Las 12 horas que cercaron a Cifuentes

Son casi las 13.00 del 21 de marzo de 2018. En el despacho del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Móstoles (Madrid), se reúnen 10 personas. Es un gabinete de crisis. Esa mañana se han despertado con una noticia que publica eldiario.es, que conocían desde el día anterior, que les afecta, y que se está propagando como la pólvora: “Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas”. La información asegura que una funcionaria entró en el sistema informático de la Rey Juan Carlos (URJC) en 2014, dos cursos después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid iniciara un máster en derecho autonómico, y que cambió los no presentados que constaban en dos materias (una asignatura y el trabajo de fin de máster) por notables para poder darle el título. Esa funcionaria, Amalia Calonge, es una de las personas que asiste a esa reunión de urgencia. Sobre la mesa, según diversas fuentes, hay un misterioso papel: un acta que algunos sostienen que es el documento que prueba que todo cumple la legalidad y que a la postre será una bomba en la línea de flotación de Cristina Cifuentes.

Los asistentes a la reunión son el rector, Javier Ramos; Carles Marín, vicerrector de comunicación; Andrés Martínez, vicerrector de planificación; José María Álvarez Monzoncillo, vicerrector de posgrado; Pep Roure, director de comunicación; la funcionaria Calonge; el delegado del rector para centros adscritos y títulos propios de la universidad, Jorge Urosa; Enrique Álvarez Conde, director del máster y del supuesto trabajo de fin de máster de la presidenta, un conocido catedrático cuyo manual de Derecho Constitucional ha formado a generaciones y generaciones de juristas; Pablo Chico de la Cámara, profesor de otra asignatura cuya nota había variado; y una persona ajena a la universidad: Maite Feito, una amiga de Cristina Cifuentes, asesora del gobierno autonómico asignada a la consejería de Educación y que procede de la Rey Juan Carlos. Asistentes a la reunión aseguran que se interesó por el caso Cifuentes y por cómo se iba a resolver. Este diario no ha logrado contactar con ella a pesar de haber dejado mensajes en su teléfono.

Uno de los presentes insistió en no celebrar la rueda de prensa prevista para las 13.30 al no tener los cabos atados, pero la creencia general fue que beneficiaba la imagen del rector. Ramos ensayó con los presentes lo que iba a leer a los medios y los power points que mostraría. Álvarez Conde, a pesar de ser muy poco habitual en él, llegó con chaqueta y corbata preparado para acompañarle ante los medios.

Gestiones telefónicas anteriores

La noche anterior, al conocer las informaciones que se iban a publicar, Ramos ya había enviado mensajes y llamado por teléfono a Álvarez Conde y a Chico para pedir explicaciones. Chico dijo que el no presentado había sido un error de transcripción, que él mandó corregir la nota por correo electrónico, y que Cifuentes había aprobado su examen (al haber pasado tantos años, no tiene obligación de conservarlo, por lo que no aportó prueba alguna: solo su palabra).

En el caso del trabajo de fin de máster, la situación era más complicada. El procedimiento es el siguiente: los profesores entregan las actas a la unidad de posgrado, y son sus administrativos quienes las introducen en la aplicación informática. Todas las actas se archivan y no se destruyen. A pesar de ello, de esta no había constancia alguna. Según Álvarez Conde, el rector le presionó para que le entregara algo; según el rector, él solo pidió una prueba de que lo que decía era cierto, dado que no aparecía nada en el expediente de la alumna.

De cualquier forma, fuera por presión o no, Álvarez Conde decidió elaborar un acta falsa e involucrar en ello a tres profesoras: Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos, tres discípulas de su máxima confianza –las llamaban “las chicas de Álvarez Conde”-. Esperaba que lo apoyaran en esta peliaguda resolución de la crisis. Les dijo que no se preocuparan, que las protegería y que en ningún caso iban a quedar solas ante el marrón. Solo Cecilia Rosado estaba en la universidad ese día. Fue ella la que rellenó el acta, sola o con ayuda. Las otras dos le mandaron, según fuentes de su entorno, una foto de su firma para que pudieran copiarla. Ninguna de ellas había evaluado a Cifuentes el 2 de julio de 2012 ni se habían reunido como tribunal.

