La Guardia Civil halló cinco ‘emails’ de la Comunidad de Madrid que revelan amaños millonarios

El borrado realizado por la Comunidad de Madrid de los mensajes del buzón de correo electrónico oficial de Francisco Granados, de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios, y de cinco directivos de la empresa pública ya extinta Mintra no ha impedido que la Guardia Civil localice algunos de ellos. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) remitido al juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, detalla la existencia y contenido de, al menos, cinco de estos mensajes que Palacios intercambió con uno de los principales cabecillas de la trama, el constructor David Marjaliza, presuntamente para amañar adjudicaciones de obras públicas.

El contenido de estos emails es lo que llevó a García-Castellón a enviar a los agentes a la Comunidad de Madrid el pasado 30 de enero a recuperar todo el contenido de las cuentas de correo oficiales de Granados y las otras seis personas. No pudieron hacerlo porque los responsables de informática del ejecutivo regional informaron a la Guardia Civil que habían sido borrados por "política interna", sin dar más detalles.

Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el análisis de las cuentas de correo electrónico de Marjaliza permitió localizar varios mensajes "enviados por éste a una dirección de correo corporativa de la Comunidad de Madrid (ignacio.palacios@madrid.org), vinculada a Ignacio Palacios", hombre de la máxima confianza de Granados durante los años que este ocupó cargos públicos como alcalde de Valdemoro y consejero en los ejecutivos de Esperanza Aguirre. La Guardia Civil destaca que "del contenido de los mismos se desprende !a función mediadora desempeñada por Ignacio Palacios con el fin de interceder en procesos de licitación pública en beneficio de sociedades mercantiles vinculadas a David Marjaliza, al mismo tiempo que ocupaba puestos de la confianza de Francisco Granados".

El documento policial hace hincapié en cinco de estos mensajes. En los tres primeros -fechados el 22 de junio y 5 y 16 de julio de 2007-, el constructor envía al jefe de gabinete de Granados varios comentarios y documentos relacionados con la adjudicación de las obras para la construcción de una biblioteca de Galapagar (Madrid) valoradas en 4,6 millones de euros y de un tramo de carretera en la región de Madrid. En ellos, Marjaliza pide a Palacios que mire "si se puede hacer algo".

La Guardia Civil concluye que de su contenido "se presume que David Marjaliza solicitó de manera recurrente a Ignacio Palacios, aprovechando el puesto de trabajo que ocupaba en el Comunidad de Madrid, tratándose de cargos de confianza vinculados al propio Francisco Granados, su intervención en la licitación de obras públicas promovidas por la Consejería de Infraestructuras y Transportes y por [la empresa pública del suelo] Arpegio, con el fin de beneficiar a sociedades mercantiles en las que poseían intereses".

La Guardia Civil destaca que ambos concursos "se refieren a contratos de obra pública licitados por entidades y organismos públicos en los que Francisco Granados fue máximo responsable y el propio Ignacio Palacios desempeñó puestos de responsabilidad". En este punto recuerda que el primero fue consejero de Transportes e Infraestructuras entre los años 2003 y 2004, y presidente de Arpegio en el periodo 2004-2007. También que Palacios ocupó el cargo de consejero de esta empresa pública entre 2004 y 2008, además de miembro de la mesa de contratación desde la que se decidían las inversiones del llamado Plan Prisma.

A estos tres correos electrónicos, el informe de la UCO añade otros dos más. Uno de ellos enviado por Marjaliza a Palacios el 24 de septiembre de 2007, y la respuesta de éste un día más tarde relacionado con un contrato licitado por Arpegio para remodelar el casco histórico del municipio de Algete (Madrid). En el primero, el constructor vuelve a pedir al colaborador de Granados "a ver si se puede hacer algo". Este le responde: "Se podía haber hecho si me lo hubieras mandado hace 10 días que es cuando pasó por mis manos".

Los investigadores comparan el contenido de todos estos mensajes con diversas facturas intervenidas en los registros de las empresas de Marjaliza -que está colaborando con las pesquisas- asi como con los expedientes de diversas adjudicaciones realizadas por la empresa pública Mintra. En estos últimos, los agentes aseguran haber encontrado supuestas irregularidades, como la ausencia de los preceptivos informes jurídicos, que en su opinión apuntan a la existencia de amaños. Por ello, los agentes pidieron el pasado 26 de enero al juez García-Castellón que autorizase el volcado de los correos electrónicos de los cuatro directivos de la extinta Mintra y de los de Granados y Palacios con el fin de determinar la participación de estos dos últimos "en la adjudicación fraudulenta de determinados contratos de obra pública en el marco de la Comunidad de Madrid". El borrado de los mismos ha impedido finalmente a la UCO acceder a ellos.