La ‘doble’ investidura catalana

Carles Puigdemont pidió el voto en la campaña del 21-D para el movimiento Junts pel Cataluña con la promesa de su retorno. Pero no va a regresar. Las razones que le llevaron a abandonar España son las mismas por las que ha decidido permanecer en Bruselas: su inevitable ingreso en prisión preventiva y, ahora, la hoja de ruta que sigue la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Sin embargo, al ser Junts pel Cataluña el primer partido soberanista en las elecciones del 21-D, Puigdemont está forzando la situación para ser investido presidente.

Hay una contradicción evidente en los planteamientos de Puigdemont y sus colaboradores, y la de los partidos soberanistas. No han admitido la destitución del Govern, pero han acudido a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy, con la autonomía intervenida (artículo 155 de la Constitución). No reconocen la destitución de Puigdemont, pero postulan su reinvestidura.

El movimiento Junts pel Cataluña es el movimiento del presidente Puigdemont. La metamorfosis iniciada en 2016, con el cambio de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) por el PDeCat (Partido Demócrata), ha sido el harakiri voluntario que precisamente el pasado martes 9 de enero, con la renuncia de Artur Mas a su presidencia, y hoy, lunes 15 de enero, con la sentencia del caso Palau, se podrá entender retrospectivamente.

Precisamente, estos hechos refuerzan la tendencia que se ha venido observando en la política catalana y en el bloque soberanista: la tendencia al bonapartismo de Puigdemont.

Formar la Mesa del  Parlament se ha convertido en un reclutamiento de voluntarios para una operación kamikaze

Esto es: su intento de elevarse por encima del soberanismo y actuar como el caudillo de la nación soberanista catalana.

En su día, el 10 de octubre, ya expuso rasgos de esta conducta, cuando unió a sus poderes ejecutivos de facto los legislativos y sacó adelante en el Parlament lo que llamó la suspensión de los “efectos de la declaración de independencia”.

La elección de la Mesa se tiene que formalizar el día de la constitución del Parlament fijado por Rajoy, el miércoles 17. Pero la preselección de esa Mesa ha sido la primera prueba de fuerza para Puigdemont. Porque los miembros que sean escogidos tienen que estar de acuerdo con la investidura del caudillo, por la vía que sea.

Aunque no se han explicitado los motivos reales, las renuncias de Carme Forcadell y Carles Mundó, ambos de Esquerra Republicana de Cataluña, tienen que ver con esa prueba de fuerza. Ambos están en libertad provisional bajo fianza bajo amenaza de ingresar en prisión en el caso de reiteración delictiva, según el auto del magistrado Llarena.

La renuncia de Forcadell, aunque formalmente comunicada la semana pasada, era un secreto a voces que debía ser mantenido en reserva hasta encontrar un sustituto. Mundó, exconsejero de Justicia del Govern, era el candidato natural para presidir el Parlament. Y también dijo que no.

¿Por qué esta dificultad?

Porque el mandato de los miembros de la Mesa, tal como se transmite desde Bruselas, debe ser el de investir presidente a Puigdemont por los medios que se resuelva.

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No. Desde que Carme Forcadell pronunció la palabra “simbólica” ante el magistrado Llarena el pasado 9 de noviembre, esta voz que define la declaración de independencia del 27 de octubre se usa sin descanso. En sus declaraciones ante el magistrado del Supremo, el pasado jueves, día 11 de enero, tanto el exconsejero de Interior, Joaquín Forn, como el diputado electo Jordi Sánchez, han hablado de una declaración “simbólica”. Lo que pareció el 9 de noviembre una herejía de Forcadell ahora es algo normal.

Y, precisamente, lo que quiere Puigdemont con su investidura es un acto simbólico.

No entiende o no quiere entender que elegir una Mesa para llevar ese plan adelante es seleccionar a un grupo que se muestre dispuesto a actuar como diputados kamikazes, es decir, que se expondrán a un posible delito de desobediencia, integrante de una nueva tentativa de rebelión.

Puigdemont cree que no debería llegar a tanto. Porque ese acto de investidura sería anulado por el Tribunal Constitucional ante un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y/o un recurso de amparo de los grupos no soberanistas, como Ciudadanos y el PSC, que formarán parte de la Mesa del Parlament. Y la Mesa, al acatar la suspensión, quedaría fuera del radar de la acción penal.

¿Adónde nos lleva esta escaramuza? A una doble investidura. Anulado el “acto simbólico” de la investidura fallida de Puigdemont, el caudillo delegaría su poder para poner en práctica la caducidad del artículo 155: habría otro hombre o mujer encargado de nombrar el Govern y así acabar con la intervención de la autonomía.

Se puede ver, por tanto, por qué formar la Mesa del futuro Parlament se ha convertido en una actividad de reclutamiento de voluntarios para una operación kamikaze.