50 diplomáticos españoles reprochan al embajador belga la actitud de su país en la crisis independentista

Un grupo de 50 embajadores españoles jubilados han remitido este lunes una carta abierta informal al embajador acreditado de Bélgica en España, Marc Calcoen, para protestar por la manera en la que se están comportando diferentes autoridades belgas respecto a distintas acciones emprendidas por dirigentes separatistas catalanes fugados de la justicia española y asentados en ese país. La misiva, firmada en nombre de todo el grupo por el embajador José Antonio de Yturriaga, empieza por expresar la "sorpresa, preocupación e indignación por el comportamiento que están teniendo con España el Gobierno y las autoridades judiciales de Bélgica", en relación con varios protagonistas del "proceso de insurrección de la Generalitat de Cataluña contra el Estado español". Y luego se especifica en concreto los casos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de varios exconsejeros reclamados por la justicia española. Los embajadores españoles concluyen que "el Gobierno belga y sus autoridades no han cumplido con sus obligaciones de conformidad con la Orden Europea de Detención y Entrega".

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En el repaso a esas actuaciones durante estos meses, los embajadores españoles comienzan por recordar cómo el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Jan Jambon, criticó a la justicia española "por enjuiciar a las destituidas autoridades catalanas, dado que éstas se habían limitado a seguir el mandato de sus electores". Y subrayan que "se mostró dispuesto a conceder el estatuto de refugiados políticos a los prófugos y pidió a la comunidad internacional que estuviera vigilante para asegurar que Puigdemont recibiera un trato justo".

Los diplomáticos rescatan cómo la Audiencia Nacional solicitó una euroorden contra esos huidos de la Justicia por los delitos de sedición, prevaricación, malversación y desobediencia y el Fiscal del Rey belga, Jean-Marc Meilleur, manifestó que daría una importancia particular a la cuestión de “saber si la extradición no podría constituir una infracción de sus derechos fundamentales”. En la carta se remacha que ese fiscal "puso en duda el respeto de los derechos humanos en España y formuló una serie de intolerables preguntas en las que solicitaba información sobre las condiciones de detención, las garantías de un juicio justo, las condiciones de las cárceles y la “posible exposición a episodios de violencia”. Los firmantes consideran así que el citado fiscal "dinamitó la aplicación de las euroórdenes, que se basan en la confianza en los sistemas judiciales de los miembros".

El relato de los diplomáticos jubilados se detiene especialmente en el hecho de que "la autoridad judicial belga ha dado largas a la respuesta de las citadas euroórdenes —a pesar de su carácter urgente— y han decidido conceder la libertad provisional a los prófugos, a los que el Gobierno belga ha consentido que actúen con plena libertad para realizar actividades políticas en contra de la Constitución y de las leyes españolas". Los embajadores constatan que precisamente ante el temor de que el tribunal belga decidiera la entrega de los encausados sólo por malversación, el juez instructor español del Tribunal Supremo optó por retirar esas euroórdenes y las rehizo incluyendo únicamente cargos de rebelión y de malversación.

El documento de los diplomáticos recalca también que el fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, Dirk Merck, llegó a preguntar al juez instructor español si esas nuevas euroórdenes se fundaban en las órdenes de arresto decretadas por la Audiencia Nacional y que éste contestó que en su auto había ratificado expresamente las órdenes de detención dictadas por dicha Audiencia y que no era necesario dictar una nueva orden de detención, porque la ley española permitía acordar la prisión en el auto de procesamiento. El tribunal belga dictaminó entonces que no existen órdenes de arresto nacional subyacentes válidas que se correspondan con el contenido de las mencionadas euroórdenes, por lo que, basándose en un supuesto error formal, se negó a su ejecución, "poniendo de manifiesto su escasa disposición a colaborar con la Justicia española".

Los funcionarios diplomáticos españoles convienen que "no es de extrañar esta actitud, dado que, ya en ocasiones anteriores, los tribunales belgas han negado la extradición de criminales de ETA so pretexto de que no serían objeto de un juicio justo en España".

Los diplomáticos deducen de todos esos datos que "el Gobierno y las autoridades judiciales belgas desconfían de la Justicia española y no consideran que España sea un Estado de Derecho" y razonan que esa "actitud difícilmente se compadece con el hecho de que España es un miembro de la UE, parte en todos los Convenios sobre Derechos Humanos y fiel cumplidor de sus disposiciones". Los embajadores apelan a que el representante de Bélgica en Madrid haga llegar a su Gobierno en Bruselas sus inquietudes "compartidas por la mayor parte de la opinión pública española, en la confianza de que reconsidere su inamistosa actitud hacia España, un Estado socio en el seno de la Unión y aliado en el marco de la OTAN".

Entre los embajadores jubilados españoles firmantes de la carta están Fernando Almansa, Inocencio Arias, Ignacio Camuñas, Juan González Cebrián, Juan Leña, Ramón de Miguel, Javier Rupérez, Rafael Sppotorno, Alfonso López-Ibor, Francisco José Viqueira, Joaquín Pérez Villanueva o Antonio de Oyarzábal.