Interior mantendrá en el régimen más duro al 88% de los 243 presos de ETA

El Ministerio del Interior ha reiterado en los últimos días que la disolución de ETA no supondrá cambios en la política penitenciaria que aplica a los 243 miembros de la banda terrorista que permanecen en prisiones españolas. El 88% seguirá clasificado en régimen cerrado, sin posibilidad de acceder a permisos, frente al 2% de los presos por delitos comunes. Solo 25 están recluidos en cárceles del País Vasco, Navarra o a menos de 350 kilómetros de ambas comunidades.

Juan Ignacio Zoido se apresuró el jueves, tras conocerse que ETA adelantaba el anuncio de su disolución al primer fin de semana de mayo, a recalcar que el fin definitivo de la banda no tendría nunca “contraprestaciones” penitenciarias. Ayer era el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien insistía en el mensaje pese a que las condiciones de encarcelamiento de un preso pueden ser modificadas por orden judicial en determinadas circunstancias. La firme reacción del Ejecutivo se produce cuando permanecen en prisión 297 miembros de la banda terrorista. De ellos, 243 están en cárceles españolas (215 hombres y 28 mujeres) y el resto en Francia (53) y Portugal (1), según las estadísticas de Interior a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los mismos datos reflejan que solo 9 de los presos etarras están actualmente recluidos en las tres cárceles vascas o en la de Pamplona. Otros 16 lo están en centros penitenciarios situados a menos de 350 kilómetros de distancia de ambas comunidades. En concreto, en las de Logroño (1), Burgos (2), Soria (1), Palencia (1), Zuera (8) y Valladolid (3). El resto, se encuentran dispersos en otras 34 cárceles, cinco de ellas situadas a más de 1.000 kilómetros. En estas últimas había ayer 49 presos, entre ellos la mayor parte de los que se oponen a la disolución, según fuentes penitenciarias.

La situación de los 53 encarcelados en Francia es similar. Solo 14 están en prisiones cercanas al País Vasco o Navarra —las de Mont-de-Marsan y Lannemezan— después de que en los últimos meses París haya acercado a algunos tras estudiar una veintena de solicitudes de estos reos. El resto se reparte en otros 17 centro penitenciarios. En los cinco situados en París, a más de 900 kilómetros, hay 12 internos, mientras que en el de Clairvaux, situada a más de 1.000 kilómetros, permanecen dos. El único preso en Portugal está en la cárcel de Vale de Judeus, al norte de Lisboa.

En primer grado

Junto a la dispersión —puesta en marcha en 1989 por el Gobierno socialista de Felipe González—, la otra pata de la política penitenciaria contra ETA es la clasificación penitenciaria. Según una reciente respuesta parlamentaria remitida al senador de EH Bildu Jon Iñarritu, de los 245 presos de la banda que había el pasado mes de febrero (dos más que en la actualidad), ninguno estaba en régimen de semilibertad y solo 29 estaban clasificados en segundo grado, lo que les permite disfrutar de permisos. Del resto, uno estaba “sin clasificar”, 209 en primer grado o régimen cerrado y a otros seis —entre ellos, cinco preventivos— se les aplicaba el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que en la práctica supone un régimen de vida idéntico al primer grado. De este modo, Interior aplica el régimen de vida carcelaria más duro al 88% del colectivo. Este porcentaje es muy superior al de los presos comunes, en el que los 678 internos clasificados en primer grado representan menos del 2% de la población reclusa.

El Gobierno Vasco de Íñigo Urkullu ha pedido en los últimos años en tres ocasiones que se flexibilice la política penitenciaria con medidas recogidas en el bautizado como Programa Hitzeman, que busca “facilitar procesos legales de resocialización de personas presas”. Según confirman fuentes del Ejecutivo de Vitoria, el lehendakari reclamó a Rajoy hace un año que se acercase a todos los presos de ETA a cárceles situadas a menos de 250 kilómetros de sus lugares de residencia. Más adelante planteó un itinerario de reinserción que obligase a los presos etarras a reconocer la importancia del daño causado. Finalmente, el pasado marzo, tras el suicidio de un etarra en la prisión de Puerto III (Cádiz), pidió el acercamiento urgente de la veintena de internos cuya salud física o psíquica se considera “vulnerable”. En todos los casos la respuesta fue el silencio.

Estas mismas fuentes se muestran convencidas de que Rajoy no hará cambios en la política penitenciaria a corto plazo y que, cuando lleguen, “serán pequeños”. Su gran esperanza es una hipotética negociación para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que admiten que el PNV pondrá como prioridad para dar sus votos la transferencia de las competencias sobre las cárceles vascas. Vitoria lo considera una reclamación histórica y el primer paso de la flexibilización penitenciaria que quiere poner en marcha.