Un extraño papel sin sello

En el papel aparece López de los Mozos como presidenta del tribunal, Rosado como secretaria y Souto como vocal. Se trata de un documento raro; un papel sin sello que jamás se da a los alumnos; un acta manual que una vez cumplimentada se entrega en secretaría para que se digitalice y que después deja de tener valor. “La primera cuestión rara de ese acta es precisamente el 7,5 que le ponen”, señala una fuente universitaria. “Es una nota baja para un trabajo de fin de máster. Y, sobre todo, una nota que nunca se atreverían a poner tres discípulas a un trabajo que viene avalado y presentado por su maestro, porque es un desprestigio para él. Si ella hubiera hecho el trabajo y lo hubiera dirigido él, con ese tribunal lo lógico sería una calificación superior”.

Desde el 21 de marzo las tres profesoras se han mantenido en silencio. No han hecho declaraciones públicas. Han gestionado el asunto en privado, primero de forma conjunta y desde el viernes, cada una por su cuenta en un enloquecido sálvese quien pueda. Al comienzo se formaron dos grupos. De un lado quedaban Cecilia Rosado y Clara Souto. Del otro, Alicia López de los Mozos. El 28 de marzo las dos primeras pidieron asesoramiento a un abogado especializado en derecho administrativo que conocía una de ellas. De los Mozos recurría a otro letrado. Las tres juntas acudieron un día a ver a un catedrático de derecho administrativo y asesor del Instituto de Derecho Público, pero no siguieron con la estrategia conjunta.

Ninguna tiene nada que ver con Cifuentes ni con el PP. Rosado formó parte de la lista de Izquierda Unida con la que el poeta Luis García Montero concurrió a las elecciones autonómicas de 2015. Es muy amiga de Souto, progresista como ella, hermana de otras dos profesoras del Instituto de Derecho Público de la URJC. El entorno de ambas ha intentado estas semanas convencerlas de que lo mejor para sus intereses era que dijesen la verdad, incluidos miembros de Podemos, sin éxito.

Una mentira que necesita del acuerdo de las tres

Para mantener la mentira era necesario que todas mantuvieran la misma versión: que el tribunal existió y evaluó a Cifuentes. A malas, incluso si se descubría que el acta se había elaborado el 21 de marzo, siempre podrían decir, como hizo ayer a primera hora Álvarez Conde en Onda Cero (luego llamó a otro medio, El Confidencial, para rectificarse a sí mismo ante las protestas de sus discípulas por haberlas dejado a los pies de los caballos) que se trataba de una “reconstrucción” de algo que sí había sucedido pero que se había perdido en la burocracia de la Administración.

Todo se fue al traste el jueves, cuando López de los Mozos lanzó una bomba nuclear asegurando ante la instructora de la investigación de la universidad, Pilar Trinidad, que la firma del acta no era suya, que no sabía nada del trabajo de fin de máster de Cifuentes y que jamás había pertenecido a ese tribunal. Entregó un escrito, rompió a llorar y compareció profundamente nerviosa. Con este testimonio, Trinidad y la universidad decidieron dar traslado de los hechos a la fiscalía por una posible falsedad documental.

El viernes, el rector aseguró en rueda de prensa para señalar que en el servicio de posgrado no consta el acta de Cifuentes, que tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo ni se puede confirmar que la defensa del trabajo haya tenido lugar.

Para las otras dos, de baja médica, el tema se complicaba, porque ya no podían insistir en la versión original. De hecho, poco podían hacer salvo presentar pruebas, si las tenían, de que López de los Mozos sí había autorizado que se pusiera su firma. Pero eso no las exculparía, sino que incriminaría también a la presidenta del tribunal. El viernes Rosado y Souto separaron sus caminos. El abogado especializado en derecho administrativo que las asesoraba se desvinculó del asunto ante el cariz penal que tomaban los acontecimientos. Cada una de ellas recurrió a un abogado distinto y por la tarde Souto se desmarcó también, según la Cadena SER, reconociendo que su firma estaba falsificada. Por ahora, Rosado sigue guardando silencio.

Los delitos a los que se enfrentan las tres profesoras son graves: la falsedad documental cometida por funcionario público está castigada con prisión de tres a seis años de cárcel. Si ellas dijeran que quien se lo pidió fue Enrique Álvarez Conde, este podría responder también como inductor aunque su firma no aparezca.

Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Sobre todo, la principal: por qué tres mujeres jóvenes con una carrera por delante se arriesgaron a cometer un delito en un tema que no las concernía solo porque así se lo pidió su maestro.