El PP planea fiscalizar el patrimonio de sus cargos y revisarlo cada dos años

La revisión patrimonial periódica que plantea el PP —y que en principio sería cada dos años— permitiría a los responsables de la oficina anticorrupción identificar cualquier cambio sospechoso en el patrimonio de los cargos populares. Sin embargo, esa no ha sido la única cuestión “muy delicada” que han abordado los impulsores del borrador del reglamento del organismo durante el año largo que han durado sus trabajos.

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Si el texto propuesto es aprobado —lo que puede ocurrir el lunes, durante el comité ejecutivo nacional— el nuevo organismo se encargará de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y podrá actuar de oficio para investigar denuncias o informaciones publicadas. Además de concentrar los datos patrimoniales de todas las personas que formen parte de las listas del PP, los integrantes de la oficina también tendrán la capacidad de reclamar información extra a los afectados por cualquier sospecha y la posibilidad de recabar sus testimonios. La falta de cooperación por parte de los convocados incluso podría ser sancionada con la expulsión del partido —previo paso por el comité de derechos y garantías—, según fuentes de la dirección nacional.

El contenido del reglamento afectará desde su entrada en vigor a los 500 integrantes de la junta directiva nacional, entre los que se encuentran el presidente, Mariano Rajoy; los ministros de su Gobierno; todos los integrantes de la dirección nacional del PP; los diputados y senadores del partido; y representantes europeos, autonómicos, provinciales y municipales de la formación conservadora.

No obstante, la fiscalización de las actividades de los cargos públicos populares también se extenderá más allá del núcleo duro del partido. Las estructuras regionales del PP tendrán que replicar la oficina para que así pueda ejercer su labor con los candidatos autonómicos y provinciales que presentará la formación a las elecciones de 2019. Los cargos orgánicos que no sean también representantes públicos seguirán teniendo que responder según la regulación interna anterior.

La formación de Mariano Rajoy intenta reaccionar así a los numerosos casos de corrupción protagonizados por integrantes del partido y destapados por la instrucción judicial de las tramas Gürtel, Púnica, Bárcenas, Taula o Lezo. El objetivo de los impulsores del proyecto es lograr “un filtro de idoneidad previa” para los candidatos antes de las elecciones locales, autonómicas y europeas que se celebrarán en 2019. Y la meta es dotar a la dirección del partido de una herramienta con la que lograr un cambio en la cultura interna de una formación golpeada una y otra vez por los casos de corrupción; que ha llegado a ser investigada como partícipe a título lucrativo de una de las tramas; y cuyo presidente ha sido citado a declarar como testigo del caso Gürtel.

El precedente de González

“Se podrá comprobar información de oficio, llamando y citando a los afectados”, resumió un dirigente conocedor de los detalles del proyecto. “Se trata de que no se repitan casos como los de Ignacio González o Francisco Granados”.

En 2014, la dirección nacional del PP recibió varias denuncias internas sobre una supuesta cuenta oculta en Suiza del expresidente madrileño Ignacio González. Hubo reuniones al más alto nivel, primero en el PP de Madrid y luego en el nacional. Se convocó a uno de los denunciantes a una cita en el Congreso de los Diputados. Y nadie preguntó más ni denunció nada. Faltaban medios para investigar internamente, según adujeron los receptores de la denuncia cuando se conoció el caso.

Casi cuatro años después, los dirigentes de la formación conservadora explican con ese ejemplo la necesidad de impulsar la oficina del cargo popular, que fue aprobada en el Congreso Nacional de febrero de 2017. Estos interlocutores señalan que ningún otro partido tiene una estructura similar, aunque defienden que el PP no puede sustituir las labores de investigación de jueces, fiscales y policías.

Al tiempo, también subrayan que la oficina tendrá la capacidad de notificar cualquier sospecha corroborada con pruebas documentales a las distintas administraciones —como por ejemplo a la oficina de conflictos de intereses—, o a la fiscalía.

De hecho, la formación de Rajoy aprobó en enero un reglamento disciplinario que recoge la obligatoriedad de denunciar los posibles delitos cometidos por sus afiliados que detecte a través de sus comités de derechos y garantías.