La Cámara de Cuentas andaluza denuncia sueldos desorbitados en la gestión pública de Sierra Nevada

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha denunciado los desorbitados sueldos de los altos directivos de la empresa pública Cetursa, que gestiona la estación de esquí de Granada, y alerta de indicios de responsabilidad contable administrativa por saltarse la Ley General de Hacienda Pública andaluza. El último informe del organismo fiscalizador resalta cómo durante dos años (2012-2014) la cúpula de la empresa pública de la Junta ignoró la ley que fija como tope salarial el sueldo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

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Estos altos sueldos de Cetursa contrastan con las huelgas que sus trabajadores han llevado a cabo el último lustro para exigir mejoras salariales por sobrecarga de trabajo. Sin embargo, no es el primer caso que aflora y la Junta pagó a sus directivos de la Consejería de Salud 2,1 millones por encima de lo fijado por norma en 2013 mientras reducía su plantilla en 7.773 médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería.

Los cambios que aplicó Cetursa para cumplir la ley en 2014 parece un maquillaje formal para el organismo, dado que el objetivo encubierto era seguir pagando sueldos superiores al salario de la presidenta de la Junta, que ronda los 64.000 euros. La estrategia fue aprobar una modificación en el organigrama de Cetursa para convertir las subdirecciones y direcciones en áreas, y reconvertir sus directores en jefes de servicio desde el 31 de diciembre de 2014.

"Los cambios operados en el organigrama podrían no obedecer a una mejor gestión empresarial, sino a la necesidad de salvar los dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno y en la Ley 3/2012, evitando así la reducción de retribuciones del personal directivo con el consecuente menoscabo de fondos públicos(...) Estos hechos podrían constituir un supuesto indiciario de responsabilidad contable administrativa", subrayan los auditores de la Cámara andaluza en su último informe.

La modificación de la estructura de la cúpula se realizó sin que el Consejo de Administración de Cetursa autorizara esa modificación en la estructura directiva, critica el órgano fiscalizador. Tampoco contó con el informe preceptivo de la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, y sobre todo careció del "preceptivo informe favorable de la Consejería de Hacienda" y la autorización del consejero de Turismo y Deporte donde se ubica Cetursa, según la Cámara de Cuentas. Cinco altos directivos y 51 trabajadores disfrutaban de "incentivos, complementos o gratificaciones extraordinarias" ajenas a los convenios colectivos de esta empresa dirigida por la exconsejera de Justicia María José López.

En paralelo, el órgano fiscalizador lamenta que la memoria de Cetursa no advirtiera del riesgo de insolvencia de Promonevada, otra sociedad pública asociada a la estación de esquí. Los estados financieros de Promonevada mostraban su riesgo de insolvencia y cómo "la entidad carecía a finales de 2016 de liquidez para afrontar el pago de sus deudas", que abonó Cetursa para evitar la quiebra de la firma y que tuviera que presentar concurso de acreedores. Cetursa pagó 298.000 euros en marzo de 2016 y otros 823.953 euros en diciembre, cantidades que adeudaba Promonevada.

Para minimizar las críticas de la Cámara de Cuentas y justificar el pago de sueldos desorbitados, Cetursa ha alegado que es la única sociedad anónima en el sector público andaluz y que está sometida "íntegramente a las leyes de la competencia del mercado". Cetursa resalta que solo tres directivos presentan el "desajuste salarial" que censura el órgano fiscalizador adscrito al Parlamento andaluz, unos pluses que han sido amparados por sentencias de los tribunales de lo social, según la empresa pública de la Junta.