede abrir una negociación que llevaría al Gobierno de Pedro Sánchez a desistir del recurso, según las fuentes consultadas, porque el nuevo Ejecutivo no comparte los motivos que llevaron al PP a impugnarlas.

El problema se remonta a los días inmediatamente posteriores a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la intervención de la comunidad autónoma de Cataluña el 27 de octubre de 2017, tras su declaración de independencia.

Las leyes en cuestión fueron aprobadas por el Parlamento catalán a lo largo de 2017. El entonces jefe del Gobierno presentó recurso contra las mismas y el Tribunal Constitucional, en aplicación de la prerrogativa que la Constitución concede al Gobierno, aprobó la suspensión automática. Esa medida supone que, a continuación, el tribunal da un plazo a la parte demandada (el Govern de la Generalitat), para que presente sus alegaciones, antes de resolver sobre el fondo; esto es, si la ley o artículos en cuestión son inconstitucionales.

Cuando se abrió el trámite de dichas alegaciones, en octubre de 2017, el Gobierno de Rajoy, tras la autorización del Senado, aplicó el artículo 155 de la Constitución e intervino la autonomía. El Constitucional tenía pendientes, en ese momento, la resolución de 14 recursos. Pero la intervención de la Generalitat planteó una situación jurídicamente aberrante: que el demandante, el Gobierno central, se había convertido también en el demandado, al destituir al Govern catalán y asumir sus funciones.

Carecía de sentido que el Constitucional diera trámite a la Generalitat para presentar sus alegaciones, ya que quien le iba a responder era el Gobierno de Rajoy, el mismo que había promovido los recursos de inconstitucionalidad.

Nueva abogada del Estado

"No había más remedio que suspender la tramitación de los recursos porque desde el punto de vista material ya no era posible un proceso contradictorio", explica una fuente del Constitucional. A medida que el tribunal fue abordando cada una de las leyes impugnadas paralizó el correspondiente recurso. En total, suspendió la personación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en 14 leyes, de las cuales 11 son de contenido exclusivamente económico-social.

Sin embargo, los letrados de la Generalitat de Cataluña siguieron trabajando sobre esas alegaciones mientras estaba vigente el 155. Y nada más formarse el nuevo Govern y quedar sin efecto la intervención de la autonomía, el pasado 2 de junio, procedieron a presentarlas ante el Constitucional.

Fuentes próximas al Gobierno catalán sostienen que muchas de esas leyes se impugnaron de manera automática debido al conflicto político, sin tener en cuenta su contenido. En su discurso de investidura, Torra recordó que algunas de esas normas habían obtenido el voto favorable del PP catalán en el Parlament. "Ni siquiera eso frenó la apisonadora del Gobierno del Estado", señalaron dichas fuentes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez nombró el pasado 29 de junio a Consuelo Castro como abogada general del Estado y directora del Servicio Jurídico del Estado, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Será ella quien tenga que hacer un estudio de los recursos pendientes tras tomar posesión del cargo. "Es la abogada general del Estado menos centralista que ha habido en la historia de este puesto", señala una fuente jurídica. "Forma parte de la Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación, que ha impulsado el uso de la lengua gallega en la Administración", añade.

Ello no impide que el Gobierno de Pedro Sánchez haya presentado su primer recurso contra la Generalitat en el Constitucional; en concreto contra la moción secesionista aprobada por el Parlament el pasado jueves.

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