La detención de Puigdemont en Alemania complica su horizonte penal

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La detención este domingo de Carles Puigdemont en un pueblo del norte de Alemania, tras cruzar la frontera danesa a donde llegó procedente de Finlandia, complica notablemente el horizonte judicial del expresidente catalán. El arresto, en virtud de una orden europea de detención y entrega, un mecanismo de cooperación judicial entre países de la Unión Europea, abrirá previsiblemente un proceso de estudio de su caso ante la justicia germana, que deberá decidir si entrega a España al político, procesado desde el viernes pasado por delitos de rebelión y malversación por el proceso que desembocó en la declaración de independencia de Cataluña el pasado 27 de septiembre.

Puigdemont trataba de alcanzar Bélgica por vía terrestre. En ese país, donde fijó su residencia tras la declaración de independencia y donde se inició un proceso de entrega que fue cancelado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, disponía de una amplia red de apoyo de los nacionalistas flamencos, y contaba con abogados especialistas en procedimientos de justicia internacional. Bélgica era un buen refugio por el hecho de que en su código penal no existe un delito directamente equivalente al de rebelión, con lo que se complicaba el requisito de doble incriminación –que la conducta sea considerada punible en los dos países- para que pudiera ser entregado para juzgarle por ese delito.

Además, los jueces belgas, según fuentes judiciales españolas, son especialmente puntillosos y sensibles a las alegaciones de vulneraciones de derechos fundamentales, como el de participación política, que alegaban los abogados de Puigdemont. Fuentes judiciales consideraban que de seguir en Bélgica lo más probable es que solo se consiguiera una entrega parcial, que solo permitiera su enjuiciamiento por delito de malversación, con lo que se daría la paradoja de que el cabecilla del procés tendría, llegado el caso, una pena inferior a la del resto de procesados.

En Alemania, la tipificación del delito de rebelión es muy similar a la española, lo que facilita que pueda prosperar la Orden Europea de Detención, un procedimiento que sustituye en el ámbito de la Unión Europea, a las antiguas órdenes de extradición. Para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente.

Procedimiento en 60 días

Una vez detenido por la policía alemana, Puigdemont debía ser puesto en un plazo inferior a un día a disposición de un juez de distrito (primera instancia) del Estado de Scheleswig-Holstein, donde Puigdemont fue detenido. Este magistrado comprobará su identidad y le comunicará su derecho a disponer de un abogado y a no declarar contra sí mismo. Este juez le preguntará si desea ser entregado a España o, en caso de que no lo desee, le preguntará también sobre la base de qué argumentos lo rechaza.

El juez de distrito, encargado de la decisión de la entrega en primera instancia, podrá ordenar la detención provisional del expresidente mientras el Tribunal Superior del land toma la decisión definitiva sobre la extradición. El fallo deberá resolverse en un plazo máximo de 60 días, según las leyes alemanas de extradición. Una vez decidida la entrega, el plazo máximo para que esta se lleve a cabo es de diez días.

No obstante, este plazo podría dilatarse si los abogados de Puigdemont en Alemania alegaran graves razones humanitarias. En caso de que, por circunstancias extraordinarias, los plazos no se cumplieran, el Gobierno federal alemán deberá informar a Eurojust, la oficina de cooperación judicial europea. En caso de que la justicia alemana rechazara la entrega de Puigdemont, deberá razonar la decisión.

Esta orden de arresto la entrega el juez, a la Policía Nacional, que a través de la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica y operativa entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remite a la oficina homóloga de la policía alemana. Este mecanismo supone ya la detención del buscado y su puesta a disposición de un juez alemán encargado de estudiar la entrega a España.

El procedimiento de la OED, se aplica en España desde 2003 y se actualizó en noviembre de 2014, entre otros motivos para incluir la obligación de que sea el fiscal quien solicite la entrega (antes de esa fecha, los jueces podían dictar la OED directamente) y también para incorporar el llamado principio de proporcionalidad, por el que solo se pueden emitir las OED cuando en España se dan los presupuestos para la prisión provisional. Al contrario que la extradición, se hace entre jueces de Estados miembros de la UE y en él no participan los Gobiernos de los países. “No va a tener ninguna influencia del Ejecutivo, ese es un principio básico de la OED”, explica un magistrado.

La Orden Europea de Detención se regula en España en la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta norma traspone al derecho español, entre otras, una decisión marco comunitaria de 2002 sobre este mecanismo de agilización de la entrega de detenidos. Aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ágil —en unos 60 días la justicia del país requerido suele acordar la entrega de la persona buscada—, fuentes jurídicas señalan una serie de recovecos legales que pueden dilatar los plazos.

Una alegación podría ser el hecho de que la rebelión no se encuentra entre la lista de 32 delitos que la norma europea establece como exentos de “control de la doble tipificación”, es decir, que ese delito esté recogido en los códigos penales de ambos países. La rebelión en la normativa alemana y en la española es bastante similar: en ambos casos se exige violencia y el objetivo de atentar contra la Constitución o la integridad territorial del Estado. El sistema simplificado de la OED se basa en un “grado de confianza elevado” entre los Estados miembros de la UE y de que las resoluciones judiciales de un país son reconocidas por el resto.