Bruselas da un ultimátum a España para que concrete sus planes contra la contaminación del aire

Antes de llevar a los nueve Estados incumplidores ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión les ha dado una última oportunidad: que presenten sus planes contra la contaminación antes del final de la próxima semana. Básicamente, Bruselas les pide que expliquen "cómo van a intentar cumplir con la legislación europea sobre calidad del aire".

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"Lo único que puede evitar que la Comisión vaya a la justicia es que las medidas que pongan sobre la mesa y las acciones que tomen sean suficientes para alcanzar los objetivos sin retraso", ha advertido este martes el comisario Vella sobre la necesidad de que los Estados cumplan con las normas europeas sobre contaminación. Fuentes comunitarias señalan que, por lo visto hasta ahora, los planes que tienen los nueve países convocados no son suficientes para impedir que Bruselas los lleve ante la justicia. Entonces se iniciaría otro largo procedimiento: primero el Tribunal de Justicia tendría que declarar el incumplimiento y, si persiste, la Comisión volvería a presentar una denuncia con una petición de multa.

Este no es un problema reciente. España, en el caso de Madrid y Barcelona, lleva incumpliendo los límites de dióxido de nitrógeno (NO₂) —un contaminante que causa dolencias respiratorias y que procede fundamentalmente del tráfico— desde que en 2010 entraron en vigor. Aunque España también arrastra dificultades con las partículas PM10, más ligadas a la industria y a la generación de electricidad, fuentes de la Comisión resaltan que el mayor problema lo tiene con el NO₂, es decir, con el tráfico. "Hay siete zonas que exceden los límites, y Madrid es la peor", resaltan estas fuentes.

Además de España, a la reunión con Vella han sido convocados los Gobiernos de República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumania, Eslovaquia y Reino Unido. Todos tienen avanzados procedimientos de infracción y están en la antesala de ser llevados frente al Tribunal de Justicia. "Los plazos para cumplir con las obligaciones legales han caducado hace mucho tiempo", ha indicado Vella. "Y algunos dicen que ya hemos esperado demasiado tiempo. No podemos retrasarnos más", ha añadido. La reunión, resaltan fuentes de la Comisión, no ha sido de un perfil técnico, sino que se convocó a los ministros para exponer la relevancia del problema. "Muchas de las medidas trascienden incluso a los ministros de Medio Ambiente; sus Gobiernos tienen que ponerse manos a la obra", dicen en la Comisión.

En representación de España ha acudido la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, quien, tras la reunión, ha confiado en que la Comisión "tenga en cuenta las medidas" que se están tomando, y evitar así las sanciones futuras. García ha asegurado que convocará ahora a los Ayuntamientos y a las comunidades autónomas a una reunión. Aunque es el Gobierno el que da la cara ante Bruselas, la mayoría de las medidas más eficaces contra la contaminación son competencia de los Gobiernos autónomos y, sobre todo, de los municipios. Es el caso de las restricciones al tráfico, que han llegado muy tarde a las grandes ciudades de España en comparación con otras capitales europeas.

"No son suficientes"

Pese a las esperanzas expuestas por la secretaria de Estado de Medio Ambiente tras el encuentro, el comisario europeo no se ha mostrado muy optimista: "Ha habido algunas sugerencias positivas. Pero, a primera vista, no son lo suficientemente relevantes como para cambiar el panorama general. Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos, los estándares de calidad del aire continuarán superándose durante meses o años, incluso más allá de 2020". Vella, sin embargo, no ha entrado en ningún caso concreto.

Vella se ha referido a los problemas que la contaminación causa, como los más de 400.000 ciudadanos europeos que mueren prematuramente cada año como consecuencia de la mala calidad del aire. "Proteger a los ciudadanos es nuestra prioridad", ha resaltado. Pese a esta reunión y a los planes que deben presentar los Estados, Vella ha dejado claro que ya hay un "proceso legal en marcha" que la Comisión no está "retrasando".