Ignacio González reclama al juez un ordenador propiedad de la Comunidad de Madrid

El juez instructor del caso Lezo, Manuel García-Castellano, ha rechazado la petición de uno de los principales imputados en la trama, el exdirigente del PP madrileño Ignacio González, para que le sea devuelto un ordenador portátil que le fue intervenido en su domicilio por la Guardia Civil el día su detención en abril de 2017. El magistrado, que ya le repuso el pasado febrero otros tres equipos informáticos que reclamaba el político, argumenta que en esta ocasión no procede hacer lo mismo con este cuarto ordenador ya que concluye que el mismo no es propiedad de González sino de la Comunidad de Madrid que él presidió entre septiembre de 2012 y junio de 2015. Así lo recoge el magistrado en un auto del pasado 15 de marzo al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que recalca que dicho ordenador será devuelto "a su legítimo propietario".

García-Castellón intenta, de este modo, poner fin a una batalla jurídica sobre el uso de varios equipos informáticos que se inició en octubre del año pasado. Entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) consiguió que el juez le autorizase el uso de 16 ordenadores intervenidos ocho presuntos implicados en la trama en el transcurso de la Operación Lezo. Entre ellos estaba Ignacio González, al que los agentes le requisaron cuando fue detenido en abril de ese año dos ordenadores de sobremesa y otros dos portátiles. La Guardia Civil justificaba su petición en la falta de equipos informáticos con las suficientes prestaciones técnicas para abordar las complejas pesquisas que requieren los casos de corrupción. En su escrito, los agentes consideraban que las características de los ordenadores intervenidos, la mayor parte de última generación, los hacían especialmente idóneos "para avanzar en las investigaciones".

La cesión de los ordenadores fue recurrida por varios de los imputados, que lograron que a comienzos de enero la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional revocase la autorización para que los utilizase la Guardia Civil. García-Castellón ordenó entonces a la UCO depositar todos los equipos en el juzgado y citó a Ignacio González y a otros cuatro imputados para que acudieran a recogerlos el 12 de febrero. En ese acto, el expresidente de la Comunidad de Madrid recuperó tres, pero no el cuarto. En concreto, un portátil de la marca Toshiba. El motivo venía recogido en la diligencia judicial en la que se especificaba que la Guardia Civil había entregado junto a los equipos un oficio en el que destacaba que ese ordenador presentaba "una pegatina con el símbolo de la Comunidad de Madrid y un código de barras con una inscripción" que ponía en duda la verdadera propiedad del mismo.

Esta negativa a devolverle el equipo llevó a Ignacio González a presentar un nuevo recurso para que se le entregara este portátil que es el que ahora ha rechazado el magistrado con el auto. En dicho escrito judicial, García-Castellón, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, concluye que "el ordenador que solicita [el político] es propiedad de la Comunidad de Madrid, y por tanto, será a su legítimo propietario a quien deberá devolverse el citado efecto". González aún puede recurrir en apelación dicha decisión del juez.