La Fiscalía actuará contra la Mesa del Parlament si reafirma la declaración de independencia

La Fiscalía actuará contra la Mesa del Parlament de Cataluña si mantiene la admisión a trámite de una enmienda de la CUP a una propuesta de resolución de Junts per Catalunya. Los anticapitalistas quieren que la Cámara autonómica "se reafirme y reitere la declaración de independencia" aprobada ilegalmente el pasado 27 de octubre. El ministerio público ha emitido este miércoles un comunicado en el que afirma que está estudiando las "posibles implicaciones penales" de esta iniciativa, que fue admitida a trámite por la Mesa presidida por Roger Torrent (ERC) con los votos favorables de Junts per Catalunya y Esquerra. Esta enmienda ha sido "suavizada" a última hora, según fuentes de la formación presidida por el expresidente de la Generalitat fugado a Bélgica, Carles Puigdemont, informa Camilo S. Baquero.

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Junts per Catalunya presentó en solitario su propuesta de resolución para legitimar la figura de Carles Puigdemont y denunciar lo que considera la represión del Estado. En el proceso de enmiendas, entre otras, los anticapitalistas quisieron añadir que se reafirmara la declaración de independencia. La Mesa tiene que decidir si acepta a trámite una a una las peticiones de modificación, si bien la decisión final sobre si se incluyen o no en el texto final es del proponente.

El texto fue admitido pese a que los letrados del Parlament advirtieron a los miembros de la mayoría de que se podría entender como un intento de desoír los avisos del Tribunal Constitucional de la pasada legislatura. La aprobación de estas enmiendas que reiteran la declaración unilateral de independencia es un requisito de la CUP para votar a favor en primera ronda al candidato a presidente de la Generalitat que finalmente presenten JxC y ERC. “Se trata de conductas cuya ilegalidad manifiesta no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan”, señala el ministerio público en su comunicado.

En su nota, la Fiscalía General del Estado afirma que la iniciativa parlamentaria promovida por los antisistema de la CUP es de “extrema gravedad” y supone una “total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional” contra el proceso independentista que desembocó la intervención estatal de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución.

En la actualidad, varios miembros del Parlament de Cataluña se encuentran investigados por el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y malversación en relación con el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y la declaración de independencia del día 27 de ese mismo mes. Dos miembros del Parlament se encuentran en prisión: el presidente de ERC Oriol Junqueras y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y diputado de JxC Jordi Sànchez. Además, varios exconsellers que estuvieron en prisión provisional permanecen en la Cámara: Jordi Turull (JxC), Josep Rull (JxC), Raül Romeva (ERC), y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC).

También se sientan en el Parlament la secretaria general de ERC, Marta Rovira –que hoy depositó una fianza de 60.000 para permanecer en libertad- y su homóloga de JxC, Marta Pascal. Todos ellos manifestaron que la declaración de independencia fue simbólica, y a todos el juez instructor Pablo Llarena les ha advertido de que su situación podría modificarse y volver a prisión si reinciden en las vías unilaterales e ilegales para lograr la secesión de Cataluña. El pasado 10 de noviembre, en el auto por el que envió a prisión eludible bajo fianza a Forcadell, Llarena dio inicialmente por buenos los compromisos de mantenerse en la legalidad, y aunque les advertía en el auto de que no se le escapa que puedan ser “mendaces”, optó por imponer unas medidas cautelares más leves bajo la advertencia de que podrían endurecerse “si se evidenciara un retorno a la actividad ilegal” que se investiga.

“La Fiscalía seguirá promoviendo cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que pudiera incurrirse”, advierte el organismo presidido por Julián Sánchez Melgar.