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El Gobierno ultima la reforma que dará más control a la Cámara de Cuentas

El Ejecutivo pretende que el órgano fiscalizador de la comunidad pueda inspeccionar las cuentas anuales de los partidos políticos

Lourdes Lucio

El Gobierno andaluz de coalición está ultimando la reforma de la ley de la Cámara de Cuentas, a la que dará mayores competencias sobre el control de los fondos públicos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lo avanzó este jueves en el Parlamento, en respuesta a una pregunta del portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro.

El Ejecutivo pretende que el órgano fiscalizador de la comunidad pueda inspeccionar las cuentas anuales de los partidos políticos, controlados por el Tribunal de Cuentas. La institución andaluza actualmente sólo tiene competencias sobre los gastos electorales en campañas autonómicas.

Según fuentes del Ejecutivo, Susana Díaz quiere que esta reforma llegue a la mesa del Consejo de Gobierno antes de la celebración del debate de la comunidad, previsto en el mes de junio. Sumaría así otro compromiso de los enunciados durante su investidura como presidenta de ser “implacable” contra la corrupción. “Lo vamos a conseguir con hechos, no con palabras”, subrayó. Díaz hizo un balance de las medidas aprobadas en sus ocho meses como jefa del Gobierno andaluz como la de celebrar dos debates generales al año en el Parlamento, la publicación de los órdenes del día de las reuniones semanales del Consejo de Gobierno, el control previo y posterior de las transferencias de financiación y la publicación “voluntaria” de las declaraciones de la renta de los cónyuges de los miembros del Ejecutivo.

Por otro lado, PP e IU rechazaron este jueves una proposición de ley de los socialistas en la que pedía que se mantengan las competencias actuales para ejercer el protectorado sobre las fundaciones bancarias cuya sede y actividad principal se desarrolle en la comunidad autónoma, informa Efe. “Es una expropiación de competencias en toda regla y, particularmente, un golpe bajo a Unicaja”, denunció el diputado socialista José Juan Díaz Trillo. El PP atribuyó la iniciativa a otro intento de enfrentamiento con el Gobierno.

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