Sobre el Cupo Vasco y la financiación autonómica

La aprobación por el Congreso de los Diputados del nuevo Cupo Vasco, que actualiza las condiciones y cuantías del Concierto Económico del País Vasco, es una cuestión que importa a todos los españoles, por su directa repercusión en el conjunto de la financiación autonómica española, y por ello en la posibilidad de prestar eficazmente por las Comunidades los grandes servicios de su competencia.

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La suma de acontecimientos, alguno tan grave como el golpe independentista en Cataluña, que en los últimos meses han afectado a nuestro modelo territorial, ha logrado que en el debate de estos días muchos hayan olvidado que la última Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado enero, por cierto con la ausencia de los Presidentes del País Vasco y Cataluña, acordó crear una Comisión de Expertos, para el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Esa Comisión elaboró el correspondiente Informe. Que incluye un capítulo sobre las Especialidades territoriales, aspectos institucionales y recursos fuera del sistema, cuyas principales conclusiones cobran hoy plena actualidad, y deberían ser repasadas en especial por nuestro Ministerio de Hacienda.

El Informe explica que dentro del sistema español de financiación autonómica existen varios regímenes especiales, entre ellos el Concierto del País Vasco, que cuentan con larga tradición, e incluso reconocimiento constitucional. Pero también advierte que esas particularidades son admisibles siempre que no impliquen privilegios económicos. Una consecuencia necesaria del principio de igualdad esencial entre todos los españoles.

El Informe indica que la regulación de dichos regímenes especiales debe ser completamente transparente, incluyéndose todos los detalles relevantes en la Ley correspondiente, y no en acuerdos bilaterales de difícil acceso para terceros. No tengo ninguna duda de que nuestros Diputados han contado con toda esa información a la hora de aprobar la revisión del cupo. Una explicación detallada y clara que es imprescindible hacer extensiva ahora a todos los responsables autonómicos, y al conjunto de la opinión pública. Carecemos de ella. Y la transparencia y la claridad es esencial en esta materia.

El Informe afirma que una imprescindible y próxima revisión del Cupo debería traducirse presumiblemente en una fuerte reducción de las disparidades existentes hasta el momento entre los Territorios forales y las Comunidades de régimen común en términos de financiación por habitante ajustado. Eso es lo verdaderamente trascendente. Porque lo que sí es un hecho objetivo, no mera opinión, es que en los últimos años los datos e informes han venido coincidiendo en que la financiación por habitante ajustado en las distintas Comunidades era y sigue siendo inexplicable y crecientemente desigual. Sustancialmente mayor para los ciudadanos del País Vasco. Por ello, la pregunta clave que formulamos al Ministerio de Hacienda es: tras la reciente revisión del cupo, ¿esas disparidades han disminuido o han aumentado?. Una pregunta sencilla que temo no tenga respuesta satisfactoria. Más aún si gracias al nuevo Cupo el País Vasco aprueba también ahora, como ya se ha anunciado, nuevas rebajas y ventajas fiscales, en especial relacionadas con la actividad y beneficios de las empresas, lo que provocará una injusta y gravísima competencia entre Comunidades.

Aunque el Informe nada dice sobre la necesidad de que coincidan la revisión del cupo y la reforma del actual modelo de financiación de las Comunidades de régimen común, desde éstas exigimos que se recuerde la urgencia de la misma, que estaba prevista para este mismo 2017. Sobre todo para superar unas graves insuficiencias, que en el caso concreto de Castilla y León determinan que, año tras año, los recursos que proporciona dicho modelo no alcancen por sí mismos para financiar tan solo nuestras tres grandes competencias: sanidad, educación y servicios sociales.

Es verdad que, por desgracia, no parecen existir en este momento los acuerdos necesarios entre los grandes grupos políticos españoles para impulsar esta vital reforma, a través de una negociación multilateral que tenga en cuenta los intereses de todos.

Y también es cierto que la financiación autonómica para 2018, cuyas entregas a cuenta mejoran notablemente las de ejercicios anteriores, beneficiando así a todas las Comunidades, exige asimismo los apoyos que permitan al Gobierno tener aprobados cuanto antes los Presupuestos de 2018, para lo que desgraciadamente tampoco parece existir voluntad de acuerdo por parte del principal partido de oposición.

Pero reconocido todo lo anterior, y si queremos ser coherentes con la voluntad y el esfuerzo de consenso logrado en la última Conferencia de Presidentes, sí debemos al menos recordar todos, y especialmente el Ministerio de Hacienda, en este momento de controversia por el nuevo Cupo, lo que ya habíamos avanzado. No se trata de abrir más debates o de agravar los ya existentes. España y su modelo territorial necesitan estabilidad. Se trata sólo de ser serios. Y algunos no lo están siendo.

Juan Vicente Herrera es presidente de la Junta de Castilla y León