El Estado culpa a cinco exdirectivos del puerto de Barcelona de un agujero de 40 millones

Cinco exdirectivos de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) cometieron “graves negligencias” al autorizar pagos de obras “no realizadas”, según un escrito de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso EL PAÍS. El agujero sumó presuntamente 40,6 millones de euros.

Los desembolsos bajo sospecha se aprobaron entre 2001 y 2008 durante la obra conocida como ampliación del dique de Abrigo Este del puerto de Barcelona. La APB adjudicó en 2001 esta infraestructura por 165 millones, pero acabó costando 242,2 (83,6 procedentes de ayudas de la Unión Europea).

La Abogacía del Estado señala como “responsables contables directos” de las supuestas irregularidades o a los expresidentes de la APB Joaquim Tosas (1998-2004), Joaquín Coello (2004-2006) y Jordi Valls (2006-2011). La Generalitat nombró a estos altos cargos durante los mandatos de los expresidentes Jordi Pujol y Pasqual Maragall. La APB depende del Gobierno (Ministerio de Fomento), pero de la designación de su presidente se encarga desde 1996 el Ejecutivo catalán.

La infraestructura registró un sobrecoste de 77 millones

El Estado pone también bajo el foco de sospecha a los exdirectores de la APB Josep Oriol Carreras y José Alberto Carbonell. “El señor Carbonell no pidió un informe jurídico para dar vía libre al pago de más de 15 millones de euros, cuya procedencia en absoluto era clara”, afirma.

El Tribunal de Cuentas sentará el próximo 19 de marzo en el banquillo por este asunto a los citados cinco exaltos cargos de la APB, a tres directores de obra y al exjefe de la asistencia técnica de la ampliación del dique de Abrigo Este del puerto de Barcelona. Podrán ir representados por sus abogados. El organismo fiscalizador reclama la devolución de los 40,6 millones del agujero.

En paralelo a esta investigación del Tribunal de Cuentas, hay una causa penal abierta por este presunto fraude en las obras a raíz de una denuncia presentada por el puerto de Barcelona. Las pesquisas del órgano fiscalizador son diferentes de las judiciales. Su objetivo es recuperar el dinero presuntamente distraído. 

"Se certificaron 2,7 millones de escollera que no fueron colocadas", dice el letrado del Estado

Una portavoz de Puertos del Estado señala que el organismo “se encuentra a la espera y colaborando con las investigaciones”.

La primera modificación del presupuesto de la ampliación del puerto de Barcelona fue aprobada en 2003, veinte meses después de la adjudicación. La APB argumentó que, como consecuencia de un temporal, la obra requería más toneladas de hormigón. El alza supuso un incremento del 19,5 % del importe inicial de la adjudicación. El tope legal era del 20 %.

Durante la ejecución del proyecto se aprobaron 84 certificaciones de obra “que reflejaban un importe ejecutado superior al real”. “Se han certificado y pagado 2,7 millones de toneladas de escollera que no han sido colocadas, así como 587 bloques de hormigón de 12 toneladas y 2.100 bloques de 50 toneladas que tampoco fueron colocadas”, denuncia el Estado.

El letrado del Estado censura que la Autoridad Portuaria de Barcelona responsabilizara del agujero a los ingenieros de Caminos y a las Uniones Temporales de Empresas (UTE) de construcción y asistencia técnica que participaron en la infraestructura sin asumir su papel de supervisión. “No es creíble ni se ajusta a la realidad de los hechos”, sentencia este escrito firmado por el abogado jefe del Tribunal de Cuentas, Javier Borrego.

Según Borrego, el Tribunal de Cuentas solicitó 30 veces a su homólogo en Cataluña, el Síndico de Cuentas, información sobre las pesquisas. En todos los casos, recoge el escrito, la respuesta fue la misma: “Siempre contestaron que los hechos denunciados estaban en fase de investigación”.