El PP fuerza al Gobierno a hablar de Cataluña, ETA y la prisión permanente en el Senado

El Senado albergará el próximo martes la primera sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez, un día antes que lo haga el Congreso de los Diputados. Los nuevos ministros se estrenarán en un entorno dominado por la mayoría absoluta del PP, que ya ha preparado una batería de preguntas que supondrán inequívocas cargas de profundidad para un Ejecutivo socialista que acaba de tomar las riendas y ya ha sufrido la primera crisis que ha llevado a la sustitución del titular de Cultura. El PP, que también se estrena como oposición, deja claro con las preguntas registradas sobre Cataluña, ETA y la prisión permanente que no habrá período de cortesía parlamentaria.

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El PP, para empezar, tratará de subrayar la debilidad parlamentaria del Gobierno, que cuenta con 84 de los 350 diputados de la Cámara baja y necesita un amplio respaldo para sus decisiones, una tarea difícil con la fragmentación existente. Para ello, su portavoz José Manuel Barreiro, preguntará sobre los apoyos con los que cuenta “para promover la cohesión y la estabilidad de España” e insistirá en que el PP fue el partido más votado y que dispone de una barrera de 134 diputados, más los tres de sus socios UPN y Foro Asturias, para complicar los movimientos del Gobierno.

Pero inmediatamente pasará a la artillería pesada con el espectro de peligros con el que trató de hacer fracasar la moción de censura que apeó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Como la política que el Gobierno tiene prevista en materia de acercamiento de los presos de ETA, como consecuencia de una supuesta transacción con el PNV a cambio de apoyar la moción. Y también preguntará, aunque el Gobierno acaba de afirmar que no podrá acometer un cambio en profundidad en la reforma laboral del PP, sobre sus intenciones al respecto, dando pie a defender en el debate las políticas aplicadas por Rajoy y las incertidumbres que ahora se proyectan.

El Grupo Popular del Senado no ha olvidado incluir uno de los asuntos que más polémica social causó en los pasados meses: la prisión permanente revisable, la máxima figura punitiva del Código Penal, ahora en trámite de derogación. Este asunto ya motivó un agrio y estrepitoso debate en el Congreso de los Diputados con familiares de víctimas de tragedias recientes invitados en la tribuna, cuando el PP y Ciudadanos presentaron enmiendas a la totalidad para paralizar su derogación tratando de ampliar los casos de aplicación de esta figura y endurecer el Código Penal especialmente en los casos de reincidencia.

La crisis catalana será otro de los argumentos que llevará a la sesión de control el PP. A pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, las discrepancias respecto a la gestión del conflicto entre el partido de Rajoy y el de Sánchez han sido abismales. Ahora, tras el levantamiento del control financiero de la Generalitat, el PP llevará toda su inquietud al Senado para interrogar al Ejecutivo “cómo va a impedir que se destine dinero al procés independentista”.

Los populares también someterán a presión el formato del Gobierno con un trasfondo económico, para seguir haciendo hincapié en la incoherencia de haber asumido unos Presupuestos que previamente el PSOE rechazó. En ese sentido, preguntarán por las disponibilidades presupuestarias en 2018 que van a permitir la creación de cuatro nuevos ministerios.

Con la brecha abierta por el fraude que ha llevado a dimitir a Màxim Huerta, el PP ha incluido una pregunta sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE valenciano en la campaña electoral de 2007, investigada en cuatro juzgados, mediante una presunta doble facturación en la que, entre otras, aparece la empresa del hospital Hospimar. Los populares pedirán explicaciones a la ministra de Sanidad, Carmen Montón sobre un supuesto desvío de pacientes en su época de consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana al Grupo Hospimar, “que está acusado de financiar en B al PSOE valenciano”.