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El oscuro negocio aeronáutico del rector de la Rey Juan Carlos

La universidad ha construido un hangar de un millón de euros en el que empresas privadas dan decenas de cursos de formación

Hangar de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada.
Hangar de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada.

El hangar aeronáutico del campus de Fuenlabrada (Madrid) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se ha hecho famoso en los últimos meses entre la comunidad académica, pero no por ser la única instalación de este tipo en campus español, sino por la forma en la que el hoy rector, Javier Ramos, lo ha construido y cedido a intereses privados, sin pasar por concurso público ni por el Consejo de Gobierno de la universidad.

La historia empieza con un convenio de colaboración por 25 años firmado en 2015 por el entonces rector, Fernando Suárez, con  European Airline Center SL., aunque el verdadero impulsor del hangar es Ramos. Según este acuerdo la empresa puede ofertar allí centenares de cursos de formación profesional, de pilotaje, mecánica o de tripulante de cabina. La universidad pone el terreno, ha costeado el millón de euros que ha costado el hangar, paga las facturas y, supuestamente, a cambio sus alumnos de Aeronáuticas hacen prácticas allí. Su presencia, sin embargo, es anecdótica.

La compañía, por su parte, dice abonar el 10% de sus títulos propios a la URJC, un porcentaje en entredicho por varias fuentes, porque no aparece en el convenio y esta formación es una parte muy pequeña del negocio. Hoy son sus alumnos de FP, los estudiantes de vuelo o los aficionados a los drones los que ocupan el hangar y tres aulas, algo que no ven con buenos ojos distintas fuentes universitarias, que incluso adelantan que van a llevar el caso a la Fiscalía.

Tres profesores de la URJC, descontentos con el devenir del hangar, han abandonado la comisión académica del instituto EIATA, del campus, que debe velar por la gestión de este espacio, según ha podido saber EL PAÍS. Lo han hecho tras conocerse el último negocio, aún embrionario, con el que se pretende aumentar el número de alumnos no universitarios al hangar: un convenio de colaboración de la Universidad con el Ministerio de Defensa para reciclar con 63 cursos a centenares de soldados de tropa y marinería. La URJC pone el nombre, pero el dinero que abonen los soldados  de su bolsillo irá a las arcas de Aviation Group, la marca comercial que agrupa a las tres compañías que operan ahora en el hangar. Ramos, que a preguntas de EL PAÍS trata de desvincularse del proyecto, asegura no recordar la firma de ese convenio con Arturo Romaní, subsecretario de Defensa, que es el que aparece en el acuerdo. Afirma que rubrica "miles de convenios".

Los términos de un convenio en entredicho

La URJC está obligada, según el convenio al que ha tenido acceso EL PAÍS, a “reconocer las actividades formativas que realice la EATC en el instituto [el hangar] como propias mediante convenios”. Además, el pacto estipula que Aviation pague un alquiler de 3.000 euros al año por la oficina que ha instalado en el campus –que no abona para compensar la reforma que ha hecho en su interior- y que la universidad se haga cargo de todas las facturas del hangar y le ceda tres aulas y un espacio a la intemperie para sus aviones. Aviation operaba antes en el aeropuerto de Cuatro Vientos.

La empresa, por su parte, aporta equipamiento que tiene un valor de 1,5 millones de euros (debe duplicarse su valor en tres años) y se compromete a mantenerlo y a pagar los seguros. El inventario de bienes del convenio incluye un avión Falcon, un helicóptero Bolkow 105 y un avión CESSNA 402. Ramos precisa que el contenido es mucho más valioso y que la universidad no lo hubiese podido pagar. “Tenemos mejores laboratorios que la Carlos III y la Politécnica de Madrid y al contribuyente le cuesta 0 euros”, insiste Ramos, que reconoce, sin embargo, no saber qué ingresos reporta Aviation a la URJC mientras ellos pagan “la luz y el agua”. También dice desconocer las cuentas de la compañía.

En el convenio Aviation se “compromete” a acordar con la universidad la creación de títulos propios (no son oficiales y por lo tanto no habilitan como ingeniero), de forma que con el precio de las matrículas se cubran “al menos los gastos de mantenimiento del hangar”.

“El rector actual [dice en referencia a sí mismo] tuvo un papel activo en un instituto aeronáutico, pero si alguien no cumplió la ley fue otro [Suárez]”, se defiende el rector Javier Ramos. “Yo no firmé”, alega. Pese al distanciamiento de Ramos, lo cierto es que el hangar era su proyecto desde hace una década; lo gestó como director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, tal y como ha reconocido en público en más de una ocasión. Siendo director de la escuela ha participado activamente en la promoción de los cursos privados.

Fuentes académicas apuntan a que el acuerdo con Aviation Group es directamente ilegal, porque se trata de una cesión de un espacio público que debería haberse sacado a concurso público, y no en forma de convenio de colaboración con una empresa concreta sin que otras pudieran competir. Y sostienen que la contraparte tendría que pagar un canon por uso del espacio de al menos un 6% según la ley de contratos. 

Incluso antes de este convenio, la universidad cerró en 2015 un acuerdo con el Centro de Formación de Instaladores y Mantenedores, en la que Castaño era apoderado y matriz del negocio actual, que había entrado en concurso de acreedores semanas antes.

