Cataluña lidera los contratos públicos del antivirus ruso prohibido por EE UU

Una veintena de organismos públicos españoles, especialmente en Cataluña, utilizan algún programa de Kaspersky Lab, compañía rusa popular por su antivirus informático y cuyos productos fueron vetados hace tres meses a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos por sospechas de espionaje procedente de Moscú. Las Administraciones españolas se desmarcan de esta medida. La mayoría de ellas declinan reaccionar a ella o se remiten a que el Gobierno no ha dado ninguna recomendación al respeto. La compañía afirma que las acusaciones de espionaje son falsas y asegura que no ha notado ninguna repercusión en la cartera de clientes en España. Todo ello, en el mismo periodo temporal en el que las redes de injerencia rusa han centrado su actividad en Cataluña aprovechando el pulso soberanista.

En los portales de contratación pública estatales, que ofrecen la base de datos de los últimos seis años, aparecen unos 25 contratos donde consta el nombre de Kaspersky por un valor total de aproximadamente 1,2 millones de euros. Todos los que están adjudicados fueron concedidos a empresas distribuidoras. Eso no quiere decir que no haya más organizaciones públicas que utilicen el software de sello ruso. Según expertos en ciberseguridad consultados, cuanto menos sepan los hackers sobre las defensas que se tienen, más les costará atacarlas. Este hecho puede explicar que algunas adjudicaciones se publiquen sin mencionar herramientas específicas.

El Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) adjudicó este trimestre un contrato de 783.142 euros en el que no se especifica el nombre de ninguna herramienta concreta contra ataques informáticos. Lo mismo sucede con una adjudicación del Ayuntamiento de Barcelona de 312.180 euros que tiene como objetivo proteger los datos corporativos. La Secretaría de Telecomunicaciones, preguntada por este diario, declina especificar qué soluciones de antivirus utiliza la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, las políticas en ese sentido son dispares. La Diputación de Sevilla se presenta abiertamente como un caso de éxito de más de una década de duración en un documento corporativo de Kaspersky Lab. En la misma web también aparecen Telefónica y la Policía de Londres, entre otros.

Kaspersky Lab tiene 38 empleados en España, un 1% de la cifra global, y algunos colaboradores. La sede oficial que aparece en la web corporativa es la de Madrid, donde se concentra la mayor parte de la plantilla: 33 trabajadores. Sin embargo, la compañía rusa también tiene oficina en Barcelona, donde trabajan dos analistas del equipo de investigación internacional y tres comerciales. La de Cataluña cuenta con una plantilla similar a la de Lisboa, formada por seis personas. En la capital catalana Kaspersky Lab está ubicada en el Edificio Imagina, propiedad de Mediapro y donde en los últimos meses se han celebrado actos relacionados con el desafío soberanista como el debate de la BBC o la rueda de prensa del Gobierno catalán posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre. El 70% de los clientes de Kaspersky Lab en España son empresas y administraciones ―la compañía no ofrece el dato desglosado― y el resto corresponde al sector doméstico.

El Departamento de Seguridad de EE UU mostró su preocupación "por los lazos entre algunos oficiales de Kaspersky y la inteligencia rusa". Acusa al fundador de la compañía, Eugene Kaspersky, de pasar información al Servicio de Seguridad Nacional (FSB) de Rusia. "Hemos ofrecido al Gobierno de los EE UU la posibilidad de que vean nuestro código fuente y no han sido capaces de aportar ninguna evidencia", denuncia la compañía, que a raíz del veto ha anunciado que abrirá "tres centros de transparencia de aquí a finales de 2020".

En España hay varios entes públicos que siguen confiando en el software vetado al otro lado del Atlántico. "En la Escuela de Organización Industrial utilizamos Kaspersky porque lo consideramos uno de los mejores productos actualmente en el mercado", asegura una portavoz de la fundación pública de Madrid. "Seguiremos las recomendaciones del Gobierno de España en ese sentido si las hubiera", concluye. En la misma dirección se expresa la Diputación de Sevilla, que añade: "No tenemos que mantener opinión alguna sobre las decisiones de otros países". La Confederación Hidrográfica del Segura, que también utiliza el antivirus, tampoco quiere entrar a valorar el tema. Los servicios informáticos de Gipuzkoa, IZFE, han publicado recientemente un anuncio de contratación para renovar las licencias del antivirus ruso en el que queda subrayada la estabilidad de la herramienta.

La Administración Abierta de Cataluña, que se encarga la digitalización de la burocracia de la Generalitat, también utiliza Kaspersky y, preguntada por el veto norteamericano responde: "No tenemos ninguna valoración que hacer sobre esta noticia publicada en EL PAÍS". Lo mismo sucede con el Servicio Meteorológico de Cataluña: Rechazan hacer declaraciones. El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), con alcalde de la CUP, ve el veto de Kaspersky como "un juego entre gobiernos de boicotear productos de otros", en palabras del jefe de sección de Sistemas, Miquel Morales, que destaca los "buenos resultados" de la aplicación.

El Consejo Comarcal de la Conca de Barberà (Tarragona), gobernado por ERC, dejó de utilizar el antivirus Kaspersky hace un año y medio. No obstante, el cambio "no estuvo vinculado a ninguna condición externa". El Ayuntamiento de Gavà, socialista, alega que no tiene "ningún motivo por perder la confianza con el fabricante" porque nunca han recibido ninguna indicación por parte del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) en contra del uso del producto. De hecho, el CCN-CERT agradeció hace unas semanas la participación de Kaspersky Lab en unas jornadas de ciberseguridad. Preguntado por la medida del Ejecutivo de Donald Trump, el Instituto Nacional de Ciberseguridad también rechaza posicionarse sobre el tema.