El juez pretende investigar a Casals por negarse a identificar a la magistrada que alertó del ‘caso Lezo’

El juez de Madrid Ramiro García de Dios emitió el 30 de enero una resolución para que se investigue a Mauricio Casals, alto directivo de La Razón y La Sexta, por delitos de falso testimonio y desobediencia a la autoridad. El juez considera que Casals se negó a facilitar el nombre de la “magistrada amiga de la casa” que supuestamente alertó a los investigados del caso Lezo que la Audiencia Nacional andaba tras sus pasos en el careo que mantuvo con el expresidente madrileño Ignacio González en su juzgado el día 29.

García de Dios, que se jubiló el pasado 2 de febrero, tres días después de redactar el auto, citó a Casals y González como testigos –y, por tanto, con obligación de decir verdad- en el careo. El magistrado, al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, pretendía aclarar una conversación del sumario del caso Lezo en la que se escucha a González explicarle al exministro del PP Eduardo Zaplana que Mauricio Casals le había contado que una “magistrada amiga de la casa” le había “llamado” para informarle de que la Guardia Civil les estaba grabando. Fuentes próximas a Casals niegan que este diera ningún tipo de aviso a González sobre dicha supuesta magistrada.

En esa grabación, de noviembre de 2016, Ignacio González le relataba a Zaplana que Casals supuestamente le había dicho lo siguiente: “Edmundo [Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón e imputado en Lezo] está acojonao, me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'”. Edmundo Rodríguez Sobrino fue presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en América Latina ingresó en prisión el 21 de abril y salió bajo fianza de 100.000 euros en noviembre.

En el careo mantenido el 29 de enero, el juez García de Dios no consiguió que Casals y González identificaran a la magistrada “amiga de la casa” a la que supuestamente se refirió el presidente de La Razón. El juez de Madrid considera que Casals “al negarse” a facilitar la identidad de esa magistrada incurre en delitos de falso testimonio y desobediencia a la autoridad, contemplados en los artículos 460 y 556 del Código Penal. El primero castiga con multa al “testigo perito o intérprete” que “sin faltar sustancialmente a la verdad”, la altere con “reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos”. La desobediencia se pena con entre tres meses y un año de prisión.

García de Dios ha enviado al Decanato de los juzgados de Madrid capital, con sede en Plaza de Castilla, una copia de las actuaciones para que autorice al Juzgado de Instrucción número 6, del que acaba de jubilarse, a abrir una investigación por esos delitos.

En aquel careo Casals negó haber dado tal referencia a una magistrada amiga, y González afirmó que "le pareció" haber entendido eso tras esa conversación con el máximo directivo de la empresa editora de La Razón. Otras fuentes próximas a Casals han apuntado que quizá la expresión de la “magistrada amiga” fuera una “fabulación” de este para tranquilizar a Edmundo Rodríguez.

Tras conocer el auto por el que el juez García de Dios pretende que se le abra una investigación, fuentes próximas a Casals insisten en que no le hizo tal referencia a González. Las mismas fuentes subrayan, además, que sería absurdo que si Casals hubiera sabido que la Audiencia Nacional tenía pinchado el teléfono de Edmundo Rodríguez aquel siguiera hablando con él con normalidad por esta vía.