A preguntas de este diario, el responsable de Aviation Group, Francisco Castaño, aseguró que abonan a la universidad el 10% del máster en Ingeniería de Diseño y Fabricación Aeronáutica, que ofertan con profesores de la URJC fuera de su horario laboral (cobran un extra) y con profesionales de las principales empresas aeronáuticas. Sin embargo, del resto de su catálogo de títulos –los grados de FP, los cursos de formación continua a Iberia Express o Norwegian, las certificaciones profesionales o los campamentos tecnológicos- Castaño dijo desconocer si se paga algo a la universidad. También Ramos dice no saberlo.

Aviones propiedad de una empresa en terrenos de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada. ampliar foto
Aviones propiedad de una empresa en terrenos de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada.

A estas fuentes consultadas por EL PAÍS les sorprende también que el acuerdo dure 25 años sin que Aviation haga ningún desembolso, pues el equipamiento sigue siendo suyo. “Por ejemplo, una empresa que se queda con la concesión de una residencia universitaria por 30 años, invierte 10 millones en su construcción y después puede perderla”, explica un profesor. Ramos asegura no saber a quién pertenece el material.

Ante las dudas sobre el convenio, el rector no enseñó a EL PAÍS el informe jurídico previo a la firma sino uno que encargó el viernes tras unas primeras informaciones publicadas por El Confidencial. En el texto, que no va firmado, se sostiene que “queda clara la justificación del convenio” porque su finalidad es “rentabilizar las inversiones” de la URJC y las empresas.

El nuevo hangar de 1.500 metros cuadrados y 12 metros de alto, edificado en el campus de Fuenlabrada e inaugurado en septiembre pasado, le ha costado a la universidad casi un millón de euros, entre el proyecto, la construcción y una ampliación posterior. El espacio, con 14 laboratorios y dos plantas, alberga equipos y piezas de aeronaves, un simulador de cabina, un tren de aterrizaje, rotores y transmisores. Pese a que la justificación de su construcción son los alumnos de grado, estos son minoría. “Las asignaturas que he tenido hasta ahora no han requerido que pise el hangar. Que yo sepa no ha ido ninguno de mis compañeros. Creo que la semana pasada sí hubo una práctica de navegación aérea”, dice un estudiante de la URJC en cuarto de carrera. Otro chico, que está empezando, entre risas, agrega: “No conozco a nadie que haya estado”. Ramos argumenta que no hay universitarios porque los profesores no han “cambiado la inercia y no han actualizado su guía de prácticas” pues quizás les resulta más “cómodo” continuar con unas prácticas simuladas en el ordenador, que en un aparato real.

Según distintas fuentes, la construcción del hangar ha sido uno de los motivos del cese de María Teresa Sánchez Magdaleno, gerente general desde 2013, que se negaba a este gasto que consideraba un dispendio.

Según su acta de creación, el instituto EIATA de la URJC debe velar porque las empresas que trabajan en el hangar cumplan las cláusulas del acuerdo, pero lo cierto es que la parte pública y la privada se confunden. La página web de esta institución, en la que figuraban los nombres de los representantes de la universidad, la industria y el Ministerio de Defensa que colaboran con él, dejó de estar operativa el jueves pasado. Cuando ahora se accede a ella se lee “en construcción”.

El miércoles pasado, fecha en la que la consultó este diario, derivaba a la extinta EATC. El acrónimo de esta empresa coincide con el del Mando de Transporte Aéreo Europeo (en inglés), lo que llevaba a la confusión. Y figuraba entonces como director del EIATA aún el rector Ramos, el mismo que ve ahora como abandonan su gran proyecto tres de sus profesores.

63 cursos para reciclar a cientos de soldados

El plan más ambicioso de Aviation Group en el hangar aún no se ha puesto en marcha. El pasado 2 de febrero la Universidad Rey Juan Carlos firmó un convenio por cuatro años renovables con el Ministerio de Defensa para “fomentar la formación e impulsar su incorporación al mundo laboral civil” de los soldados de tropa y marinería eventuales que no han hecho carrera militar, lo que les obliga a abandonar el Ejército al cumplir los 45 años. Aunque el acuerdo es entre dos instituciones públicas, Defensa y la URJC, las clases –que se costearán los propios alumnos- van a ser impartidas por Aviation Group, que es quien está habilitado por el Ministerio de Educación para impartir grados de Formación Profesional y certificados de profesionalidad. Nunca estos cursos podrían ser de la URJC, que está obligada por el acuerdo de 2015 con la empresa a “reconocer las actividades formativas que realice la EATC (ahora Aviation Group) en el instituto como propias”.

El convenio con Defensa, que no ha contestado a las preguntas de este periódico, establece que se oferten hasta 63 programas: 16 grados de Formación Profesional media y superior (mantenimiento electrónico, soldadura o carrocería) con 2.000 horas de clase y 300 de prácticas y 46 certificaciones de profesionalidad (tubería industrial o mantenimiento de instalaciones caloríficas) con entre 330 y 640 horas teóricas y entre 40 y 120 horas de “prácticas en entorno real”. Se desconoce el coste de los estudios porque el proyecto es embrionario, pero sí su enorme ambición. Las Fuerzas Armadas tienen unos 77.000 soldados y marineros, de los que el 85% son temporales y perderán su empleo a los 45 años si no se convierten en permanentes o promocionan a las escalas de oficiales o suboficiales. La Comisión de Defensa del Congreso aprobó en febrero con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, una iniciativa de Unidos Podemos que reclama una moratoria en estos despidos masivos.