La justicia alemana responsabiliza a Puigdemont de la violencia del 1 de octubre

La liberación bajo fianza del líder independentista cuya extradición ha solicitado España, ha desatado una extraordinaria crisis jurídica entre ambos países. El Gobierno de Berlín trata de contener los daños e insiste casi a diario de que este es un asunto que compete exclusivamente a la Justicia. El viernes volvió a repetirlo la viceportavoz del Ejecutivo, Ulrike Demmer. "Es un caso que está en manos de la justicia y no afecta a las relaciones entre los Gobiernos", ha dicho en conferencia de prensa.

El origen del desencuentro radica en la decisión que la Audiencia territorial del Land de Schlewsig-Holstein adoptó a última hora del jueves y por la cual consideró "inadmisible" entregar a Puigdemont por rebelión, el delito más grave por el que se encuentra procesado en España. El tribunal alemán indicó en un comunicado en el que explica la decisión, que los requisitos para el delito de alta traición —artículo 81 y 82 del código penal alemán—, equiparables en principio al de rebelión "no se cumplen, ya que falta el factor de la "violencia". La Audiencia considera que sí hubo violencia y responsabiliza de ella a Puigdemont, pero también sostiene que no fue suficiente para doblegar al órgano constitucional tal como exige la jurisprudencia.

"Es cierto que los actos violentos que tuvieron lugar el día de la votación se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebración del referéndum. Sin embargo, la naturaleza, el alcance y el efecto de dichos actos no bastaron para someter al Gobierno a una presión tal que lo obligase a "capitular ante las exigencias de los perpetradores de la violencia". El tribunal sostiene también que "no hay motivos aparentes para creer que Carles Puigdemont vaya a correr el riesgo de persecución política" si es entregado a España.

De acuerdo con esta argumentación, la Audiencia del Estado federado en el que fue detenido Puigdemont el pasado 25 de marzo, decretó la libertad bajo fianza para el expresidente que llevaba doce días encarcelado y sí aceptó a trámite una posible extradición por malversación de fondos, el otro delito por el que el líder independentista se encuentra procesado y por el único que en virtud de la entrega podría ser juzgado en España.

Wolfgang Schomburg, el reputado abogado alemán contratado por Puigdemont se mostró ayer satisfecho a las puertas de la prisión de que la justicia alemana "haya descartado" el delito de rebelión y explicó que ahora trabajarán para evitar la extradición por malversación.

La decisión del tribunal alemán no es apelable, como explica por teléfono Wiebke Hoffelner la fiscal de Schleswig-Holstein que ejerce de portavoz en el caso. "No hay posibilidad de apelar esa decisión. La única vía sería el Constitucional", explica. El pasado martes, la Fiscalía de Hoffelner pidió a la Audiencia territorial que entregara a España a Puigdemont tanto por rebelión como por malversación y consideró que el detenido debía permanecer en prisión por "riesgo de fuga".

La decisión de ayer de la Audiencia contradice a la de la Fiscalía, pero ninguna de las dos son definitivas. El tribunal regional debe ahora "esclarecer las circunstancias reales y recabar más información" respecto al delito de malversación de fondos públicos antes de adoptar una decisión definitiva sobre el procesamiento en España. Esa decisión podría tardar "una o dos semanas, pero tal vez más", indica a este diario Frauke Holmer, portavoz de la Audiencia Territorial de Schleswig. El plazo máximo que marca la euroorden es de 60 días, que pueden ser prorrogables en caso de necesidad.

"Estamos en los primeros pasos. La única decisión válida es la decisión formal y final de la Audiencia territorial", explica a este diario Martin Heger, prestigioso catedrático de derecho penal europeo de la Universidad Humboldt de Berlín. "En teoría podría haber grandes cambios en la decisión final porque hay que esperar a que se analice toda la información, pero en cuanto a la rebelión, parece que los jueces han sido muy claros y además serán los mismos que tomen la decisión final", indica Heger.

Una vez que haya una decisión definitiva, la Fiscalía regional será la competente de dar el visto buen a la ejecución de la extradición. Se trata de un proceso formal, por el que no se vuelve a entrar en el fondo del caso. "No es normal que la Fiscalía se pronuncie en contra de la decisión el Alto Tribunal", explica Holmer. Existiría entonces una hipotética posibilidad de que el Gobierno alemán interviniera; una opción que ya ha rechazado de antemano, dejando el proceso en manos de la justicia regional de Schleswig-Holstein.

Preguntada la Fiscalía sobre la posibilidad de que se produzcan modificaciones en la euroorden, rechazan "especular sobre cambios que no se han producido", pero sí afirma Hoffelner, que "si España retirara la euroorden, el proceso de extradición terminaría [también en Alemania]".

Ante la posibilidad de que el juez del Supremo español, Pablo Llarena recurriera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde el ministerio de Justicia alemán lo consideran "una cuestión hipotética" que deberá abordarse si sucede, pero sobre lo que de momento han decidido no pronunciarse.

Esa, junto con un posible recurso al Constitucional son algunas de las bifurcaciones legales en las que podría derivar la maraña jurídica en la que amenaza en convertirse la extradición de Puigdemont. "Es un caso muy difícil y con muy pocos precedentes", recuerda Heger.